“A las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones”, escribió el Presidente Boric en X. La intención de este gobierno hoy y cuando fueron oposición era y es desarmar el sistema, pasar a reparto manejado por el Estado y eliminar las AFP. Tenerlo claro es fundamental. Si por razones ideológicas, el poder político confunde a la ciudadanía, logra que no se distinga entre lo que es verdad y lo que no lo es, ¿dónde queda parado el ciudadano?
Es necesario llevar a cabo una reforma de pensiones bien hecha. No se puede tapar agujeros con parches. Unos no ceden por razones ideológicas. Otros porque “no es popular”.
El mal informar al ciudadano, en momentos de dificultades profundas políticas, fracturas sociales, inseguridad, aumento de homicidios y avance del crimen organizado, aumenta en forma notoria la capacidad de los populismos para influir en la obtención de votos del electorado.
Un mal diagnóstico sobre el sistema de pensiones llevará a una mala reforma. Parten de informaciones falsas desde su origen, invenciones deliberadas pero envueltas de algún elemento de verosimilitud que les aporta algo de credibilidad y divulgados de manera premeditada con este objetivo. Esto tiene un fuerte componente antisocial, ya que tiene una intención destructiva de algo concreto, lo que desestabiliza el ambiente en general. Lamentablemente, se utiliza la confusión y el zarpazo desleal a aquello que no les gusta para acceder a su propia causa. Sólo basta recordar el festejo en la Cámara de Diputados cuando aprobaron “el fin de las AFP”.
No se trata de matar un sistema, sino de reformar la industria para entregar mejores pensiones, para lo que se necesita mayor eficiencia, un sistema más transparente y con mayor competencia, lo que redundaría en menores costos para las personas que van a ser finalmente las beneficiadas con mejores pensiones. Se debe hacer un esfuerzo para bajar la informalidad laboral ( aumentó a un 27%), las lagunas previsionales y aumentar la edad de jubilación, creando las políticas públicas adecuadas que generen incentivos para el trabajo de hombres y mujeres a partir de los sesenta años. La reforma que se haga debe prohibir los retiros que vaciaron al sistema en cincuenta mil millones de dólares, dañando seriamente el mercado de capitales y la economía del país, que finalmente siempre afecta a las personas más vulnerables.
Se han obtenido a lo largo de los años economías de escala en recaudación a través de PreviRed, en acreditación a través de innovación tecnológica, y se podrían obtener más en cobranza si concurriesen el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la Republica.
Las diferencias entre un sistema de reparto y uno de capitalización individual como el que tiene Chile son fundamentalmente las siguientes:
En el sistema de reparto las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales. Se basa en la “solidaridad intergeneracional”. Los fondos son administrados por el Estado. El gran problema que se registra hoy en este sistema en muchos países es su sostenibilidad financiera que genera grandes déficits fiscales. Impacta asimismo la alta informalidad laboral generando una cobertura limitada. La eficiencia administrativa requiere una gestión de excelencia por parte del Estado, que es difícil de lograr. Los gastos sociales han aumentado y las arcas fiscales están agotadas.
En el sistema de capitalización individual, cada trabajador acumula sus propios ahorros en una cuenta individual, siendo los fondos ahorrados propiedad del trabajador. Los fondos son administrados por entidades privadas que invierten bajo regulaciones específicas, para generar rentabilidad. En Chile, hasta noviembre de este año, la rentabilidad osciló según el Fondo A,B, C o D, entre un 11,02% y un 4,25%.
Afectan negativamente al sistema de pensiones los siguientes puntos que no se pueden soslayar, a la hora de una reforma:
1.- Envejecimiento de la población que es cada vez más longeva, lo que implica que hay cada vez un mayor número de jubilados por cada trabajador activo, que a su vez disminuyen por el aumento de la informalidad y del desempleo, generando una menor base de cotizantes para financiar las pensiones, lo que genera una presión creciente sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Es imprescindible aumentar la edad de jubilación aunque ello no sea popular.
2.- La baja cobertura de los sistemas de pensiones aumenta cuando una gran parte de los trabajadores están en el sector informal sin protección dejando a amplios sectores vulnerables a la pobreza en la vejez.
3.- Las lagunas de aportes afectan las tasas de reemplazo.
4.- Las mujeres acceden a la PGU a los 65 años y se pensionan a los 60. No hay posibilidad fiscal de cubrir esta brecha.
Si se lleva a cabo un mal diagnóstico y errores de cálculo el problema se profundizará. Los mejores expertos deben asesorar a la política, desprovistos de ideologías e intereses populistas.
Hoy nos movemos entre verdades y mentiras ante un problema grave de los chilenos. Todo lo que se dice resulta opinable. No se debe banalizar la realidad, donde vuelve la propaganda -“no más AFP”-, y el Presidente de la Republica considera una buena noticia que no les guste la reforma. Debe ser buena y sostenible. No se trata de gustos.
El sistema debe reformarse en lo que se puede mejorar; el país debe recuperar la senda de desarrollo con mayor crecimiento y atracción de inversiones; se debe priorizar el gasto público y modernizar el Estado. Esto generará mayor empleo. Chile esta estancado hace diez años y se ha profundizado el mal desempeño económico durante este gobierno.
Lo que Chile necesita y quiere la gente es un país próspero, con reglas de juego claras, un sistema de pensiones sustentable, sistemas de salud que funcionen, tener empleo, precios controlados, seguridad, y saber que el gobierno y la clases política tienen estos objetivos en la mira.
No se puede dejar al ciudadano en la desconfianza. Es perentorio llevar a cabo una buena reforma de pensiones. Debe avanzarse en las políticas públicas adecuadas para disminuir la informalidad laboral, y generar incentivos al empleo femenino a los sesenta años y masculino a los sesenta y cinco años mientras se avanza con el aumento de la edad de jubilación.
En tiempos de crisis (económica, vital, anímica, política, social) corresponde ser ético y hablar con la verdad y la realidad.
Que el año que comienza sea mejor para todos. Se elige nuevo Presidente o Presidenta de la República y esto es una fiesta para la democracia.
Felicidades. (El Líbero)
Iris Boeninger