Pasadas las 21.00 horas de la noche de ayer lunes, un nuevo hecho volvió a complicar a la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Con orden judicial, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, personal del OS7 de Carabineros llegó hasta su domicilio, en la comuna de Las Condes, para incautar una serie de dispositivos electrónicos.
En esta ocasión, los funcionarios policiales tenían incluso orden de descerrajar para acceder al inmueble. Esto, luego de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, visara una solicitud presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
En medio de la diligencia, los efectivos se llevaron un segundo celular de la magistrada -anteriormente había hecho entrega de su dispositivo personal y ahora entregó el institucional-, una tablet que utilizaba en el desempeño de sus labores en el máximo tribunal y el computador de su hija, abogada recién egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC).
La diligencia habría sido solicitada en base a que en la primera entrega voluntaria no se dio cuenta de la existencia de otros dispositivos electrónicos relacionados con sus labores como jueza, y sólo se accedió al teléfono y notebook particular de la jueza.
¿JUEZ INHABILITADO?
Considerando las circunstancias en que se dio el procedimiento, y que desde el entorno de la ministra consideran que ha colaborado durante la indagación que lleva la persecutora, se ha cuestionado el hecho de que justamente sea el juez Urrutia el que visó la orden de entrada y registro.
Lo anterior, como indicaron fuentes consultadas por este medio, porque él -luego de que estallara el caso de presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales- pidió públicamente la salida de Vivanco y del también supremo Jean Pierre Matus.
A eso se suma el hecho de que Urrutia participó como interviniente ante la ministra y su sala en un recurso que él presentó en contra de una sanción de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM).
Este último caso está en acuerdo, pendiente, por lo que existiría más de una causal para que el aludido juez de garantía se haya abstenido de resolver la nueva solicitud de la fiscal Carmen Gloria Wittwer.
En función de lo anterior, como han comentado personeros a la magistrada, es que su defensa evalúa recurrir en contra del abogado.
«ENEMISTAD O RESENTIMIENTO»
Una nueva arremetida lanzó la tarde de este martes la suspendida ministra Ángela Vivanco. Y es que luego de que el juez Daniel Urrutia visara una orden de entrada y registro en el domicilio de la magistrada -la cual se materializó la noche de ayer lunes-, ésta pidió la recusación del abogado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Como pudo conocer este medio, la medida busca inhabilitar al magistrado en el conocimiento de la causa que se sigue en contra la otrora titular de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Esto, de acuerdo con los antecedentes expuestos por Juan Carlos Manríquez, uno de los abogados que integra la defensa de la jueza, dado que Urrutia mantendría “enemistad, resentimiento u odio” hacia Vivanco.
“Se solicita la recusación del magistrado ya individualizado en razón de la causal N°16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que establece las causales de recusación y dispone: ‘Son causas de recusación: tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida imparcialidad’”, se lee en el documento de cinco carillas al que tuvo acceso La Tercera.
Hacen presente, en ese sentido, que Urrutia “ha expresado en reiteradas ocasiones su opinión en redes sociales sobre el asunto pendiente. Involucrándose a tal punto, que el señor magistrado incluso ha llegado a liderar manifestaciones y a exigir sanciones en contra de mi representada. Esta conducta representa una evidente falta de imparcialidad, más aun cuando es el mismo juez quien posteriormente debe dictar resoluciones en un proceso que afecta los derechos y garantías constitucionales de la Sra. Vivanco”.
Recuerdan, por ejemplo, que una vez que el caso contra Vivanco estalló, la agrupación que Urrutia lidera se manifestó en tribunales pidiendo la salida de la hoy suspendida ministra.
“Una de las manifestaciones que surgió en este contexto, fue protagonizada por la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), agrupación dirigida por el Juez Daniel Urrutia Laubreaux, que el pasado 09 de septiembre acudió a la Excma. Corte Suprema a solicitar la renuncia de doña Ángela Vivanco, así como también la apertura de sumarios en contra de otros ministros”, se lee en el documento.
Asimismo, agregaron que el mismo juez también ha manifestado su opinión en diversas publicaciones de redes sociales, “expresando que Vivanco debe renunciar a su cargo, que se deben realizar sumarios y aplicar sanciones. Además, ha mostrado su apoyo a varios post de otros usuarios en la red social twitter en el mismo sentido”.
Así las cosas, se insiste en que “no cabe duda de que el Sr. Daniel Urrutia ha desplegado conductas que permiten presumir una falta de imparcialidad por enemistad o resentimiento, llegando a tal punto de organizar manifestaciones y apoyar publicaciones en redes sociales que solicitan la renuncia de la Sra. Vivanco y utilizan expresiones como “jueces corruptos””.
“Resulta evidente que el magistrado ya se ha formado una opinión basada en los antecedentes divulgados en la prensa y redes sociales, perdiendo la objetividad que debe necesariamente tener en su calidad de juez. Esta manifiesta falta de imparcialidad obliga al Sr. Urrutia a abstenerse de intervenir en su calidad de magistrado en asuntos relacionados con la causa. No solo se ve comprometida la imparcialidad judicial, sino también las garantías constitucionales de mi representada, especialmente el derecho al debido proceso. Esto porque al expresar públicamente su postura, el magistrado muestra un sesgo que puede afectar su capacidad para ponderar los antecedentes y resolver el caso de manera objetiva y equitativa”, se agrega.
DEFENSA: «SE HA NEGADO DERECHO DE ACCESO A PRUEBAS»
Ayer lunes, la Corte Suprema decidió ampliar a siete los cargos contra la suspendida ministra Ángela Vivanco, quien enfrenta un proceso de remoción del máximo tribunal luego detectarse presuntas irregularidades. Irregularidades que, como acusa la defensa de la suprema, no han sido detalladas mediante la presentación de antecedentes: «Acá está en juego el derecho a la defensa. Para ejercerlo, es preciso saber en qué documentos y testimonios se basan las acusaciones, para responder a ellas», dice el abogado Cristóbal Osorio, a cargo de la defensa administrativa de Vivanco.
«En tal sentido, este procedimiento debe dar el ejemplo de una justicia que se ejerce en Derecho y no bajo las pulsaciones de la opinión pública. No pedimos nada extraordinario Acá hay dos procesos paralelos: el de la Comisión de Ética y la solicitud de remoción. El proceso de remoción tenía seis cargos, de los cuales dos de ellos fueron investigados por la Comisión de Ética, la cual ha recibido documentos y testimonios de los que no se nos quiere dar copia», agrega Osorio en diálogo con La Segunda.
El penalista, que renunció a su militancia en el Partido Socialista para defender con más libertad a su cliente, afirma que «solo nos dan copia parcial de algunas declaraciones. Por otro lado, nos entregan un informe de la Comisión de Ética que son análisis y conclusiones, sin citas o menciones a las declaraciones de testigos y sin firma». «Por qué negar un expediente si supuestamente son evidentes las infracciones de la ministra?», cuestiona el abogado, quien afirma que «esconder pruebas a un inculpado no pasa ningún estándar de transparencia».
Osorio sostiene que el máximo tribunal tiene una «premura» que lo ha llevado a saltarse el proceso disciplinario. Algo que es «perjudicial para el Estado de Derecho», como define, dado que «se renuncia a conocer todos los hechos que se imputan y buscan una respuesta inmediata de la ministra. Da la sensación de que todos quieren soltar rápido los fierros calientes y encontrar un culpable. Pero no debemos renunciar al derecho y sus formas rituales».
Consultado por La Segunda respecto de los diálogos que sostuvieron Vivanco y Hermosilla, Osorio asegura que «en los descargos explicaremos que cada hecho imputado tiene un razonamiento normativo y una práctica judicial sin que existan beneficios, ventajas o favores a terceros».
Por último, Cristóbal Osorio plantea que el próximo 4 de octubre, fecha en que deberán entregar los descargos de Ángela Vivanco, realizarán una extensa defensa: «No puedo adelantar nuestra estrategia, pero argumentaremos sobre los siete cargos imputados». (La Tercera-Emol-La Segunda)
