Alguna vez escuché que el gran Churchill, preguntado por qué tipo de personas prefería para conformar su gabinete, dijo que le importaban mucho más sus actitudes que sus aptitudes.
Promulgada la reforma constitucional que habilita la discusión de una nueva Constitución, en el marco de una convención elegida popularmente y en el entendido -en hora buena- que esa será la decisión ciudadana en abril próximo, es bueno pensar en las características de los convencionales que elegiremos para que nos representen en tan trascendente tarea.
Y desde esa perspectiva es que traigo en recuerdo la frase del título de mi columna. En efecto, estoy entre lo que concurriremos con un sí al plebiscito de abril y aún cavilo sobre la integración de la convención. Qué bien le vendría a nuestro país, que a la sede del constituyente llegaran ciudadanos que no vean una nueva Constitución como una imposición de un gobierno o partido político, sino como una oportunidad de concretar un gran acuerdo político y social, capaz de definir una forma de distribución del poder político que esté dotada de legitimidad suficiente para enfrentar los desafíos del futuro en términos de democracia y desarrollo.
Que en el trabajo por generar una Constitución tengan no solo presente el enunciado de derechos o el modo en que se organiza el Estado, sino también la búsqueda de acuerdo sobre el modo en que se distribuye el poder político, el modo en que se controla y los límites a su ejercicio.
En tal sentido, es importante evitar una Constitución programática, ya sea de derechas o izquierdas, en clave liberal o socialista o de otra variante. Y en cambio jugarse por una Carta Fundamental que garantice la libre decisión ciudadana para elegir un programa o un gobierno sin que pueda ser obstaculizado por poderes extraconstitucionales o fácticos. Tampoco sería prudente “pretender transformar la Constitución en un gigantesco árbol de Pascua donde cada uno podría encontrar todo lo que ha estado buscando, pidiendo o soñando en las últimas décadas”.
Frase que, con razón, se incluyó en un documento que un grupo de juristas DC diera a conocer el 2016. No se critica el sentido y valor de los derechos a que se aspiran, sino un discurso engañoso -que vaya que hemos visto en estos días-, pues sugiere que su incorporación al texto es razón bastante para que materialicen en la práctica.
Ciertamente, los ciudadanos de Venezuela no estarían hundidos en el drama que los agobia, pues el constituyente les garantizó en la Carta de Chávez aquellos derechos que hoy la economía, la corrupción y la ausencia de orden público les niegan.
Para que el camino que iniciamos sea una oportunidad, más que eruditos, doctores, llenos de aptitudes, mejor nos vendrían hombres y mujeres llenas de actitudes. (La Tercera)
Jorge Burgos
