«Necesitamos con urgencia tener reglas claras y transparentes en nuestro país para el uso del suelo urbano«, afirmó este martes la Presidenta Michelle Bachelet tras interiorizarse de las alternativas planteadas por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para generar una «Política de Suelo con Integración Social».
La instancia diagnosticó y elaboró durante poco más de un año 20 propuestas que se reducen en tres ejes fundamentales de acción tendientes a cumplir con el objetivo de garantizar el derecho a una ciudad equitativa, promover el bienestar colectivo y una distribución equitativa de desarrollo en las ciudades.
«Sabemos que en el uso del suelo, de acuerdo con las regulaciones de cada comuna, muchas veces producen especulación, cambios de precio y ganancias para unos pocos, que no se corresponden con su aporte a la sociedad y que la gran mayoría de los chilenos consideramos éticamente reprobable«, destacó la Jefa de Estado, aludiendo tácitamente al caso Caval.
La nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon, dueña en un 50% de la firma investigada por estafa, conflicto de interés y uso de información privilegiada compró y vendió, junto a su socio Mauricio Valero, tres predios en Machalí, Región de O’Higgins.
El préstamo de $6.500 millones para la compra realizada en 2014 y cuyo préstamo para la adquisición de las 44 hectáreas gestionó junto a su marido e hijo de la entonces candidata 2013 a La Moneda, Sebastián Dávalos, con el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, permitió venderlas $9.500 millones a la empresa Silca, a la que se le dijo que el uso de suelo iba a pasar de rural a comercial con el cambio del plan regulador de la ciudad de Rancagua, situación que no ocurrió.
Para evitar que situaciones como ésa se produzcan en el futuro, la Mandataria comprometió una «propuesta específica contra espacios que posibilitan especulación inmobiliaria» que será la fusión de los planteamientos de esta comisión y de los entregados en esta materia por el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción que encabezó hasta el 24 de abril pasado Eduardo Engel.
«No queremos que esas inversiones en lugar de beneficiar al conjunto de habitantes que utilizan esos territorios, se conviertan en eventual especulación o lucro de unas pocas personas. Debemos generar, por lo tanto, urgentemente las medidas que corrijan esta distorsión y una institucionalidad adecuada para velar por su fiscalización y cumplimiento permanentemente», enfatizó.
INFORME
El texto del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) creado el 8 de abril de 2014 y que presidió el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, tuvo la misión de estudiar políticas sectoriales de desarrollo urbano, revisar la legislación nacional vigente aplicable para proponer las reformas pertinentes en tres áreas
1. La segregación urbana de los sectores más vulnerables dentro ciudades y territorio, y su efecto en la exclusión social, violencia y estigmatización.
2. La desigualdad en calidad de vida urbana entre comunas y barrios (Bienes Públicos), que agrava las desigualdades de ingresos, la segregación y el acceso a oportunidades.
3. La especulación del mercado del suelo, que no solo se traduce problemas de equidad urbana y transparencia, sino que crea distorsiones en los precios del suelo, escases de terrenos y presiones sobre el sistema público.
Las propuestas elaboradas por el CNDU son medidas estructurales, pues implican reformas legales, institucionales y de inversión pública. El objetivo central de esta Política de Suelo es lograr en forma simultánea ciudades con más equidad urbana, cohesión y diversidad social.
También propone la creación descentralizada de Servicios Regionales de Desarrollo Urbano (SRDU)con amplias capacidades de desarrollo de proyectos públicos y planes de inversión, gestión del suelo y asociación público-privada; y el aumento de la inversión pública en Planes y Proyectos Urbanos de Remodelación y Regeneración Urbana, dando prioridad a los proyectos emblemáticos de infraestructura y espacios públicos con fines de equidad urbana e integración social.
El documento aborda asimismo el rol de la sociedad civil y reglamenta la participación ciudadana en todas las escalas del desarrollo de la ciudad y el territorio, financiando la capacitación de líderes sociales y apoyo técnico a las organizaciones sociales y la participación de organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, cooperativas de vivienda, copropiedades de viviendas sociales y comunidades de barrios en el desarrollo de proyectos y planes de viviendas y barrios.
