La Presidenta Michelle Bachelet anunció esta noche que en septiembre de este año se iniciará un «proceso constituyente» que concluirá con la creación de una nueva Constitución, la cual a su juicio debiera cerrar la serie de reformas que impulsará a partir de hoy para combatir la corrupción en el país.
A través de un mensaje transmitido por cadena nacional, la Mandataria sostuvo que el conjunto de severas medidas que adoptará para separar la política de los negocios «se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución».
«Por eso quiero anunciar que en Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos», agregó.
La jefa de Estado dio a conocer su determinación sobre la nueva Carta Magna luego de detallar las medidas que empujará para terminar con la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, las cuales fueron diseñadas por el Consejo Asesor Presidencial encabezado por Eduardo Engel.
«Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero», dijo Bachelet, junto con remarcar que asumirá el liderazgo para impulsar personalmente las iniciativas.
Entre ellas, la gobernante aseguró que «transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito».
Asimismo, subrayó que «será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros». «Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana», indicó.
Además, aseveró que otorgará autonomía constitucional al Servel y más facultades al Tribunal Calificador de Elecciones, con el objeto de regular de mejor forma el financiamiento de las campañas electorales, y se reducirá el gasto electoral.
«Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños», enfatizó.
ALUSIÓN A CASOS JUDICIALES
En su alocución, la Presidenta hizo directa mención a los casos Penta, SQM y Caval, los cuales han remecido el sistema político y provocaron la reacción del Gobierno. A su juicio «superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas», dijo.
También recalcó que «tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios. Tercero, regularemos y fiscalizaremos de manera estricta la relación entre la política y los negocios».
«El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado (…) Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores», dijo, en directa alusión al caso que involucra a su nuera, Natalia Compagnon, y a su hijo Sebastián Dávalos.
Finalmente, la Mandataria estableció que para las medidas administrativas «nos hemos puesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento».
«A partir de mañana, daremos urgencia de discusión inmediata en el Parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia, así como a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular», concluyó.
LAS MEDIDAS
Fin de los aportes de empresas y financiamiento estatal: Bachelet dijo que «transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito».
El financiamiento estatal, en todo caso, tendrá requisitos, entre ellos que se tendrán que reinscribir todos los militantes para «sincerar los registros», además de contar con un funcionamiento democrático y una contabilidad «transparente y fiscalizada».
Fortalecimiento del Servel: La idea es que esta entidad y el Tricel sean autónomos «y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley». Para estos efectos, se dará autonomía constitucional al Servel.
Reducción de límite de gasto: La idea es que sólo se pueda realizar propaganda en zonas delimitadas. Junto con esto será constitutivo de cohecho la entrega de regalos de campaña y el pago de cuentas.
Pérdida de escaño: Bachelet reiteró que «todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños».
Sanciones «efectivas» a la facilitación y uso de boletas ideológicamente falsas: Bachelet dijo que se trabajará para superar «los vacíos de la ley actual».
Junto con esto se tipificará y sancionará «el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios».
Medidas contra la «puerta giratoria»: La Presidenta dijo que se va a «ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades».
«Regularemos la ‘puerta giratoria’ entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas», remarcó.
Medidas al lobby: Se establecerá un registro público obligatorio de lobistas, «para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público».
Si bien no aludió directamente al caso Caval, que involucra a su hijo y a su nuera, dijo que«tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores».
Urgencia a reforma al Ministerio Público: Bachelet dijo que «mantendremos la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público».
Regresa la educación Cívica: La Presidenta dijo que «todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica».
REACCIONES EN LA ALIANZA
El senador Andrés Allamand afirmó que «el conjunto de medidas anunciadas constituyen un claro punto de inflexión para avanzar hacia una democracia respetable y respetada por los ciudadanos. Valoro especialmente el nuevo estatuto para los partidos políticos y su financiamiento estatal, planteamiento que he apoyado desde hace muchos años”.
«Apoyo -agregó- las medidas en relación a la separación tajante entre dinero y política, para garantizar que las políticas públicas atiendan el interés general. Del mismo modo, pienso que hay que enfrentar de una vez por todas, a través de los caminos institucionales, la nueva constitución. Todas las democracias tienen constituciones producto de acuerdos. No veo por qué Chile no lo pueda lograr», dijo.
Por último el senador RN afirmó que “es muy positivo que se incorpore en las medidas anticorrupción a instituciones como el Servel. Comparto plenamente que se garantice su autonomía, su rol de fiscalización y sanción”.
Por su parte, el senador RN, Manuel José Ossandon, apoyó a través de Twitter las medidas anunciadas por la Presidenta señalando: «Bien medidas planteadas por Pdta y Com.Engels, pero más transparente sería que el SII se querelle contra todos, no mirando color político».
El senador Alberto Espina, en tanto, también valoró el discurso presidencial señalando vía twitter: «Apoyo las medidas de la Presidenta. Son de fondo y apuntan a terminar con la influencia del dinero en las decisiones de las autoridades».
Por su parte, el movimiento Amplitud señaló que la «Propuesta que expuso Amplitud ante Comisión Engel fue acogida en su totalidad por el Gobierno» ya agregó via Twitter que el discurso «es un importante paso para mejorar y transparentar el financiamiento de la política» anunciando que «mañana (miércoles) directiva se referirá a Informe Comisión».
El ex ministro de Piñera, Luciano Cruz-Coke valoró el trabajo de la Comisión Engel señalando vía twitter: «Buen trabajo C. Engel. Serv. calidad pol.púb., Re inscripción partidos, fortalecer ADP. No me gusta Estado capturando ganancias inmobiliarias».
