Aumentar fuertemente las inversiones en infraestructura, elevando el gasto desde 2,5% a 3,5% del PIB con recursos públicos y privados, lo que significaría desembolsar unos US$ 10 mil millones anuales durante una década. Esa es una de las metas a nivel país a las que apunta el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), organismo integrado por cerca de 30 destacados consejeros, como los ex presidentes de la República Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, ex ministros, expertos y actores del mundo privado.
La receta para avanzar hacia ese objetivo fue escrita por el CPI en un documento de 84 páginas que bautizó como «Infraestructura para nuestro desarrollo: Construyendo un Chile mejor». En ella plantea múltiples propuestas que la entidad pretende entregar personalmente a los candidatos presidenciales en los próximos días. «Esto se gestó hace unos 18 meses con la idea de contribuir a la discusión sobre infraestructura que es relevante para la economía», sostiene el secretario ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
Las propuestas, que fueron adelantadas a «El Mercurio», abordan aspectos para mejorar la institucionalidad, el financiamiento de las obras, materias de medio ambiente y ciudadanía, y planes en recursos hídricos, transporte vial interurbano, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, interconexión con otros países e infraestructura digital.
En el plano institucional, el CPI señala, por ejemplo, que se debe concluir la tramitación legislativa de la Dirección General de Concesiones y avanzar en el diseño y constitución de un consejo supraministerial, de carácter público-privado, que asesore a la Presidencia en la planificación de la infraestructura de largo plazo.
Respecto del financiamiento, plantea mejorar la calidad de los contratos de concesiones para que se adapten a nuevos escenarios que demanden mayores inversiones. Agrega que el sector privado debe volver a aportar con desarrollo en las áreas de hospitales y cárceles. También que se genere una cartera de proyectos para un programa de licitaciones de largo plazo que convoque a los principales inversionistas del mundo, y se concrete el Fondo de Infraestructura.
Con relación al medio ambiente, el CPI propone regular los procesos de consulta ciudadana, la Ley Indígena N° 19.253 y el Convenio 169 de la OIT, para facilitar acuerdos con las comunidades. Asimismo, señala que se requiere agilizar el Servicio de Evaluación Ambiental, para que «sea percibido como una oportunidad de mejora y no como una serie de sucesivos obstáculos».
En obras de recursos hídricos, indica que es clave invertir en sistemas para acumular agua cuando esté disponible. También transportarla desde las fuentes en las que se encuentra hasta los lugares donde será usada, lo que debe ser costeado por las actividades económicas y humanas. En caso de que el Estado entregue subsidios para esto, los proyectos deben ser sometidos a evaluación social.
En transporte vial, el CPI postula que se debe incrementar la pavimentación de caminos y la red de doble vías de Arica a Quellón. Por otra parte, sostiene que se debe desarrollar una estrategia nacional aeroportuaria de largo plazo, que se continúen las concesiones y se aseguren los espacios territoriales para estos planes.
Respecto de los puertos, afirma que los terminales deben estar considerados dentro de una red logística internacional, a la vez que se deben reservar bahías y territorios para el crecimiento de los terminales.
Para el ferrocarril propone duplicar la carga movilizada a 2020, establecer alternativas de financiamiento con participación privada y elevar el número de pasajeros transportados, entre otros. Sobre interconexión con países vecinos, el CPI destaca la importancia de planes relacionados con Argentina, Perú y Bolivia.
En infraestructura digital, indica que hay que ampliar y aumentar la capacidad de la red troncal de fibra óptica en el país y establecer como meta que a 2025 todas las escuelas y el 80% de los hogares estén conectados a banda ancha. (El Mercurio)
