Sobre el aumento de personas contratas bajo la administración del Estado respondió el Gobierno en la vocería realizada este viernes posterior al consejo de gabinete.
Según la fiscalización en materia de transparencia activa y acceso a información pública del Consejo para la Transparencia (CPLT), el total de dicho personal corresponde a 810.064 personas, cifra que está actualizada a septiembre de 2023 y constituye un aumento de 2,2% en relación al mismo mes de 2022.
El guarismo levantó suspicacias en la vereda de la oposición. El presidente del Senado, José García Ruminot (RN) relevó que «yo soy miembro de la comisión de Hacienda y de la comisión mixta de presupuesto, entonces apenas tengamos la oportunidad vamos a pedir detalles sobre esos antecedentes, porque cuando aprobamos el presupuesto para el 2024, yo no recuerdo que hayamos autorizado un aumento de esa magnitud en cuanto a los funcionarios públicos«.
«Ahora, por supuesto que en el transcurso del año van ocurriendo situaciones», acotó, «hay que ver en qué áreas podrían estar esas mayores contrataciones. Cuando hemos preguntado, nos han dicho que eso no es efectivo, que eso más bien está ocurriendo en los municipios, puede tratarse de funcionarios de salud, por ejemplo, en fin. Creo que es muy importante que apenas tengamos la oportunidad podamos hacer claridad sobre esos datos».
GOBIERNO
Al respecto, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, advirtió que «hay que desagregar la cifra, hemos tenido que contratar gente para el Censo, recordemos además la creación de los Servicios Locales de Educación. Entonces, esto no puede significar una utilización política de una cifra que, si no se entiende el contexto de distintas políticas públicas que hemos tenido que ejecutar, claro, puede ser usada para simplemente una crítica poco sostenida en lo que es la realidad«.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que el informe del Consejo para la Transparencia incluye tanto al Gobierno Central como a las municipalidades.
«Como bien sabemos en la ley de presupuesto, se aprueba el presupuesto del Gobierno central, no el de las municipalidades y en la ley de presupuesto, se fijan dotaciones máximas de personal. Ningún servicio público puede exceder esas dotaciones de personal porque simplemente los nombramientos no serían cursados por la Contraloría General de la República, entre muchas otras cosas», relevó.
Dicho eso, explicó que «cuando se discutió el presupuesto para el 2024, se señaló que esas dotaciones aumentarían fundamentalmente para tres propósitos: en primer lugar, para la implementación de los SLEP ¿Por qué eso cambia la dotación de personal? Porque los profesores, el personal de los establecimientos educacionales que estaban en las municipalidades y por lo tanto, fuera de la cobertura del Gobierno central, al incorporarse al Gobierno central, iban a aumentar su dotación, pero si miramos el conjunto, eso no significa un aumento de personal en el conjunto del sector público».
«En segundo lugar», continuó, «para absorber a los trabajadores a honorarios del sector de la salud que habían sido contratados durante la pandemia y una parte de los cuales iba a incorporarse los servicios de salud y en tercer lugar, por la expansión de personal requerido en el propio sector de la salud ligado a la implementación de los nuevos hospitales, aumento de prestaciones de diversa naturaleza, todos debidamente fundamentados en la ley de presupuesto».
De tal manera, señaló que «agradecemos que el Consejo para la Transparencia haga este tipo de análisis, la verdad es que en lo que refiere al Gobierno central son cifras muy coincidentes que tienen esta explicación y donde por supuesto hay una menor información consolidada, es en el caso de las municipalidades, es ahí donde probablemente se concentra esa diferencia que menciona el Consejo para la Transparencia».(Emol)
