Parlamentarios por la zona son, a juicio de Manuela Royo, quienes están detrás de su salida como abogada defensora de tres de los 11 imputados en el caso Luchsinger Mackay.
La profesional denunció a los legisladores, quienes con presiones habrían empujado para que fuera apartada de la investigación que sostiene no tiene ningún respaldo ni pruebas que permitan la prisión preventiva de los acusados.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Manuela Royo comenta que a pesar de la decisión de la Defensoría Pública de apartarla de la investigación, se mantendrá puesto que la normativa interna de la institución señala que sólo el defendido puede determinar si cambia de abogado. Y en su caso, afirma, cuenta con el respaldo de los acusados y de sus familias.
“Existen requerimientos, presiones que se han hecho tanto de forma pública como interna de parte de los parlamentarios de derecha, de RN y UDI que han presionado. Incluso desde el mismo Gobierno se solicitó y se ha presionado para que se me saque a mí como defensora de la causa lo cual considero que vulnera abiertamente los derechos de mis representados de tener una defensora de confianza, como así también considero que pone en cuestión la autonomía de la defensa”, precisó la abogada.
Al respecto, denunció directamente al senador Alberto Espina, además de la bancada de diputados de RN “que mandó un oficio al Defensor Nacional para que me sacaran de la causa”, además del diputado de la UDI Gustavo Hasbún que sin ser representante por la zona también la criticó por su actuación.
Manuela Royo aparece en un video donde se acusa de racismo y parcialidad al fiscal Alberto Chiffelle, al tiempo que convocan a una marcha a favor de los comuneros detenidos.
La abogada desmiente además la existencia de presiones contra la jueza de la causa María Teresa Villagrán, quien en mayo se había inhabilitado amistosamente por considerar que no estaba en condiciones de dirigir la indagatoria. Pero luego de una apelación de los representantes de la Fiscalía, la magistrada echó pie atrás a su decisión, aunque luego renunció argumentando que había recibido presiones de los abogados de los comuneros imputados. La afirmación causó una serie de reacciones incluso desde el Gobierno.
“Sin embargo, los audios de esta causa están, ella se recusó amistosamente, son audios públicos. Y de ninguna forma ni yo ni Mario Quezada que somos a quienes sindica, la presionamos de forma alguna”, puntualizó Manuela Royo.
Para la profesional, todo se trata de una forma de deslindar la incapacidad de la Fiscalía por presentar pruebas, aunque de todas formas se mantiene la prisión preventiva contra los imputados desde hace cuatro meses, “lo que no solamente vulnera sus derechos como seres humanos, sino también vulnera tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT”.
Por eso consideró que “eso es algo muy, muy grave que está sucediendo hoy día. La presión política, se está destapando esta olla que dice relación con mantener a personas privadas de libertad sin tener antecedentes suficientes para aquello”.
Manuela Royo insistió en que se mantendrá como la defensora de los tres comuneros que representa, Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Quidel y Hernán Catrilaf Llaupe, acusados todos en el caso por la muerte en un incendio del matrimonio Luchsinger-Mackay ocurrido en enero de 2013 en la localidad de Vilcún en la Región de la Araucanía. (Radio U. de Chile)
