Una nueva demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual enfrenta por estos días el Arzobispado de Santiago, representado por el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, por el presunto abuso sexual de un sacerdote. Esta vez, por un monto que bordea los $ 50 millones.
El documento -al que accedió Emol- fue interpuesto en diciembre del año pasado ante el 10° Juzgado Civil de Santiago por la víctima de iniciales O.M.M., hoy de 49 años. En el escrito – patrocinado por el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Rodrigo Godoy Araya- se señala que «ni la Congregación ni el Arzobispado vigilaron jamás de manera adecuada el comportamiento de sus miembros, ya que de haber sido así, se hubiesen enterado que el sacerdote padecía sífilis y Sida. Y en consecuencia, estos hechos jamás hubiesen ocurrido». El texto alude al Víctor Calderón Soriano, miembro de la Congregación Mercenarios de la Iglesia de la Merced, quien falleció en 2012, luego de ser diagnosticado de ambas enfermedades y a quien se le atribuye -según la acusación- el presunto ataque sexual. Los hechos en cuestión Según relata la víctima en la demanda, los hechos ocurrieron en 2005 cuando realizaba trabajos en la iglesia de La Merced de Chimbarongo.
«Arreglé unas canaletas que estaban chuecas y limpié las hojas del techo. Luego, cuando comenzó a anochecer, el sacerdote me dijo que volviera otro día», detalló la víctima en el documento, afirmando que tras ello, el religioso le ofreció un café, pero luego le propuso beber «unas piscolas». «Bebí alrededor de cuatro vasos (…) cuando regresé del baño, el cura ya me había servido el quinto. Seguimos conversando y después no me acuerdo de nada más, creo que fui drogado ya que me sentía bien y de un momento a otro, ya no recordaba nada», añadió, mencionando que despertó desnudo en la cama de Calderón, solo y con signos de haber sido atacado sexualmente por el sacerdote. Tras el hecho, continuó: «Me sentía sucio, me daba asco a mí mismo, sentía que no valía nada, que todos sabían lo que me había pasado y me daba vergüenza salir a la calle. Estuve así dos semanas, muy mal, sin saber qué hacer». En este escenario, la víctima detalló que «me volví alcohólico (…) estuve casi dos años tomando todos los días, vendí todo lo que tenía de valor, perdí mi trabajo, me endeudé y quedé prácticamente en la calle». Agregó que en varias ocasiones intentó encarar al sacerdote, pero éste solía esconderse y en varias oportunidades se negó a atenderlo. «Siempre me dio miedo hacer la denuncia, porque toda mi familia se iba a enterar (…) pensé que iba a perjudicar a mis hijos y que se iban a burlar de ellos. Esto me llevó a callar los hechos», dijo.
Pero en 2012, según la demanda, «y con el apoyo de mi familia, decidí hacer la denuncia ante los superiores de la Congregación Mercedaria». «El padre sabía de las enfermedades del cura» En el libelo, la víctima asegura que denunció los hechos al gobierno provincial de la congregación, ubicado en Santiago, y a solicitud del padre Ramón Villagrán -uno de los consejeros- se realizó una serie de exámenes médicos. «Después de dos semanas, cuando me llamó, me dijo que uno de los exámenes arrojó que padecía sífilis y que el sacerdote Víctor Calderón había fallecido el 26 de junio de 2012 producto de ello, y que también padecía Sida (…) El padre sabía de las enfermedades del cura y por eso insistió en que me controlara», aseveró. Y añadió que por ello «me ofreció una pensión de por vida y el compromiso que la Iglesia se haría cargo de mí todos los meses, como forma de reparar el daño que uno de sus miembros había ocasionado».
Como parte del acuerdo, relató, la congregación le otorgaría una pensión vitalicia por $100 mil mensuales «a cambio de que no denunciara», comprometiéndose también, según el denunciante, a entregar asistencia psicológica. Los pagos se concretaron en dos cheques y luego, a través de cinco depósitos a su cuenta bancaria.
Sin embargo -siempre de acuerdo a la demanda- éstos cesaron ante la intención del demandante de ventilar la agresión. Por último, en la demanda se sostiene que a pesar de que los hechos ocurrieron en 2005, éstos no están prescritos, pues «la Provincia Mercedaria de Chile renunció a alegar la prescripción pudiendo hacerlo», ya que el 12 de diciembre de 2012, la congregación emitió dos cheques a nombre de la víctima y, posteriormente, depositó los montos comprometidos en su cuenta bancaria «como forma de reparar el daño sufrido a cambio de que no se hiciera pública la violación que sufrió por parte de un miembro de la Iglesia».
Por todo lo anterior, la acción civil acusa al Arzobispado y a la Congregación Mercedaria de actuar de «manera negligente al no supervisar de manera adecuada a sus miembros, lo que habría evitado conductas como las que se mencionan en este caso». Respuesta del Arzobispado El cardenal Ezzati, en tanto, fue notificado de esta nueva demanda el pasado 31 de enero. Por su parte, el Arzobispado aseguró al respecto que «los supuestos hechos que sustentan la acción civil habrían ocurrido hace más de diez años fuera de la Arquidiócesis de Santiago, y el presunto autor de los mismos -ya fallecido- no pertenecía a los sacerdotes de esta arquidiócesis». Por consiguiente, «el Arzobispado de Santiago no tiene jurisdicción en el caso», aclaró. Sin embargo, la institución lamentó y condenó «cualquier tipo de abusos», agregando que «queremos reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando en la prevención de los mismos». «Cualquier requerimiento vinculado a este tema, solicitamos comunicarse con la Orden de la Merced», concluyó.
Emol
