Casi llegaban a los 400. Todos fueron elegidos libremente, sin requisitos de estudios ni tampoco de experiencia laboral. Y sus sueldos oscilaban entre los mil hasta los 2.300.000 pesos. Se trata del personal de apoyo que trabajó durante un año junto a los 154 convencionales encargados de redactar la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada el pasado 4 de septiembre.
Pese a que no se exigían estudios para ser asesor, entre ellos eran frecuentes tres profesiones: abogados, periodistas y cientistas políticos. Dentro de este segmento -más una fonoaudióloga-, al menos 10, según pudo corroborar La Tercera PM, han llegado a trabajar al gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Hasta ahora el único exconvencional que se ha incorporado al gobierno es Ricardo Montero (PS), quien llegó al Ministerio del Interior para desempeñarse como jefe de gabinete de la ministra Carolina Tohá (PPD). Sin embargo, no lo hizo solo: Karla Carrizo, quien fue su asesora durante el proceso constituyente, también aterrizó a la cartera en septiembre. Anteriormente, durante 2015, la periodista se desempeñó como asesora comunicacional en materias de prensa en la Subsecretaría del Interior.
En Interior también trabaja la abogada y magíster en Derecho Público Catalina Lagos (PS), quien fue asesora del Colectivo Socialista durante la Convención. Desde marzo de este año, está contratada a honorarios en la Subsecretaría del Interior -encabezada por Manuel Monsalve (PS)-, como coordinadora del “trabajo legislativo de la subsecretaría del Interior”. También se encarga de asesorar en la conducción, definición y seguimiento de la agenda legislativa de la cartera. Por su trabajo recibe un sueldo bruto de $4.500.000, el más alto entre los asesores que llegaron desde el órgano constituyente. Anteriormente, Lagos fue secretaria ejecutiva del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y jefa del departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer. También fue candidata a convencional por cupo socialista y no resultó electa.
Además, en el ministerio del Interior, la subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) ha incorporado profesionales del proceso constituyente. Rodrigo Muñoz Baeza fue asesor -en materias relacionadas a Derecho Constitucional e Internacional- de la convencional Malucha Pinto (colectivo socialista) y desde mayo de este año el abogado se desempeña como coordinador legislativo de la Subsecretaría. En concreto, Muñoz se dedica a elaborar contenidos y lineamientos estratégicos, y a la asesoría en materias relacionadas a Derecho Constitucional y Administrativo del subsecretario Eduardo Vergara (PPD). Por sus funciones, en mayo obtuvo un sueldo bruto de $1.500.000, mientras que en julio fue de $2.700.000.
En La Moneda, la Segpres, que dirige la ministra Ana Lya Uriarte (PS), también recibió refuerzos desde la Convención. El abogado Vicente Martínez se desempeñó como asesor de Tatiana Urrutia (RD) y Daniel Stingo, ambos pertenecientes al colectivo Frente Amplio y luego se incorporó a trabajar a La Moneda. Martínez, según indican en el Ejecutivo, está trabajando en la división de estudios en la cartera y como fue fichado hace poco tiempo aún no figura su sueldo por Transparencia.
Mientras que el abogado Francisco Torres Jimeno, quien asesoró al convencional Gaspar Domínguez (No Neutrales), trabaja desde el 18 de julio en la Segpres como asesor también de la división de estudios de la cartera. Ahí se encarga de “asesorar a la división en el diseño y elaboración de estudios sobre políticas públicas, propuestas normativas y otros aspectos específicos de la realidad nacional que pudiesen impactar en el programa de Gobierno”. Por ello recibe una remuneración mensual bruta de $2.477.650. Eso sí, por el mes de julio se le pagó un total de $1.156.237.
Un caso diferente es el de Francisco Arellano (Comunes), asesor de la convencional Ivanna Olivares (Coordinadora Plurinacional). El abogado fue el primer jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric en su época de diputado y eran compañeros en la Universidad de Chile. En agosto fue uno de los impulsores -junto al diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social)- del documento llamado “Aprobar para concretar”. Desde septiembre trabaja como coordinador político en el Plan Buen Vivir, programa que lidera Víctor Ramos y que ahora pasará a depender de la Segpres.
FICHAJES SECTORIALES
En julio de este año, el abogado Ananías Reyes, quien por cuatro meses se desempeñó como asesor de Matías Orellana (PS), llegó al Ministerio de Justicia. Hoy es parte de la unidad de cooperación y asuntos internacionales de la cartera. Por sus funciones, recibe un sueldo bruto de $2.175.266.
En julio también desembarcó Julian Ortiz, quien asesoró al convencional Tomás Laibe (PS), y se desempeña como asesor legislativo del gabinete del Ministerio de Salud, que ahora lidera Ximena Aguilera. Sus funciones consisten en hacer el “seguimiento de citaciones de las comisiones (…) del Congreso de la República en donde se vean proyectos de ley que se relacionan con la agenda legislativa de salud”. Por ello recibe una remuneración mensual bruta de $2.418.754.
Al ministerio de Ciencia llegó Ignacio Araya, quien fue asesor de Andrés Cruz (Colectivo Socialista). Actualmente, el cientista político se encarga de “asesorar en materias de gobernanza climática global y órganos subsidiarios”, de “realizar presentaciones y minutas institucionales en los espacios de preparación, negociaciones y otras instancias asociadas a la Conferencia de las Partes (COP)” y participar en actividades que requieran representación nacional en la COP27″, entre otras. Por ese trabajo, recibió en agosto una remuneración bruta de $1.173.000.
Por otra parte, la fonoaudióloga Nataly Rojas Seguel, quien fue asesora de Tatiana Urrutia (Revolución Democrática) hoy es directora ejecutiva de la Fundación Integra, que preside la coordinadora sociocultural Irina Karamanos. Ha trabajado ahí desde abril de este año, primero como jefa de staff de la dirección ejecutiva. Por sus funciones recibe un monto mensual bruto de $4.332.389. (La Tercera)
