Hasta el momento, la investigación que lleva adelante el equipo encabezado por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, avanza rápidamente. De hecho, el miércoles se hizo pública la solicitud de formalización por delitos tributarios contra un total de 19 personas (13 por caso Penta y 6 por SQM), entre las que se encuentran el recaudador político del oficialismo Giorgio Martelli.
Sin embargo, varios de los imputados y posibles formalizados podrían haber encontrado un «salvavidas» para salir del proceso judicial por el escándalo de financiamiento irregular de la política.
Según comentaron altas fuentes conocedoras de este nuevo escenario, en el artículo 54 de la ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral -publicada en 2003- se señala específicamente que «las faltas o infracciones a que se refiere la presente ley, prescribirán en el plazo de un año contado desde la fecha de la elección».
Es decir, todos los aportes que fueron realizados de manera ilegal en términos de financiamiento a la política durante el período de campaña, ya se encuentran prescritos. De esta forma, por ejemplo, trascendió que el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, entre varios otros, podrían quedar fuera de la investigación, y sólo ser sancionados por el Servicio de Impuestos Internos, pagando una multa.
Esto también haría que varios antecedentes de la carpeta del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, deban ser excluidos.
Cabe recordar que en los últimos días se informó que la fiscalía planea formalizar a la contadora Clara Bensan, David Flores y el ex diputado del Partido Radical, Alejandro Sule. En la arista Penta, en tanto, se apunta a una lista de emisores de boletas, entre ellos el chofer del senador UDI Iván Moreira, Rodrigo Molina, y la pareja del parlamentario gremialista, Isabel Marinovic. En la lista también aparecen la secretaria de la UDI Verónica Nieto, la ex jefa de campaña de Pablo Zalaquett, Carmen de Castro, y la cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
En la solicitud de audiencia, el Ministerio Público también incluyó a Santiago Valdés, ex ejecutivo de Bancorp, firma ligada a Sebastián Piñera.
