Hasta el Tribunal Constitucional (TC) en Avenida Apoquindo llegó durante la mañana de este lunes el senador de la UDI Hernán Larraín para ratificar ante el organismo un requerimiento de inconstitucionalidad contra la reforma al sistema binominal.
«Queremos reparar una injusticia, un sistema electoral que benficia a algunos en perjuicio de otros y tiene disposiciones que atentan contra nuestro ordenamiento constitucional», dijo sobre el proyecto despachado la semana pasada por el Congreso y que quedó a un paso de ser promulgado como ley de la República.
La presentación ante el TC además cuenta con el patrocinio de otros senadores de la Alianza, como Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro, José García, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Jackeline Van Rysselberghe y Ena Von Baer.
Serán los abogados Ángela Vivanco y Gustavo Rosende, quienes tramitarán dicha causa ante el Tribunal Constitucional, luego de recibir el patrocinio de los requirentes.
Como coordinador de los senadores de la oposición, Larraín dio a conocer ayer las inconstitucionalidades incorporadas al requerimiento. En primer lugar, el documento habla de inconsistencia sobre la igualdad del sufragio en la Cámara de Diputados. El grupo argumenta que la relación entre los nuevos distritos, su población, electores y el número de escaños parlamentarios que cada uno elegirá, deja en evidencia diferencias sustantivas en la igualdad del voto en varios distritos. «No aceptamos que la distribución de los escaños rompa el principio de la igualdad del voto hecho sólo para favorecer a algunos partidos por sobre otros», afirmó Larraín, acusando, en segundo término, que el proyecto afecta gravemente las elecciones primarias que están facilitadas por disposición constitucional. Esto apuntaría a problemas con la cuota que establece que haya al menos un 40% de candidatos hombres y mujeres, a la vez que se fija el mismo porcentaje como el máximo de distritos y circunscripciones para realizar primarias.
Un tercer punto que señala la Alianza es la desigualdad entre los candidatos independientes y aquellos de los partidos políticos, donde se acusa una reducción de las exigencias para crear un partido, mientras que se mantienen los requisitos para los independientes. «Rechazamos que a los independientes se les castigue y se favorezca a los partidos políticos cuando la Constitución establece la igualdad para asegurar la mejor postulación posible», añadió Larraín.
Finalmente, el requerimiento asegura que el proyecto aumenta el gasto público sin respaldo financiero, debido al aumento en el número de diputados de 120 a 150. «Reclamamos también porque el aumento excesivo de parlamentarios tiene un costo. Se ha querido simular y se ha financiado sólo una parte, el desfinanciamoento no es aceptable, la Constitución obliga que cada mayor gasto tenga un financiamiento adecuado», explicó Larraín, acusando al Gobierno de pretender «un sistema que le favorezca y que satisfaga sus inquietudes más que un sistema justo y representativo». (Emol)
