Las nociones de ciudadano económico y democracia económica pueden desprenderse de la afirmación de que los bienes de una sociedad son bienes sociales ya que todos y cada uno le debe mucho a la sociedad, luego éstos deben ser administrados con democracia. Democracia en el sentido de que si un miembro de la comunidad, también es propietario de los bienes sociales entonces, debe tener derecho a opinar qué se hace con ellos o decidir a qué necesidades desea que se destinen. En esta línea de pensamiento, las empresas deben considerarnos al ciudadano económico con sus derechos de copropietarios de los bienes sociales, más que como meros consumidores.
Entonces, si los bienes de cualquier sociedad son Bienes Sociales, qué exitoso empresario o persona puede pensar que su vida no depende del panadero, del taxista, de los parques, de las carreteras, de los recursos naturales, del agua y del aire, sin considerar que todos los que viven en esa comunidad son copropietarios de su éxito y tienen algo que opinar.
Este es el cambio esencial del siglo XXI; se han sentado en la junta de accionistas de cualquier empresa, dos nuevos miembros, el ciudadano económico y el medio ambiente. Entonces, deben ser respetados, consultados y escuchados como a cualquier otro accionista y así, sin perjuicio de que la empresa tenga beneficios de su actividad, es posible un mundo de cooperación que arroje una suma mayor a cero.
En comparación con lo anterior, hoy vivimos en un Estado que aplica el modelo Neoliberal, donde la propiedad privada es sagrada, la constitución y las leyes la protegen casi aún más que a una vida, sin preocuparse de igual forma de dar un rango constitucional a los bienes sociales o públicos. Este modelo ha desarrollado un sistema de “consumidores” atomizados, desinformados de los DDHH de segunda generación, consensuados y suscritos por más del 90% de los Estados Nacionales, donde se reconoce el derecho a la cultura, derechos económicos como trabajo, pensión de cesantía, de jubilación y sociales como vivienda y educación. Luego, estos “Consumidores” que viviendo convencidos de que solo lograran en la vida lo que ellos mismos sean capaces de obtener, deben despreciar toda intervención del Estado en el Mercado, quedando la mayoría de estos “consumidores” (90% de los chilenos) sumidos en la frustración y angustia de no lograr sus metas económicas, que por si fuera poco son acrecentadas día a día por la publicidad y disminuida su capacidad de consolidación económica por los usureros intereses que les cobran en el retail.
Es evidente que este modelo ha generado mucha riqueza, innovación, desarrollo de tecnologías para la producción y servicios, entre otros y grandes avances económicos, pero también es evidente que la concentración de esos beneficios dejan a más del 30% de la población mundial bajo la línea de la pobreza con menos de USD2 diarios, por tanto excluidos del modelo y privando al mercado de contar con la demanda de ellos. La concentración del capital bajo este sistema ha llegado a niveles obscenos que ponen en peligro la estabilidad social y política de los países más desiguales, con cifras como que el 1% de la población mundial posee el 95% de los bienes del planeta. Chile no está tan ajeno a estos resultados ya que exhibe cifras como que el 0.2% de las empresas facturan el 66.8% del PIB y sólo el 8% de la población activa gana más que el PIB per cápita.
El modelo defiende la libertad pero no se ocupa de igualar la infinita diferencia que existe entre la concepción y grados de libertad de un obrero del Tercer Mundo y un académico de Cambridge; entonces podemos aceptar que se haya pensado pero no es aceptable a la razón que se intente permanecer en su defensa. El cambio de la concepción de “consumidor” por Ciudadano Económico es un imperativo categórico.
Por tanto, todo habitante de Chile es copropietario de los bienes sociales y DEBE ser considerado como un Ciudadano Económico accionista de toda actividad empresarial.
Para disminuir el tono de utopía de esta columna debemos mencionar que el 23% de la inversión mundial de las instituciones financieras se hace bajo “Inversión Responsable Sostenible (IRS), donde sostenible incluye considerar a los grupos de interés y tener un fuerte relacionamiento con ellos. Es decir, estamos hablando de una realidad del siglo XXI y quien no lo quiera ver sufrirá el castigo a lo menos de la historia. (El Mostrador)
