En enero se anunció que se restringiría -y elegiría- a los periodistas que acompañarían a la Presidenta en sus viajes. Obviamente se gatilló una fuerte ola de críticas pues un mecanismo así podría ser usado como una manera de premiar o castigar a quienes tengan un comportamiento determinado, lo que implica ciertamente una pérdida de libertad para los periodistas que están cubriendo el corazón del poder político.
Un par de meses después ocurrió el episodio del Sename contra revista Paula, en que el Primer Juzgado de Familia de Santiago prohibió la publicación de un reportaje sobre esa institución. Más allá del contenido del artículo, el punto esencial e intransable es el rechazo de toda censura previa, coerción incompatible con la libertad periodística.
El caso más grave, la llamada Ley Antifiltraciones o Ley Mordaza, ha completado la tríada de episodios desconcertantes de 2016. El intento de castigar penalmente a quienes filtren investigaciones judiciales es impresentable, especialmente ahora, cuando ha sido gracias al trabajo de la prensa que casos tan graves como Penta y SQM se han dado a conocer en nuestro país. Para qué hablar de los Panama Papers, que han causado impacto y rechazo mundial y que traerán, sin duda, cambios al sistema.
Estas tres amenazas han tenido distintas evoluciones: La Moneda retrocedió de su decisión de elegir a la comitiva de prensa, y revista Paula interpuso un recurso de protección -el cual fue acogido- para revertir el fallo. La norma antifiltraciones ha perdido apoyo parlamentario, y aunque ya se clarificó que excluye a los periodistas, sí castigaría a quienes expongan esos documentos a los medios, lo cual es un revés para la prensa.
Más allá de la potencial solución, preocupa la suma de amenazas en tan poco tiempo, así como también que hayan sido «hechos consumados» que se impusieron sin ningún debate o alerta previa. Solo se revirtieron por las críticas transversales. Un modus operandi peligroso y que despierta todo tipo de sospechas.
Una prensa libre y de calidad, al estilo de la que muestra la premiada película, requiere de poderes del Estado que no solo toleren, sino que protejan un periodismo sin trabas ni censura de ninguna especie. (El Mercurio)
