En el marco de la celebración del día del juez, que se llevó a cabo el miércoles último en un acto que contó con la presencia de la nueva ministra de Justicia, Javiera Blanco, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, presentó un documento con una propuesta de reforma constitucional para el Poder Judicial que busca asegurar “la independencia de la función judicial en el Estado Democrático de Derecho”.
“La independencia que reclamamos para el ejercicio de la función judicial se refiere al aseguramiento de condiciones que el Estado debe proveer desde las normas, para neutralizar la improbabilidad de la jurisdicción, esa posibilidad cierta que factores exógenos al mandato de sujeción al derecho como mandato único que debe incidir en la resolución de cada conflicto sea perturbado, materializándose el riesgo de instrumentalizar el proceso en pos de fines espúrios”, dijo Flores en su discurso.
Asimismo, manifestó que consideran “ineludible la creación de un órgano autónomo de rango constitucional de naturaleza administrativa, garante de la independencia judicial, configurado con integración temporal de miembros de todos los grados de la jurisdicción y miembros designados por los órganos de representación política, por órganos de alta acreditación social en el ámbito académico y de gremios vinculados al ejercicio de la profesión legal, con primacía numérica de los primeros sobre los restantes. Un órgano que deberá tener (…) las cuestiones inherentes al Estatuto profesional de la función judicial, noción que deberá sustituir a la noción de carrera judicial”.
El documento, que fue elaborado en base a los acuerdos de la asociación, plantea que “con el resguardo de la independencia judicial interna, se aspira a desarticular los arreglos institucionales y procedimientos que puedan desplegarse por el órgano jurisdiccional superior y amagar la independencia interna del juez, tales como el uso desviado de inspecciones, informes emitidos y solicitados, calificaciones, evaluación del desempeño profesional, y el proceso disciplinario, entre otros”.
Y agrega que “la independencia judicial aparece como un verdadero escudo protector del proceso en toda su dimensión garantista del orden jurídico, velando porque el juez encargado de administrar justicia cuente con las condiciones indispensables para agotar su cometido y aportar un elemento indispensable para alcanzar del gobierno de la leyes, y no del hombres, la primacía del Derecho y no del capricho”.
