El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, criticó el anuncio realizado anoche por la Mandataria Michelle Bachelet, respecto a iniciar un «proceso constituyente» que dará origen a una nueva Constitución.
«Hemos insistido que la incertidumbre que ha introducido el conjunto de reformas profundas desarrolladas por el Gobierno, ha afectado significativamente el nivel de inversión, al punto de dificultar que nuestra economía retome el merecido ritmo de crecimiento (…) Sumar ahora la tremenda incertidumbre de una Reforma Constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión, por la paralización o retraso en la concreción de proyectos, por la falta de certeza que se abre en variados ámbitos con un anuncio como este», cuestionó.
El representante de la CPC enfatizó que «el anuncio de la Presidenta de iniciar un ‘proceso constituyente’, a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan».
En esa línea, Salas sostuvo que «perfeccionar la democracia y las reglas de una nación es una oportunidad, cuando es necesario y se hace bien. Pero es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso que Chile ha alcanzado las últimas décadas».
TRABAJO COMISIÓN ENGEL
Asimismo, el timonel de la CPC valoró el trabajo «serio, técnico y profesional» que realizó la Comisión Engel. «El conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transparentar la relación entre dinero y política, evitar ilegalidades y faltas a la ética en este campo».
El dirigente empresarial aseguró que el gremio analizará en detalle cada una de las medidas, «pero coincidimos en que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endurezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas administrativas y proyectos de ley necesarios para concretar las propuestas».
