Un desfile de gerentes y directores de Isapres y sus holdings respectivos, podría ser la imagen que en los próximos meses vivirán las dependencias de la Superintendencia de Pensiones, como consecuencia de la investigación iniciada en torno a la eventual integración vertical de tres Isapres.
Así se desprende de la resolución emitida el 12 de diciembre pasado por la institución liderada por Sebastián Pavlovic, en respuesta a un dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que obliga al órgano fiscalizador a investigar a fondo la existencia de esta práctica en el sector, particularmente en el caso de las Isapres Masvida, Cruz Blanca y Banmédica.
Todo comenzó cuando un grupo de abogados –Gerardo Ramírez, Cristóbal Osorio y Daniel Contreras– presentara una denuncia ante la Superintendencia de Salud en noviembre de 2015, respecto a manifiestas infracciones a la legislación que prohíbe la integración vertical entre las Isapres y los prestadores de salud, lo que significa que estas no pueden tener relación económica con clínicas o laboratorios.
La denuncia –dirigida contra las respectivas prestadoras de salud privadas de los tres abogados que detectaron paralelamente indicios de irregularidades– apuntaba a que dichas Isapres tendrían injerencia en la administración de los prestadores de salud dirigidos por los respectivos holdings a los que ellas pertenecen, lo que estaría ligado a que los directores de dichas sociedades controladoras ejercían, simultáneamente, cargos directivos o gerenciales en algunas de ellas. En vista de esto, el escrito solicitaba a la Superintendencia de Salud que iniciara un expediente de investigación y sanción “en contra de las entidades denunciadas y de toda otra que incurra en dicha infracción”.
Pero la denuncia fue desestimada en junio pasado, argumentando que no se habían aportado “antecedentes nuevos o meritorios que permitan acoger la solicitud de sanción por la materia denunciada en contra de las Isapres recurridas, por lo que el requerimiento debe ser rechazado”.
En vista de esto, los abogados, junto al senador Alejandro Guillier, solicitaron a la Contraloría que se pronunciara sobre las irregularidades en las que habría incurrido la Superintendencia de Salud al rechazar la denuncia, ya que señalaron que “la Superintendencia no habría ejercido debidamente sus atribuciones fiscalizadoras, por cuanto impuso la carga probatoria a los denunciantes y no atendió la solicitud de prueba formulada por estos, desestimando, en definitiva, la correspondiente denuncia”.
El dictamen de Contraloría, emitido en noviembre, les dio la razón, abriendo una caja de Pandora para la industria, tal como publicó este medio, y señalando que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, la Superintendencia debe realizar aquellas diligencias necesarias “para constatar si las isapres denunciadas tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud, fundamentando, en su caso, el rechazo de los medios de prueba requeridos por los recurrentes”.
Como respuesta al dictamen del órgano contralor liderado por Jorge Bermúdez, la Superintendencia resolvió ingresar las presentaciones, que buscaban se investigara la existencia de integración vertical, a su departamento de Fiscalización, “con el fin de que esta unidad inicie una fiscalización extraordinaria sobre los hechos denunciados”, detalla la resolución. Agregando que la institución realizará “aquellas diligencias que estime necesarias para constatar si las Isapres Masvida, Cruz Blanca y Banmédica tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud”.
La integración vertical en el sector de las Isapres es fuente de preocupación. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) encargó un informe sobre el tema a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), que puso en el tapete la poderosa integración vertical instalada en la industria, concluyendo que la estructura de propiedad que se observa en este mercado “requiere ser sometida a un minucioso análisis, existiendo importantes riesgos asociados. La influencia de la Isapre en la elección del consumidor puede generar cierta cautividad del mismo, quien verá severamente limitadas sus posibilidades de elección, sin beneficios evidentes”.
Citaciones y actas
Como respuesta al dictamen del órgano contralor liderado por Jorge Bermúdez, la Superintendencia resolvió ingresar las presentaciones, que buscaban se investigara la existencia de integración vertical, a su departamento de Fiscalización, “con el fin de que esta unidad inicie una fiscalización extraordinaria sobre los hechos denunciados”, detalla la resolución. Agregando que la institución realizará “aquellas diligencias que estime necesarias para constatar si las Isapres Masvida, Cruz Blanca y Banmédica tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud”.
Además, señala que “este organismo ha resuelto acceder parcialmente a las diligencias probatorias requeridas, por lo que se dispondrá la citación de aquellas personas que, como resultado de la fiscalización que se practicará, cumplan o hayan cumplido durante el año 2015 y hasta la presente fecha funciones gerenciales o directivas en forma simultánea en las Isapres denunciadas y en los holdings a los que estas pertenecen”.
Asimismo, agrega el documento firmado por la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Nydia Contardo, “se accede a la petición de requerir las actas de directorios de las Isapres Masvida S.A., Cruz Blanca S.A. y Banmédica S.A., de las sesiones celebradas durante el año 2015 y hasta la presente fecha”.
La Superintendencia declinó la petición de citar a declarar a directivos o gerentes de los respectivos holdings y prestadores coligados, así como requerir a estas empresas las actas de directorios, ya que consideró que era improcedente, debido a que superaba las atribuciones legales de la entidad. En todo caso, aclara que “este organismo evaluará la pertinencia de solicitar a los holdings y prestadores coligados, la entrega voluntaria de actas de directorio”.
Por otra parte, y con respecto a la petición realizada por los abogados de requerir copia de todos los convenios y contratos suscritos entre prestadores de salud, aseguradoras y holdings, “que establezcan negociaciones, precios, montos de cobertura, etc., se acepta practicar parcialmente la diligencia, que se acota a requerir de las isapres denunciadas la entrega de las copia de los referidos convenios y/o contratos suscritos entre estas y los holdings, y entre las aseguradoras y los prestadores de salud coligados, lo que a su vez restringe a los años 2014 y 2015”.
Esta semana, desde la Superintendencia informaron a Contraloría los pasos que van a seguir en torno a la investigación, que es inédita y se lee como un fuerte remezón para el sector.
Sobre la resolución, uno de los abogados denunciantes, Cristóbal Osorio, señala que con esto se “da el primer paso en la investigación de la eventual integración vertical de Isapres con prestadores de salud. Pero carece de claridad respecto a las fechas, declaraciones y antecedentes a los que se tendrá acceso como denunciantes. Nosotros seguiremos haciendo presentaciones para que haya absoluta transparencia y probidad en el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Superintendencia de Salud”.
El Mostrador/Agencias
