La tarde de este martes, los alumnos de quinto básico de la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, en el Biobío, formaron parte de un operativo médico a cargo del Ministerio de Salud que no contó con la autorización de sus padres ni apoderados. Los hechos desencadenaron una ola de denuncias de abuso sexual por parte de los apoderados, quienes acusaron que sus hijos habrían participado de una supuesta charla de educación sexual que habría incluido tocaciones, preguntas íntimas e incluso un video con contenido para adultos.
En conversación con La Tercera PM, el alcalde de la comuna, Henry Campos (UDI), explicó que los hechos se dieron en el marco de la toma de la Ficha CLAP a nivel nacional, la que depende del Minsal y que busca evaluar de forma integral las distintas áreas de desarrollo de los adolescentes en su Control de Salud Integral.
Pese a que el operativo es conocido, el edil afirma que hubo ciertas irregularidades en cómo se ejecutó, ya que los padres no tuvieron conocimiento al respecto y tampoco se derivó de manera correcta a los menores de edad a un centro de salud para realizar los exámenes. Ante esto, Campos instruyó un sumario interno en el municipio para esclarecer responsabilidades, suspendió de sus funciones a la directora del establecimiento educacional y entregó los antecedentes para que el Ministerio Público tome acción de manera inmediata.
¿En qué consistió el operativo médico que se realizó en la escuela básica Villa Centinela Sur?
Es un operativo médico que corresponde al Control de Salud Integral para Adolescentes, política a cargo del Ministerio de Salud que es ejecutada por la atención primara que en este caso es la municipalidad. Este consiste en una ficha que se presenta a los estudiantes entre 10 y 19 años donde se les pregunta por su desarrollo físico y psíquico. Es como la continuación del control de niño sano. Este procedimiento siempre se ha realizado dentro de los establecimientos educacionales por equipos de salud en coordinación con el Cesfam, y para realizarlo existe un consentimiento informado que se entrega a los apoderados para que ellos autoricen que este examen se desarrolle.
Pero los apoderados de la escuela denunciaron que a ellos no se les informó sobre este procedimiento…
Lo grave de esto resulta de dos elementos: uno, a los padres no se les tomó el consentimiento informado del desarrollo de este examen. Y en segundo lugar es que se hicieron exámenes físicos dentro del establecimiento educacional, cosa que no puede suceder porque en este caso se debe derivar a un Cesfam o Cecosf de la comuna. Los estudiantes denunciaron que se les hizo desvestir en un centro educacional y no en un centro de salud; no estaban con sus padres y también denunciaron que les hicieron tocaciones que es un tema grave que hay que revisar. El porqué se desarrolló de esta manera es parte de la investigación.
¿El operativo médico iba enfocado a niños de qué curso?
En este caso las denuncias surgen de los alumnos de quinto año. Por eso corresponde a la edad de 10 años en adelante que se haga esto y se va haciendo una especie de control año a año para ver la evolución física y psíquica de los estudiantes. Esto es parte de la estrategia de política de salud nacional de control de los adolescentes.
¿Por qué de todas maneras se siguió con el operativo si no había permiso o consentimiento de los tutores legales?
Eso es parte de la investigación. Esto estalla cuando los hijos llegan a la casa y les comentan a los padres el procedimiento, los exámenes y que los desnudaron. Cuando eso ocurre es que los padres se dan cuenta de que este operativo se hizo sin el consentimiento de ellos. Por eso es fundamental esclarecer ese hecho y lo importante es señalar que no se pueden ejecutar acciones en los establecimientos educacionales si no hay consentimiento de los padres.
¿Una situación como esta se ha generado dentro de otros establecimiento educacionales?
Tenemos 32 establecimientos educacionales en Talcahuano. De todos estos, solo en este se generó esta situación. Lo que compete aquí es que se realice la investigación administrativa, se aplique la sanción pero que también se entreguen los antecedentes al Ministerio Público para que se esclarezcan los hechos.
Los apoderados denunciaron que esta era una “charla”. ¿Por qué tuvieron ellos esa concepción de los hechos?
Evidentemente el informe de la ficha CLAP cuando se toma se hacen una serie de preguntas en cuanto al desarrollo físico de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, dentro de esa serie de preguntas hay una suerte de comprensión por parte de los niños y niñas de que aquí se les estaba explicando y dando una charla cuando en realidad eso no es parte de este proceso. Este proceso es solo de salud. Por eso dista mucho de lo que se ha planteado del mundo político de que aquí hay una charla de educación sexual. Si miran el control de salud integral este contempla consultas que se le hacen del punto de vista de su sexualidad, de la estructura de su boca, de la audición, nutrición. Hay varias cosas que se hacen, pero que si se hubieran informado a los apoderados, la situación hubiese sido totalmente distinta.
Pero como no se hizo, evidentemente cuando no hay un consentimiento para hacer un examen las acciones que se pueden ejecutar pueden ser constitutivas de abuso sexual y cuando se hace este tipo de denuncia no queda más que activar los protocolos y procedimientos que hoy existen.
Los apoderados también acusaron que el operativo estuvo marcado por videos y preguntas inapropiadas hacia los menores. ¿Por qué hubo material audiovisual si solo era un procedimiento médico?
No tengo antecedentes de aquello. Eso va a tener que dilucidarlo la investigación del fiscal, del Ministerio Público como del procedimiento del sumario administrativo de la municipalidad. Lo que efectivamente se muestra en la ficha de control son algunas láminas con dibujos que muestran el desarrollo de los niños y niñas. Frente a ello hay que esclarecer si efectivamente fueron esas láminas las que se mostraron para que los niños pudiesen indentificar en qué grado de desarrollo estaban, porque es lo que establece el manual.
¿Cómo se está cuidando a los menores que fueron expuestos a esta situación?
Intervino la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, se hizo el levantamiento con entrevistas para los niños, niñas y adolescentes que estaban en esta situación y se está haciendo un acompañamiento psicológico por parte de la OPDO para quienes lo requieran y así lo manifiesten. Nosotros entendemos que aquí debemos preocuparnos de la situación de los niños y creo que ese es el llamado que hay que hacer.
¿Qué respuesta se ha dado a los apoderados?
Acá tenemos que ponernos en la posición de los padres y es bastante clara: son sus hijos, sus nietos, sobrinos. Por lo tanto, si no hay un consentimiento no puede desarrollarse un examen. Lo que hoy hay que buscar efectivamente es el porqué fallaron estos protocolos y ante esta situación he tomado la decisión de instruir este sumario de pedir que se constituya la OPD, pero también la instrucción de que estos exámenes de CLAP se suspendan en los establecimientos educacionales hasta esclarecer los hechos y ver cómo se mejora la forma y el procedimiento de cómo llevar a cabo este examen o consulta.
¿Este es un problema que debe abordarse a nivel de ministerio o es responsabilidad del municipio?
Vamos a tener que abordar la toma de estos exámenes no solo a nivel local, sino también nacional porque en definitiva hoy nos estamos exponiendo a una posible situación de abuso sexual porque no hubo consentimiento. Además, hoy va a existir el temor de los profesionales de salud incluso en los Cesfam porque puede ocurrir una situación de estas características y que se piense que hay situaciones de connotación sexual cuando eventualmente no puede ocurrir. Hoy este es un tema que de una perspectiva de salud, por un procedimiento administrativo que falló se está generando una situación mucho más compleja. Quiero decir que esto es una situación que es esencialmente de salud dentro de un establecimiento educacional y que no tenemos que tomar esto como revanchismo político porque aquí lo que tiene que haber es la preocupación por la salud psíquica de los estudiantes que han acusado estos hechos constitutivos de delitos.
¿Por qué diría que se ha generado revanchismo político?
Porque ha habido declaraciones de parlamentarios de mi sector tratando de acusar al Ministro de Educación de este hecho señalando que esto es lo que llevan las charlas de sexualidad. Aquí no hubo charlas de sexualidad; esto fue un procedimiento de salud y por eso se tomaron las medidas administrativas correspondientes. Y, por otro lado, parlamentarios de la izquierda que con el fin de defender al ministro terminan por hacer acusaciones cruzadas desde el punto de vista político. Creo que no corresponde. Hay que mirar el contexto complejo que hay con los y las estudiantes y por lo tanto tenemos hoy que preocuparnos de responder a los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes y de forma particular de que no se sigan vulnerando sus derechos si esto ocurrió. (La Tercera)
