La violencia política es una patología que no puede admitirse ni excusarse. Más allá de la retórica de los fanáticos que la auspician, ella contradice los valores del humanismo y abdica de los principios auténticos de la democracia. Los chilenos sabemos, por trágica experiencia propia, cuáles son los extremos horripilantes a que puede llevar la retorcida lógica según la cual el logro de ciertos objetivos pretendidamente “nobles” justificaría, supuestamente, el empleo de la violencia contra quienes se oponen a esos fines valiosos. Desde este punto de vista, no tengo ninguna duda en sumarme a la reacción de preocupación y rechazo con que el 99% de la opinión pública reacciona contra aquellas personas o grupos que utilizan los bombazos, los incendios o la violencia en general para promocionar, o visibilizar, una determinada causa política.
Dicho lo anterior, quisiera referirme a la idea de incorporar a nuestra legislación algún tipo de respuesta contra el “terrorismo individual”.
Si lo que nos preocupa es que hoy pudiesen existir ciertas conductas particularmente repugnantes a las que el ordenamiento vigente asigna castigos que parecen insuficientes, no habría problema, creo yo, en revisar las normas pertinentes. El punto, en todo caso, es que un eventual aumento de las penas no supone, necesariamente, entrar en el terreno del “terrorismo”. Existen muchos crímenes espantosos que merecen sanciones muy drásticas y que, sin embargo, carecen de toda connotación política (los delitos sexuales contra menores de edad, el femicidio, los robos con violencia, entre otros). Si nos preocupa, por ejemplo, que se manden bombas a domicilio o se inicien incendios intencionalmente, discutamos si tiene sentido, práctico y de proporción, aumentar la sanción.
La idea del “terrorismo individual” me parece, no obstante, muy discutible. Si por terrorismo entendemos “causar terror”, evidentemente puede haber terrorismo individual. Existirá cada vez que actúe un sicópata o un vengador solitario. ¿Será razonable, sin embargo, que en esos casos concretos la sociedad entre en “modo” antiterrorista? No lo creo.
En mi visión, la razón de ser de una legislación antiterrorista deriva de la existencia, en el seno de la sociedad, de un grupo ideologizado y muy disciplinado, que, actuando como un verdadero ejército, se propone destruir el Estado. Es la peculiar configuración de ese tipo de organizaciones (Brigadas Rojas, la mafia siciliana, Sendero Luminoso o ISIS) la que obliga al Estado a crear una respuesta especial que se haga cargo de la excepcionalidad anotada. Éste, y no otro, es el contexto que justifica la existencia de reglas que permitan los testigos protegidos, los agentes encubiertos, la intercepción extendida de las comunicaciones, la ampliación de la prisión preventiva o la incomunicación. Todas estas excepciones a las garantías básicas del Estado de Derecho se explican, y justifican, porque existe un grupo jerarquizado dispuesto a ayudar al sospechoso. El terrorista individual, por definición, no cuenta con esa red de apoyo. Extender la lógica del antiterror a su situación arriesga recortar injustificadamente las libertades de nuestra democracia. (La Tercera)
Patricio Zapata
