A diez se elevan los “caídos” por escándalo de convenios entre Gores y fundaciones

El gobierno ya suma al menos diez bajas desde que estalló el caso de platas políticas, relacionado a millonarios traspasos directos de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas sin fines de lucro, y que derivó en una investigación por parte del Ministerio Público.

El caso más reciente es el de Ricardo Trincado Cvjetkovic, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, dependiente de la División de Política Habitacional del Minvu, a quien el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pidió la renuncia este lunes.

La salida del profesional socialista, también exdirector del Servicio de Vivienda Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana, se produjo luego de que el jueves pasado el exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras (ex RD), dijera que Presidencia recibió el 7 de junio un informe sobre el millonario convenio que firmó el Minvu con Democracia Viva.

La afirmación puso en entredicho la versión que ha mantenido el gobierno respecto de la fecha en que se enteraron oficialmente del caso. Ante la comisión de la Cámara de Diputados que investigó los líos de platas, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, dijo que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio”, mientras que él supo por un “rumor” nueve días antes.

Antes de que estallara el caso, a manos de Trincado llegó una denuncia de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta por los contratos que habían sido asignados a Democracia Viva. Aquella denuncia alertaba sobre el conflicto de interés entre militantes de RD, entre ellos Contreras, y el representante legal de aquella fundación, Daniel Andrade, quien era pareja de la diputada Catalina Pérez. El profesional respondió con un informe en el que destacó la proactividad del ahora exseremi y en el que bajó el perfil a los hechos acusados.

La primera dimisión había sido la del propio Contreras (ahora exRD). Se produjo el 17 de junio, un día después de que salió a la luz el caso. La exautoridad suscribió tres convenios mediante los cuales el Servicio de Urbanismo y Vivienda (Serviu) asignó 426 millones a la fundación Democracia Viva, que entonces tenía como personero legal a Daniel Andrade (ahora exRD), expareja de la diputada Catalina Pérez (con militancia suspendida en RD), quien es representante de la II Región. Además, Contreras había sido jefe de gabinete de la legisladora.

El propio Andrade alcanzó a estar casi ocho meses trabajando en la Subsecretaría de Defensa, desde donde salió cuando explotó el escándalo. Había comenzado sus funciones en noviembre 2022, en calidad de contrata, para asesorar al entonces subsecretario Gabriel Gaspar (PS). Salió cuando se conoció el convenio que la fundación que representaba firmó con el Minvu.

La noche del sábado 24 de junio, solo ocho días después de que el medio regional Timeline publicara el primer reportaje que dejó en evidencia el caso de la fundación Democracia Viva, el Presidente le solicitó la renuncia a Tatiana Rojas (RD), quien se desempeñaba como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. Era la segunda baja de La Moneda en ese momento.

Rojas se había referido la mañana de ese sábado a la filtración de un correo electrónico que recibió el 2 de mayo desde la Asociación de Funcionarios del Serviu, en el que le informaron sobre las particularidades de la fundación y sus lazos con el ministerio que encabeza Montes, confirmando que estaba al tanto de las irregularidades y que “no alcanzó” a advertirle al titular del Minvu.

El 7 de julio el gobierno le solicitó la renuncia a Rodrigo Hernández (RD), entonces secretario regional ministerial de Vivienda de la Región del Maule.

Hernández había sido asesor jurídico de la ONG Urbanismo Social, beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi. En diciembre de 2022, la repartición regional cerró un contrato por $ 89 millones con Urbanismo Social, ocho meses después de que el militante RD pasara de la fundación a la oficina de gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.

En un principio, Hernández fue blindado por Boric, al señalar que éste había optado por inhabilitarse de “conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente”. A continuación, el Mandatario afirmó que el militante RD no tenía “responsabilidades políticas que pagar”. Sin embargo, después se anunció que habría un sumario por el caso y el Jefe de Estado debió aclarar que “no se va a proteger a nadie indebidamente”.

El 28 de julio Andrea Gutiérrez renunció a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a la vez que el gobierno instruyó un sumario administrativo en su contra por la firma de dos convenios con una fundación con la que mantuvo vínculos.

La investigación sumaria, ordenada por el Presidente Gabriel Boric, se inició producto de dos convenios firmados por la subsecretaria Gutiérrez con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), organización donde ofició como directora de Cultura antes de que llegara al gobierno.

Estos incluyen uno de $ 45 millones destinados a la Exhibición de Artistas de la Plaza de Armas de Santiago y otro de $ 250 millones para reemplazar la cubierta del domo del Teatro La Cúpula, emplazado en el Parque O’Higgins.

El remezón en el Ministerio de Cultura continuó con la salida de Alejandra Jiménez, quien renunció a la seremi de Cultura de la Región Metropolitana el martes 1 de agosto. Esto, luego que se conociera que firmó dos transferencias de fondos a la ONG El Circo del Mundo Chile por un total de $10.247.128, organización donde fue cofundadora y directora académica hasta antes de asumir en el cargo.

Fue en 2022 que Jiménez firmó esos traspasos de recursos. Ambas resoluciones llevan la firma de la exseremi, aunque en el caso del primer convenio aparece como representante del organismo público la seremi (s) Liliana Pérez.

Tras la amenaza de la presentación de una acusación constitucional en su contra por la bancada republicana -y respaldada por Chile Vamos-, el por ese entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó el 11 de agosto su renuncia al cargo.

Previo a anunciar su dimisión, el exdiputado sostuvo una reunión a puertas cerradas con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

El escenario se había complicado para Jackson por el rol de su partido, Revolución Democrática (RD) en los casos de líos de platas políticas. Además, debió enfrentar una lluvia de peticiones de renuncia por parte de la oposición y de dirigentes del propio oficialismo, cuando habían pasado dos meses de que estallara la crisis.

El robo de computadores y una caja fuerte desde su cartera en medio de la indagatoria de la Fiscalía y las críticas internas por su manejo ante ese hecho ayudaron también a encausar presiones para su salida.

El 22 de noviembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aceptó la renuncia del secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Óscar Muñoz Lara, quien tomó la decisión luego de darse a conocer detalles de las irregularidades que involucrarían traspasos de fondos desde la repartición pública a fundaciones. Y se produjo luego del duro informe de la Contraloría General de la República, que tras auditar a 15 seremías detectó que las irregularidades del caso Democracia Viva se repiten en otras entidades de todo Chile.

En el caso de la Región de O’Higgins, el órgano contralor revisó los convenios de las fundaciones EnRed, Red Integral Comunitaria y Arquiduc. En esta indagatoria, y al igual que en otras regiones, una de las mayores irregularidades que encontró el ente fiscalizador es respecto a las relaciones personales que existían entre miembros de las organizaciones y funcionarios de gobierno, así como también el traspaso laboral que más de alguno realizó.

En el caso de la Fundación Red Integral Comunitaria se advirtieron “eventuales conflictos de interés”, ya que Contraloría detectó que existe un vínculo de amistad entre la representante legal, Carla Tello, y Muñoz, así como también de la jefa de sección provincial y comunal.

A los “caídos” del gobierno, ahora también se sumó una salida en el Ministerio Público. Esto, luego que este martes se confirmó que fue aceptada la renuncia del fiscal Marcello Sambucetti, quien está siendo investigado por los casos de líos de plata ante un eventual traspaso de información a la administradora del Gobierno Regional de Los Lagos, Viviana Godoy, quien fue formalizada y enviada a prisión preventiva por presunto fraude al Fisco.

El Ministerio Público informó que al ahora expersecutor se le aceptó la renuncia el lunes, y en torno al sumario por tráfico de influencias que enfrenta, se comunicó que se hizo una reapertura de la misma investigación para llevar a cabo nuevas diligencias, con la finalidad de disponer de “todos los antecedentes para aclarar la situación”.

Sambuceti había sido apartado de sus funciones en agosto pasado, cuando se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), luego de una serie de diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Regional de Los Lagos, en medio de la investigación de las transferencias realizadas por el GORE a fundaciones locales.  (La Tercera)