Tal como lo anunció en cadena nacional, la Presidenta Michelle Bachelet firmó este miércoles la urgencia para dos proyectos de ley que están actualmente en el Congreso Nacional y que fueron incluidos en el paquete de medidas anticorrupción que detalló en su mensaje de anoche.
Durante la breve ceremonia realizada en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, la Mandataria detalló que el primero de ellos es el de probidad en la función pública, el cual fue ingresado durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera y que actualmente está en segundo tramite constitucional en el Senado.
Al respecto, destacó que «estoy convencida que el perfeccionamiento de la democracia es una tarea continua que no pertenece a un mandato u otro, y esto supone un permanente diálogo entre miradas diversas y una articulación de una suma de voluntades». «Este proyecto de ley previene no solo de mejor manera los conflictos de interés de las autoridades públicas, sino que establece sanciones más severas en caso de que se presenten. Primero, extiende, regula y aumenta las declaraciones de intereses y patrimonio, haciendo más duras las sanciones de quienes no cumplan con ellas», explicó.
En esa línea, Bachelet detalló que la medida establece además el mecanismo de fideicomiso para las autoridades que posean un patrimonio en acciones y valores por sobre un monto de 25 mil UF (alrededor de US$ 1 millón) y la imposibilidad de que una autoridad del Estado sea parte al mismo tiempo de empresas que hacen negocios con el Estado. «En este caso, la autoridad tiene que vender la participación en esa empresa», indicó.
El otro, es la reforma constitucional que limita la reelección de senadores, diputados y otras autoridades elegidas por elección popular, el cual también contará desde ahora con carácter de discusión inmediata. «Lo que estamos proponiendo es el término de la reelección indefinida, que es lo que rige hoy», indicó.
Dicha medida reduce la reelección de senadores a una ocasión (completando como máximo 16 años) y la de diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales a dos, pudiendo completar 12 años en el poder.
La jefa de Estado recordó que esta medida nació de la fusión de seis mociones parlamentarias que buscan «terminar con el apernamiento de las autoridades en los cargos y garantizar que haya renovación en la política y surgimiento de nuevos liderazgos en la sociedad». «Este proyecto también es importante para terminar con las malas prácticas del clientelismo y el tráfico de influencias, y permite una mayor fiscalización de lo que han hecho las autoridades anteriores», añadió.
Finalmente, la gobernante recalcó que «no hay más tiempo que perder y todos los diagnósticos y sugerencias están sobre la mesa. Nuestro deber es que Chile tenga un sistema democrático moderno, de acuerdo a un país que aspira a ser desarrollado», «Una democracia moderna significa mayor participación, alta transparencia, mejores partidos, un sistema electoral representativo y también límite a la reelección de autoridades», concluyó.
