“La mayoría de los chilenos son más partidarios de la evolución que de la revolución”. Con esa frase, Andrés Navarro Haeussler, dueño de Sonda y AFP Modelo, y candidato a la presidencia de la Sofofa, grafica el escepticismo del sector privado frente a la serie de reformas “sustanciales” y “en breve tiempo” impulsadas por el gobierno, entre otras, en materia tributaria, educacional y laboral.
Respecto de esta última, en pleno debate en la Cámara de Diputados tras el ingreso de más de 800 indicaciones esta semana, Navarro destaca la importancia de cautelar el derecho a huelga de los trabajadores. Esto, aclara, en paralelo a un aumento de los costos asociados a la paralización, para que sean, efectivamente, disuasivos tanto para empleadores como trabajadores.
Esta semana, en un encuentro convocado por la Sofofa, se lanzó un video en que parte importante de la dirigencia gremial expresa su rechazo al proyecto de reforma laboral y advierte que tendrá efectos nocivos en la relación entre empleadores y trabajadores. ¿Comparte ese diagnóstico?
No vi el video, pero más que criticar el proyecto del gobierno quisiera plantear los aspectos que sí debería considerar, a mi juicio, una reforma laboral. Primero, el derecho a huelga hay que respetarlo. Eso sí, la huelga tiene que ser algo tan grave y tan disuasiva que las dos partes, empleador y trabajador, estén interesadas en evitarla y alcanzar un acuerdo. Que sea el último recurso. En consecuencia, debiesen estar vetados los seguros que toman las empresas y que devuelven los dineros que se pierden en la paralización. Y lo mismo por el lado de los trabajadores, donde debería estar prohibido cobrar los días no trabajados o los bonos por reanudación de actividades. Que las partes deban asumir enormes costos por la huelga, para que sea efectivamente un último recurso y que haya incentivos fuertes para que las partes busquen un acuerdo.
Para la empresa, entonces, ¿hoy la huelga no es un gran disuasivo?
La huelga es un atentado importante a la productividad. Sin embargo, la empresa tiene muchas maneras de disminuir las pérdidas o los costos de una huelga y los trabajadores también parten de la base de que cobrarán los días no trabajados. Entonces, para las dos partes el costo de la huelga no es tan alto como para ser disuasivo. Por eso mi propuesta es que la legislación debe ser pro-productividad.
¿Y debe haber reemplazo de trabajadores durante una huelga?
Una huelga que no paraliza la empresa no es tal. Inventar un tipo de huelga en que eso no sucede…, ahí estamos hablando de otra cosa, no de una huelga. Pero, como dije, debe ser tremendamente costosa para ambas partes.
Fin al reemplazo, entonces…
Lo digo en términos generales. Por supuesto, hay situaciones particulares donde esto es distinto, por ejemplo, en la cosecha de frutos perecibles o en cualquier tipo de actividades que no pueden paralizar porque generan un mal a la sociedad. En esos casos, por cierto, hay que fijar reglas diferentes.
Hay un tema adicional que es que una parte importante de las huelgas son ilegales y esta reforma no se hace cargo de que debe haber un compromiso de todos de cumplir la ley y que el que no lo hace debe tener sanciones importantes.
De todas maneras en el mundo empresarial el proyecto del gobierno ha sido calificado como exclusivamente pro sindical, y que desatiende medidas para elevar la productividad, ¿está de acuerdo con eso?
El diagnóstico que he podido recoger a nivel empresarial apunta principalmente a que el diálogo y la discusión para preparar este proyecto no fueron suficientes. El sector privado tiene una sensación de exclusión, de que no se consideraron antecedentes de todas las partes interesadas, de los sindicatos y de los empresarios. No tengo temor de dirigentes sindicales más empoderados, pero es importante que sean responsables de sus actos.
Entre los fundamentos del proyecto está disminuir la asimetría entre el poder de los empleadores y de los sindicatos…
Los fundamentos del proyecto apuntan a disminuir la conflictividad y resulta que las huelgas legales son bastante pocas. Además, se plantea aumentar la tasa de sindicalización, que sería también muy baja, pero si se compara con países desarrollados como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, las tasas de sindicalización no son bajas.
Sí me parece erróneo dejar sujeto a los sindicatos la decisión de ampliar o no la extensión de los beneficios a los trabajadores. Es una presión natural para que todo el mundo se sindicalice. Preferiría que los dirigentes tuviesen que convencer a los trabajadores de la conveniencia de sindicalizarse, sin presión externa que los obligue.
Ni la reforma laboral, la tributaria, educacional, ni los eventuales cambios a la Constitución han sido, en general, del gusto del sector privado. ¿Qué opinión tiene hasta ahora del gobierno de Michelle Bachelet?
Cuando impulsas tantos cambios, reformas tan relevantes, se produce un efecto en mucha gente, que prefiere cambios graduales. Creo que la mayoría de los chilenos son más partidarios de la evolución que de la revolución y, en ese sentido, hay una mayoría de chilenos que no ven con simpatía que se hagan simultáneamente, y en tan breve tiempo, cambios tan sustanciales. Eso ha influido en la popularidad del gobierno y de la Presidenta.
NEGOCIOS Y POLITICA
Hablando de popularidad, usted ha señalado que la imagen de los empresarios en Chile es muy mala y que hay una escasa sintonía con la ciudadanía, ¿a qué lo atribuye?
Creo que los recientes casos de algunas conductas empresariales reprochables, que han tenido amplia difusión, han influido significativamente. Ese es el factor principal. Además, la dirigencia empresarial estuvo poco incentivada a aglutinarse y a hacer propuestas comunes en beneficio de todo el país. Y ahora llegó el momento de hacerlo. Esta es una buena oportunidad de retomar liderazgos que logren consenso de la necesidad de acciones colectivas en beneficio de todos.
¿Las dirigencias empresariales, y la Sofofa en particular, han sido suficientemente claras en denunciar los casos de abusos o irregularidades que involucran representantes del sector privado?
No me he planteado criticar lo que se ha hecho hasta ahora. He dicho que si hay prácticas que antes la sociedad validaba y ya no, debiésemos corregirlas, pero lo primero es reconocer el problema, para a partir de ese reconocimiento hacer propuestas para corregirlas.
¿Se ha hecho ese reconocimiento?
Se ha avanzado bastante en el último tiempo. Creo que fui uno de los primeros en hacerlo. La corrección parte con un reconocimiento.
¿Se refiere a cuando reconoció haber realizado aportes irregulares a campañas políticas?
No fue exactamente eso lo que dije, sino que en Chile era una práctica bastante común que el financiamiento en la política en Chile se hiciera a través de aportes de muchas empresas. Eso es lo que reconocí.
¿Sería bueno que otros empresarios avanzaran en esa línea?
Si no hay reconocimiento es difícil avanzar. En todo caso, se formó una comisión, de buen nivel, que va a proponer una nueva forma de financiar la política. Mi opinión es que ese financiamiento siga siendo mixto, con aporte del Estado y las personas. Respecto de estas últimas, si se trata de accionistas de empresas, que lo hagan con cargo a sus retiros de dividendos. No soy partidario del financiamiento de la política a través de las empresas.
¿Y ese aporte privado qué carácter debería tener? ¿Público, reservado, anónimo?
No soy partidario del anonimato en el financiamiento de la política. Más aún si ese aporte está sujeto a algún tipo de beneficio tributario.
¿Pero cuando un empresario aporta a un determinado candidato no tiene también la intención de influir para resguardar su interés particular, que puede ser legítimo por cierto, pero que no necesariamente podría coincidir con el interés público?
Claro. Por eso debe ir acompañado de una legislación muy estricta del lobby. En todo caso, estoy a favor de que el aporte de las personas tenga un límite, un tope.
En relación a las investigaciones por los casos Penta, SQM, y Caval, ¿es partidario del caiga quien caiga o comparte la noción de un acuerdo político tendiente a resolver los déficit institucionales? ¿O son objetivos complementarios?
Soy 100% partidario del caiga quien caiga. No estoy a favor de ningún acuerdo que aminore las sanciones. Eso es fundamental, porque la sociedad chilena necesita transparencia y no está dispuesta a aceptar ningún tipo de arreglo.(La Tercera)
