El Presidente Boric, el Gobierno y las fuerzas oficialistas han tenido una gran derrota al rechazarse la idea de legislar, el miércoles pasado, en la Cámara de Diputados. A esa derrota concurrieron las tres derechas políticas unidas: Chile Vamos, republicanos y el Partido de la Gente. En estos temas, como lo registra la historia, la derecha política y económica no se pierde nunca. Colaboraron también con la derrota tres diputados exdemocratacristianos, tres diputadas de la bancada humanista-ecologista verde y el único diputado de los Amarillos que esta fuerza en formación tiene en el Congreso. Este último se abstuvo, pero todos sabemos que en una ley de quorum calificado la abstención implica rechazo.
En los últimos ocho meses, y particularmente en los últimos días, hemos presenciado decenas de columnas y debates en los medios sobre si la reforma era buena o mala desde distintas perspectivas. Pero me voy a remitir a la información oficial, la cual permite transparentar, como también desnudar, argumentos falaces contra la reforma. La recaudación por impuesto a la renta alcanzaba a US$ 2.000 millones en régimen y se encontraba focalizada en el 3% de los 10 millones de contribuyentes que registra el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este 3% se identifica con aquellos ciudadanos que tienen un ingreso mensual superior a los $4.300.000, ahí se focalizaba la recaudación. Con este dato resulta ridículo el argumento de que la reforma afectaba a las clases medias, dado que al 97% de los contribuyentes no le afectaba en absoluto la modificación tributaria.
El segundo objetivo de la reforma era recaudar en régimen US$ 1.200 millones a través del impuesto al patrimonio, que afectaba a 6.300 contribuyentes cuyo patrimonio era igual o superior a los US$ 5.000.000 y de ahí al infinito. La recaudación más importante, en régimen, se obtenía de las normas de antievasión y antielusión, que recolectaban prácticamente la mitad de la reforma tributaria: US$ 4.800 millones. Cabe destacar en este aspecto que el trabajo de Jorratt concluye que anualmente en Chile se eluden y/o evaden siete puntos del producto, US$ 21.000 millones, lo que significa que en esta materia el objetivo era solo recaudar un cuarto de lo que se elude y evade. También en esta materia, Jorratt determinó que la evasión al IVA, que pagan todos los chilenos, es del 22%; la elusión y/o evasión en el impuesto de primera categoría a las empresas es del 34% y la elusión y/o evasión en el global complementario alcanzaría el 70%. Adicionalmente se recaudarían US$ 600 millones por la eliminación de diversas exenciones tributarias. Al rechazarse la idea de legislar, todos estos puntos quedan congelados a lo menos por un año. Cabe consignar, además, que en paralelo a la reforma tributaria rechazada se legisla en el Parlamento el royalty minero que pretende recaudar US$ 1.800 en régimen, de los cuales US$ 225 millones van directamente a las comunas mineras (29) y a las comunas más necesitadas (301). Además, queda pendiente para este año la presentación de los denominados impuestos “verdes” o de impacto en la salud de las personas y cuya recaudación esperada en régimen es de US$ 1.200 millones.
Pero al rechazar la idea de legislar, el Gobierno se quedó sin financiamiento para: aumentar la Pensión Garantizada Universal de los actuales $206.000 a $250.00 que benefician hoy a 2 millones de adultos mayores de más de 65 años. Tampoco tiene financiamiento el aumento en un 20% del per cápita municipal para la atención primaria de salud, donde se atienden casi 15 millones de chilenos. Tampoco se podrá financiar la disminución en un 30% de las listas de espera en el sistema público, así como continuar con la creación de infraestructura de salud. Tampoco se podrá financiar la incorporación de mil nuevos carabineros a la planta de la institución. Todo lo anterior, no obstante la urgencia de cada uno de estos temas, deberá esperar un año más.
Pero más allá de esta derrota del Gobierno, el país debe tener conciencia de que es imprescindible un nuevo pacto fiscal considerando que los nuevos gastos imprescindibles y de carácter permanente hay que enfrentarlos con nuevos ingresos permanentes, en eso consiste la responsabilidad fiscal; no es sostenible que nuestro país figure entre las sociedades con mayor concentración del ingreso del mundo, dado que el 1% de mayores ingresos captura el 27% del ingreso total; no es sostenible en el tiempo que el coeficiente de Gini sea prácticamente igual al europeo en la primera línea, pero a través de impuestos y transferencias en Europa el Gini se mejora en 15 puntos y en Chile solo en 4 puntos; no es sostenible en el tiempo que la educación municipal y más del 90% de la subvencionada tengan una subvención promedio mensual de $140.000, compitiendo con la particular pagada, que es el 8% de la matrícula, pero que tienen un aporte promedio mensual familiar de casi $400.000; no es sostenible en el tiempo que tengamos un sistema de salud público que atiende al 80% de los chilenos y que el aporte del 7% de cada ciudadano no alcance a cubrir ni el 20% del gasto que requiere el sistema público de salud. De allí la necesidad de mayores ingresos públicos a este sector.
Por eso sostengo en esta columna que algunos ganaron al rechazarse la idea de legislar la reforma tributaria, pero no será para siempre en la medida en que la mayoría social, que debiera expresarse en la mayoría política, construya un país más justo. (El Mercurio)
Francisco Vidal