No más del 17% de la población tiene isapre, pero estas se llevan cerca del 60% de la recaudación de las cotizaciones, lo que les permite obtener utilidades en un semestre por $28.872 millones.
En paralelo las carencias de la aseguradora pública siguen generando un escandaloso pasivo hospitalario por el no pago por las prestaciones a esos organismos, las que no cubren siquiera el 40% de su costo.
La deuda con proveedores alcanza a más de $250 mil millones. Las obligaciones morosas que mantienen cotizantes con el Fondo Nacional de Salud llegan a $38 mil millones.
«Hoy el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es la institución pública que brinda protección financiera y acceso a atención de salud al 73% de la población del país, más de 13 millones de chilenos, entregando un Plan de Salud inclusivo y de carácter universal, sin exclusión de edad, sexo, nivel de ingreso, número de cargas familiares ni enfermedades preexistentes», expone la página oficial del organismo. Lo que no dice es que el otro 17%, que se encuentra en isapres, es el que se lleva el 58% de las cotizaciones del país, en desmedro de los beneficiarios de los sistemas públicos.
Hasta la Constitución de 1980 era deber casi exclusivo del Estado garantizar la protección de la salud de la población. A partir de esa normativa se incorporó a los privados y no se limitó el lucro. «Todos los trabajadores dependientes tienen la obligación de destinar el 7% de su sueldo bruto a una aseguradora de salud», plantea la Superintendencia del ramo.
En realidad ese es el único derecho que reconoce la propia Carta Fundamental a todas las personas: elegir entre una isapre y Fonasa.Olvídese que se encuentre garantizado el derecho humano a la salud como garantía constitucional. Dejó de serla cuando el modelo puso su eje en lo económico como motor de desarrollo.
Forman parte de Fonasa -sin necesidad de firmar un contrato para ello-, todas aquellas personas que cotizan el monto obligatorio de sus ingresos mensuales para la salud y sus cargas legales, pero también son beneficiarias aquellas personas que, por carecer de recursos propios, las financia el Estado a través de un aporte fiscal directo, incluidos los inmigrantes ilegales, de acuerdo conla modificación del Decreto Supremo 67, que a su vez modifica el Decreto 110 y que incorporó a los extranjeros que carecen de documentos o permisos de residencia para suscribir su condición de carente de recursos. La modificación fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 2016.
PAGA MOYA
A pesar de los aportes extraordinarios que ha debido realizar el ministerio de Hacienda para paliar la deuda hospitalaria, esta crece en orden de 20% al mes, llegando ya a cifras superiores a $223 mil millones, según reconoció la propia ministra de Salud, Carmen Castillo, dando cuenta que el reciente aporte de cerca de $133 mil millones no ha sido suficiente, a la vez que anunció que será «inevitable» una nueva inyección de recursos.
Ello es un mal endémico en nuestro sistema de salud pública, donde el presupuesto de los hospitales es insatisfactorio y genera una espiral de deudas, pues no pagan a sus proveedores y estos como respuesta suben los precios de sus productos.
A mayores precios y ausencia de capacidad de pago se produce una consecuencia lógica: los hospitales aumentan sustancial y peligrosamente sus pasivos, usando del crédito para proveerse de servicios y productos que deben prestar a sus usuarios hasta que ya no pueden seguir obligándose o hasta que los proveedores les dicen que no va más y dejan de atenderlos.
Ahí es donde viene el real problema, pues todo ello redunda en que cuando alguien llega a un hospital no hay medicamentos, camas, especialidades y otras prestaciones, o deberá esperar largos periodos o incurrir en mayores costos recurriendo a servicios particulares.Hoy dos millones de enfermos engrosan las listas de espera en hospitales públicos.
Que no se crea que la deuda hospitalaria solo obedece a circunstancias negativas, como mal manejo de recursos, crédito caro, etcétera, sino que, además, según la ministra del ramo, tiene relación con «el aumento sostenido de compras de camas al sector privado, así como de insumos y medicamentos».
Gisela Alarcón, subsecretaria de Redes Asistenciales, dijo que «hay un déficit estructural, que implica tener siempre un gasto operacional sobre los ingresos, más aún cuando tenemos hospitales nuevos, estamos inyectando más médicos y queremos tener más producción». Ármese de paciencia.
LA PARTE ESTRECHA DEL EMBUDO
Según la Organización Mundial de la Salud, Chile está al debe en el gasto público en salud, ya que el aporte estatal no supera el3,7% del último presupuesto nacional, debiendo en realidad alcanzar al menos al6% del total de gastos anuales del país. Ello aleja de manera evidente la gratuidad en el área de prestaciones médicas y hospitalarias, que sí se da en países más avanzados.
De hecho, el endeudamiento de cotizantes con Fonasa por préstamos para cubrir servicios aumenta peligrosamente, llegando a $33 mil millones. Si a eso se suma el aumento legal y obligatorio de cobertura de salud a quienes son despedidos de sus trabajos (incluidos cotizantes de isapres), que en septiembre llegaron a 98 mil personas, y a inmigrantes «sin papeles», el déficit aumenta sin remedio.
Más de la mitad de los préstamos que entrega Fonasa a sus usuarios son utilizados para atenderse en el sector privado, mientras que 40% lo hace por Ley de Urgencia y los menos los usan para hospitales. La ley permite al beneficiario del sistema de salud pública solicitar uno o varios créditos de esta naturaleza mientras no supere un porcentaje de sus ingresos (10% para atención en hospitales o clínicas, o 5% si corresponde a la Ley de Urgencia). Y es el usuario el que paga las diferencias de aranceles acordadas entre Fonasa y el prestador externo, y las deudas por los préstamos son heredables.
Un buen ejemplo lo entrega la directora de Fonasa, Jeannette Vega: «Supongamos que un día cama cuesta $300 mil en la clínica que eligió el afiliado. El arancel Fonasa es de $200 mil y la cobertura hospitalaria es de 15% del arancel, es decir, $30 mil en este caso. El afiliado puede entonces pedir un préstamo por la diferencia entre esos $30 mil y los $200 mil para cubrir el arancel, pero los $100 mil restantes deberá costearlos por su cuenta». Agregaque quienes más se endeudan «son los adultos mayores y los enfermos crónicos», y ello es lógico, pues las isapres los han marginado.
DATOS A CONSIDERAR
En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE) el sector público es la principal fuente de financiamiento del gasto en salud, con la excepción de EE-UU. yChile, que se encuentra al menos tres puntos bajo el promedio. Acá casi la tercera parte del gasto es pagado directamente por las personas, comparado con menos del 20% en promedio entre las otras naciones del organismo.
En nuestro país el número de médicos es bajo, menos de veinte (19,1) por cada diez mil habitantes, 55% de los profesionales que destinan los otros países de la OCDE, solo por encima de Turquía.En relación con zonas de América Latina de nivel económico comparable, como Argentina, México y Uruguay, sigue siendo bajo, en una situación cercana a la de Brasil (18,0 por 10.000 habitantes). En 2015, la densidad de enfermeras universitarias por diez mil habitantes fue de 22 en Chile, mientras en la OCDE promedia 91.
DE GUINNESS
Chile tiene el menor número de farmacias por habitantes porque, si bien en las grandes ciudades parece que hay muchas, estas brillan por su ausencia en las poblaciones periféricas, las regiones y pueblos aislados, pues allí no está el poder adquisitivo.Según la Segpres, se concentran en comunas de mayores ingresos. Ello, sumado a los precios de medicamentos, ha justificado con creces la proliferación de farmacias populares.
Según datos de la entidad estatal, hay 10,6 farmacias por cada 100 mil habitantes, un tercio del promedio regional de 29 farmacias, incluyendo Centroamérica. La lista es encabezada por Ecuador, con 43,4, seguido de Colombia con 41,8, mientras que en EEUU es de 90,9. Lo anterior implica menos competencia en los precios en perjuicio de la gente y dificulta además el acceso a medicamentos en muchos sectores de la población. El mercado está concentrado en tresgrandes empresas que aglomeran el 81,8% de venta de remedios.
En las comunas donde existe menos de una farmacia por cada 100 mil habitantes la tasa de pobreza alcanza al 19%. En contraste, donde hay más de nueve establecimientos esa tasa es de 11,9% y, según datos del ministerio de Economía, hay cerca de 50 comunas que no cuentan con ninguna.
En Atacama, el 64% de los niños de seis años presentan caries, lo que aumenta a 93% en sectores marginales a las grandes ciudades. Nuestro país posee una de las peores coberturas dentales de la OCDE. La pública solo procede en cuatro casos:tener 6 años, tener una urgencia, estar embarazada o tener 60 años. Esta segregación positiva es de escaso conocimiento y las isapres se preocupan que no sean conocidas por las personas. Fonasa tiene la obligación de efectuar estas prestaciones.
Según Rubén Valenzuela, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), teniendo a la vista la encuesta Casen, en marzo del 2015 el 16,7 por ciento de los chilenos, equivalentes a 2.885.000 personas, superaban los 60 años, y se estima que de aquí a 2025 el número llegue al 20 por ciento de la población.
A medida que nuestro país envejece aumenta la carencia de especialistas. Hoy existeun geriatra por cada diezmil ancianos (la media es de uno por cada cinco mil adultos mayores) y un pediatra por cada 1.270 niños.
DIME CUÁNTO GANAS
Fonasa estructura a sus beneficiarios sobre la base de cuatro tramos.
El A está compuesto por personas carentes de recursos, que cuentan con cobertura de 100% respecto de las prestaciones de especialidades y hospitalarias en la Red de Atención Pública.Sustancial al histórico rol de la salud pública en nuestro país, es el principio de solidaridad y no el de rentabilidad.
El tramo B lo incluyen beneficiarios de entre 18 y 65 cuyo ingreso no excede el Mínimo Mensual. Tienen cobertura de 100% en prestaciones de especialidad y hospitalarias en la Red de Atención Pública y la opción de atenderse en la Modalidad Libre Elección (MLE) con prestadores privados que han suscrito convenio con Fonasa.
El tramo C lo integran los cotizantes cuyo ingreso está sobre el Ingreso Mínimo Mensual, y hasta 1,46 veces ese monto, aunque si de ellos dependen tres o más cargas, será considerado tramo B. Poseen una cobertura de 90% en prestaciones de especialidad y hospitalarias en la Red de Atención Pública y la opción de atenderse en la Modalidad Libre Elección (MLE) con prestadores privados que han suscrito convenio con Fonasa.
Por último, el tramo D está compuesto por beneficiarios con ingreso superior 1,46 veces el Ingreso Mínimo Mensual y, al igual que en el tramo anterior, si de él dependen tres o más cargas, se le agrega al C. La cobertura para estos usuarios es del 80% para prestaciones de especialidad y hospitalarias en la Red de Atención Pública y la opción de atenderse en la Modalidad Libre Elección (MLE) con prestadores privados que han suscrito convenio con Fonasa. (Cambio 21)
