El 9 de julio firmó el decreto 3973, el cual autoriza la quema de tierras de forma masiva en dos municipios del departamento de Santa Cruz. La medida, que facilita los procesos de limpieza y preparación de terrenos de cara a nuevas temporadas de cosechas, pretende impulsar el crecimiento económico del país, especialmente en agricultura. Antes, cada familia de campesinos podía «chaquear” (nombre dado en Bolivia a la quema) una hectárea antes de cada cosecha. Una actividad que debía ser supervisada por el corregidor del municipio. Ahora, el decreto 3973 permite a los campesinos «chaquear” sin límites de extensión, al tiempo que, indirectamente, deja sin efecto cualquier forma de control.
Pero para Evo Morales el asunto es simple: se trata de una decisión bien recibida por sus bases militantes, las cuales habitan mayoritariamente en zonas rurales. Al beneficiar a esta población, aumentan sus posibilidades de ganar las elecciones del próximo octubre. Pero el asunto es mucho más complejo que esto. Todos los países de América Latina se valen de la quema de tierras para preparar el terreno en agricultura. El problema en Bolivia es que estas tierras forman parte del Amazonas, pulmón del mundo. Entonces, cualquier decisión que afecte esta gigantesca reserva natural tendrá consecuencias sobre todos los habitantes del planeta.
Puertas adentro, esta vez los incendios también cobran una importancia especial por tratarse de un año electoral. Las autoridades de Santa Cruz, principal bastión opositor del país, denuncian que no han recibido apoyo por parte del Ejecutivo con el fin de dejarlos sin capacidad de responder ante la contingencia, y así hacerles perder apoyo popular. También aseguran que Morales no ha querido declarar el Estado de desastre nacional —lo cual permitiría la entrada de cooperación internacional—, pues de hacerlo quedaría en evidencia su incapacidad para enfrentar la situación, lo cual representaría un costo político de cara a los comicios generales.
En cualquier caso, estamos ante una gigantesca catástrofe natural que va más allá de la política interna, y que pone en riesgo 6.7 millones de Km² de bosque, un millón de Km² de ecosistemas acuáticos, 44.000 especies de plantas, 2.200 especies de animales, cerca de 20% del agua dulce del planeta y 10% de la reserva de carbono del mundo. Esto sin contar que 350 grupos indígenas y 34 millones de personas podrían resultar afectadas. Así, presa de un juego político, queda atrapada y ardiendo la extraordinaria selva amazónica. (DW)
Johan Ramírez
