El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará el caso del juez de garantía Cristián Sánchez, quien absolvió a un menor que había asumido cometer “alunizaje”, por considerar que este concepto incluido en la acusación de la fiscalía no era un delito, sino una expresión que alude “a un hecho aeroespacial consistente en detenerse en un cuerpo celeste extraplanetario, específicamente la Luna”.
Pese a que el fallo fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago, su presidenta, Dobra Lusic, conoció esta situación hoy tras la publicación de La Tercera, ante lo cual decidió enviar la información al pleno del tribunal de alzada para su análisis.
Según informó el Poder Judicial, en esta instancia los ministros deberán decidir si solicitan un informe sobre la situación al juez Sánchez o archivan el tema. De requerir la explicación del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se evaluará si la exposición los deja conformes o, por el contrario, inician un proceso disciplinario contra el abogado.
Entre sus argumentos, Sánchez cuestionó el “verbo rector” utilizado por el Ministerio Público en la acusación. Ante esto, el juez finalmente decidió dejar sin sanción penal al menor J.P.C.S., pese a que había sido detenido en flagrancia embistiendo un vehículo robado contra un local comercial, tras lo cual intentó escapar.
Eduardo Hernández, gerente general de Alto, empresa que actuó como querellante en la causa e impulsó el recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, indicó que el juez no tomó en cuenta que en la presentación que ellos realizaron, definían qué era alunizaje. Ante ello, cuestionan que el magistrado no tomara en cuenta esta situación en su resolución.
“El recurso lo presentamos al considerar que habíamos recibido un agravio, dado que la figura del querellante no fue tomada en consideración al momento de elaborar la resolución el tribunal”, indicó Hernández.
PERFIL
El juez Cristián Sánchez tiene una serie de fallos que han obtenido notoriedad pública.
Por ejemplo, en 2008 fue uno de los magistrados sancionados luego de que se conocieran públicamente sus opiniones sobre una diligencia probatoria en el caso “quesitos mágicos”.
Y en 2013 el Ministerio del Interior cuestionó su actuar, luego de que aplicara una salida alternativa a los acusados por la toma del ex Congreso en 2011, en la cual los obligaba a realizar charlas sobre la campaña “Marca Tu Voto”, a favor de una Asamblea Constituyente. (La Tercera)
