Lo antes posible. Esa es la clave sobre la que se basa la estrategia de La Moneda para que el proyecto de aborto en tres causales sortee exitosamente el Tribunal Constitucional (TC) y no corra la misma suerte que otras iniciativas emblemáticas de la administración bacheletista, como la reforma laboral y la glosa de gratuidad, que tras los respectivos requerimientos presentados por la derecha chocaron con fallos adversos del TC, a pesar de haber sido previamente aprobados por el Congreso.
Poco y nada durmieron el martes en la noche en el Gobierno, el que se desplegó casi en pleno al Senado en Valparaíso –Segpres, Salud, Sernam y Segegob– para monitorear y seguir la maratónica votación de la iniciativa (se extendió por 17 horas) en la Sala; sin embargo, a pesar del trasnoche, ayer la tónica en Palacio fueron las diversas reuniones para afinar la estrategia con la que se hará frente a las reservas de constitucionalidad que presentará la derecha en cada una de las tres causales para despenalizar el aborto –violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre–.
En el Ejecutivo existía la certeza absoluta de que la derecha recurriría al TC al perder en el Congreso, por lo que, si bien están trabajando con bastante reserva las cartas que se jugarán y cuáles serán los abogados que se contratará, insisten en que el escenario que se abre desde hoy no es una sorpresa y están preparados. No por nada fue la declaración que hizo ayer la ministra del Sernam, Claudia Pascual: “Este proyecto remite a convicciones distintas y personales, además siempre ha habido libertad de opinión. Tenemos parlamentarios y parlamentarias que desde el primer mes de la tramitación han planteado que recurrirán al Tribunal Constitucional, por lo tanto, como Gobierno, como Ejecutivo, nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional”.
El tiempo es lo fundamental para La Moneda. Por algo, durante la última semana, tanto el Ejecutivo como parlamentarios oficialistas se desplegaron para ir destrabando previamente los nudos que podrían retrasar la discusión en Sala y por la que el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, se opuso directamente a que la discusión y votación en el Senado se retrasara para una nueva sesión el miércoles. Fue eso lo que obligó al total despacho de la iniciativa y que la sesión se extendiera hasta el amanecer.
Hoy, al mediodía, la Sala de la Cámara de Diputados debe votar –en su tercer trámite– la iniciativa y el Gobierno se está apostando a evitar a toda costa que el proyecto pase a comisión mixta, porque, de ser así, se retrasaría su discusión hasta la semana del 30 de julio, debido a que la del 23 es distrital y los parlamentarios no sesionan. El principal riesgo es la indicación de manifestación de voluntad y autorizaciones, puntualmente la consulta a la justicia en caso de que la mujer que opta por realizar el aborto sea menor a 14 años, ya que necesita un cuórum de 67 parlamentarios, lo que torna compleja su aprobación.
La Presidenta se jugará su capital político –que bordea el 30% en las encuestas– y las autoridades de Gobierno y la Nueva Mayoría saldrán a marcar las diferencias con la derecha. “Está bien polarizar con el tema de aborto, eso es lo que hay que hacer”, sentenció un alto asesor de Palacio.
La premura gubernamental se explica porque, con fecha 29 de agosto, el abogado DC Carlos Carmona deberá dejar la presidencia del TC y será reemplazado por el jurista Iván Aróstica, conocido por su postura ultraconservadora y que fue designado en el tribunal por el ex Presidente Sebastián Piñera. Un cargo clave, porque es quien dirime en caso de empate y esa es la realidad que impera en la correlación de fuerzas internas del organismo entre la derecha y la centroizquierda.
En Palacio están confiados en que alcanzarán a sacar adelante el proyecto de aborto antes de que cambie la presidencia del TC, porque varios de sus inquilinos coincidieron en que les juega a favor el estilo de Carmona, quien fue nombrado por Bachelet para esta instancia en abril del año 2009. “Tiene una manera correcta de interpretar las cosas y es muy hábil, va a aprovechar hasta el último día que esté como presidente del TC, sabe cómo hacerlo, no va a perder tiempo”, graficaron en La Moneda.
Si bien entre el Sernam y la Segpres están liderando tanto las gestiones como el manejo ante el TC, en La Moneda reconocieron que una carta a favor que tienen es el actual ministro del Interior, Mario Fernández, reconocido abogado constitucionalista y que, además, conoce el Tribunal Constitucional, sus lógicas y formas como la palma de su mano, ya que lo integró entre los años 2006-2011. “En su especialidad, claro, ayudará”, afirmaron en el Gobierno.
La Presidenta se jugará su capital político –que bordea el 30% en las encuestas– y las autoridades de Gobierno y la Nueva Mayoría saldrán a marcar las diferencias con la derecha. “Está bien polarizar con el tema de aborto, eso es lo que hay que hacer”, sentenció un alto asesor de Palacio.
Para nadie es un misterio que esta iniciativa de las tres causales es de las más significativas para la Presidenta Michelle Bachelet, quien solo un par de horas después de concluida la votación en la Cámara Alta dijo que era “una mañana histórica (…) porque como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, el Senado aprobó el proyecto de ley de despenalización de interrupción del embarazo por tres causales (…). Creo que eso, más allá que cada cual puede tener una opinión personal, lo que permite es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible».
El punto complicado, reconocieron en La Moneda, es que también hay otros temas emblemáticos de la agenda gubernamental que serán llevados por la derecha al TC, para tratar de revertir las derrotas en el Congreso, como el proyecto de educación superior. El dilema está en que los inquilinos de Palacio saben que no alcanzarán a salvar todos los temas antes de que Carmona deje la presidencia del organismo y que, por tanto, habrá que escoger cuál se va a priorizar durante agosto. “Se van a pelear todos hasta el final, aunque ya se sabe que el aborto en las tres causales es lo primero”, explicó un asesor gubernamental.
Cancha conocida
Toda norma declarada inconstitucional no puede convertirse en ley y, por tanto, se le excluye del proyecto que es promulgado. Ese es el efecto directo de los fallos del TC, como bien lo sabe la Presidenta Bachelet, ya que –sin contar su primer Gobierno y el episodio de la píldora del día después el año 2008–, la derecha ha logrado en este segundo mandato botar dos de sus proyectos estrellas.
El primer golpe fue la glosa de gratuidad. El 10 de diciembre del 2015, el TC falló a favor del requerimiento que presentaron 31 parlamentarios de la oposición, por lo que al Gobierno no le quedó más remedio que presentar una ley corta de discusión inmediata, que aseguró la gratuidad a todas las universidades estatales sin discriminación, a las privadas que cumplan con el requisito de poseer al menos cuatro años de acreditación y no tener fines de lucro, y se dejó fuera a los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), a los que se les mantuvo el sistema de becas.
Después fue el turno de la reforma laboral. En abril del 2016, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible, por 6 votos contra 4, la titularidad sindical, uno de los cuatro temas esenciales de la reforma, que había sido aprobado semanas antes por el Congreso y que establecía que el sindicato era el único titular para encabezar la negociación colectiva con el empleador, eliminando así los grupos negociadores.
Ahora, en la despenalización del aborto, los dos requerimientos de Chile Vamos –uno de los diputados y otro auspiciado por sus senadores– han sido trabajados desde hace un mes en la oposición, por lo que están listos para ser presentados al TC. Los principales ejes tienen que ver con el resguardo de los derechos del “niño no nacido” o feto, ya que –según la oposición– el proyecto gubernamental establece medidas discriminatorias, que privilegian el tratamiento de la madre por sobre el del feto, principalmente en la causal de violación e inviabilidad.
Además, consideran que luego de las 22 semanas de gestación se debe establecer el proceso como un parto prematuro y no como un aborto, junto con asegurar el uso de “todas las medidas extremas” para mantener vivo al menor nacido. En el caso de violación, los parlamentarios de Chile Vamos cuestionan que no existe una razón médica que determine “la muerte de un niño, que no tiene la culpa de nacer con un padre delincuente”, según expresó el senador Iván Moreira (UDI).
Otro punto que podría ser llevado en particular al TC es la “objeción de conciencia”, que –de acuerdo al proyecto aprobado en el Senado– es de carácter personal y en ningún caso puede ser adjudicado por una institución médica. Además “no será aplicable en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, por riesgo vital”. Desde la derecha sostienen que este punto debe ser ampliado a las instituciones, recalcando las que tienen un carácter religioso –tal como lo ha destacado el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez–, de lo contrario, habría un carácter discriminatorio y se atentaría contra la autonomía de dichas instituciones.
El Mostrador/Agencias
