«Entiendo mi deber, en este momento, como dar un impulso necesario y definitivo para hacer de Chile un país donde la actividad pública y privada deje de estar bajo sospecha y recuperen el valor que deben tener en una democracia moderna», expresó este miércoles la Presidenta Michelle Bachelet al referirse a la etapa que sucederá a la entrega del informe del Consejo Asesor Presidencial contra conflictos de interés, tráficos de influencia y corrupción.
La cita fijada para este viernes comprenderá un acto en La Moneda al que están convocados todos los Poderes del Estado, partidos políticos, empresariado, FF.AA. y dirigentes de diversas organizaciones, en el que intervendrán el titular de la instancia Eduardo Engel y la Mandataria.
En el marco de la inauguración del seminario VI Seminario internacional «Estado de la Política de Transparencia y acceso a la información en el mundo: logros y desafíos futuros» que se realiza en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, la Jefa de Estado reafirmó el compromiso de su administración con una «transparencia muy activa, que no sólo se plasma en ideas sino que en medidas concretas que se profundizarán con el informe» de la instancia que encabeza el académico Eduardo Engel.
«Todas estas medidas reafirman mi compromiso como Presidenta de Chile de actuar enérgicamente para terminar con las malas prácticas en nuestro país y quiero recalcar este punto, ya que me ocuparé personalmente de la conducción de este proceso», recalcó.
PROPUESTAS QUE ESPERA BACHELET
Para la Jefa de Estado algunas de las recomendaciones deben ir orientadas, por ejemplo, fuertemente a la autorregulación de todos los Poderes del Estado no sólo del Ejecutivo que ya es fiscalizado por la Contraloría General de la República.
«¿Quién responde, quiénes son controlados por la Contraloría General de la República? El Gobierno, las Fuerzas Armadas, las universidades que reciben recursos estatales. No así ni el Poder Judicial, ni el Parlamento. Entonces, muchas de estas cosas hay que incluirlas en una agenda, que toda institución que reciba recursos del Estado, sea controlada con los mismos patrones, que no sean autocontrolados», explicó Bachelet el martes en el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación acreditados en La Moneda.
Subrayó que las ideas que entregue la denominada Comisión Engel, también debieran referirse a la conducta del sector privado, considerando que allí comenzó la crisis que afecta a la clase política y al empresariado a raíz de los delitos tributarios y financiamiento ilegal de campañas políticas que se originaron en el caso Penta, su arista SQM y que continuaron en el caso Caval raíz del presunto tráfico de influencia, estafa y cohecho y que tiene involucrados a su hijo y nuera, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.
«Aquí no se trata solamente del sector público, en los casos que hemos visto no está el Gobierno relacionado, son casos entre privados. Por lo tanto, lo que yo les pedí es que no fuera solamente una Agenda de Probidad, Transparencia, del Gobierno«, enfatizó.
Puntualizó en ese aspecto que también encargó revisar la experiencia internacional respecto de cuáles son los cargos que pueden ejercer familiares de los Presidentes y hasta qué parentesco, «si pueden trabajar en el sector público o en el sector privado, porque si trabajan en el sector público, son unos «apitutados», y si trabajan en el sector privado, puede ser «tráfico de influencia».
«Y hasta qué nivel llega, hasta los abuelos, los tíos, los primos, los primos lejanos, los hermanos… Es decir,algo que sea racional, porque si no puede llegar esto a ser una cosa en que un grupo de personas tiene que quedarse en su casa y no hacer nada más, pero además, pero que además de la prueba de la blancura», indicó.
Otro punto en el que hizo hincapié la máxima autoridad del país son los partidos políticos. «Cómo aseguramos que éstos sean partidos más democráticos, más transparentes, porque si nosotros les vamos a pasar financiamiento público, bueno, también los partidos tienen que ponerse a la altura».
INICIATIVAS ANTES DEL 21 DE MAYO
Consultada por los plazos que se dará para traducir las propuestas en proyectos de ley y otras normativas y que inicialmente se había autoimpuesto 60 días, la Presidenta dijo que «voy a dedicarme a leer el informe en detalle para tomar las decisiones, porque pueden venir 700 propuestas, algunas grandes, otras chicas, entonces, dónde voy a focalizar mis esfuerzos fundamentales, y ahí después voy a dar a conocer al país, lo que vamos a hacer».
«Voy a informar cuáles son los plazos de proyectos de ley, porque imagínense que fueran 60 proyectos de ley, yo tengo que, de acuerdo a lo que vea ahí es el plazo que me puedo dar, pero tengo súper claro que ojalá, si pudiéramos mandar lo más posible antes del 21 de Mayo, lo que se pueda, porque a lo mejor hay cosas que son muy complejas técnicamente. O sea, yo me voy a poner el acelerador a fondo», indicó.
