En 2016 se consolidó la tendencia a un bajo crecimiento, con un 1,6% de aumento del PIB, muy por debajo del promedio mundial (3,1%) y de los países emergentes y en desarrollo (4,1%). El aumento del PIB en Chile pasó desde un 5,3% anual en 2010-13 a un 1,9% en 2014- 2016.
¿A qué se debe esta desaceleración? Hay quienes -los ultraliberales de siempre, que nunca hacen mucho caso de los hechos sino que mantienen su juicio ideológico contra toda intervención del Estado llueve o truene- la atribuyen a las reformas del actual gobierno, que habrían desincentivado la inversión.
El deterioro desde fines de 2011 de los términos del intercambio ha sido un factor desfavorable determinante para la economía chilena, y en especial para la inversión. De acuerdo a las cuentas nacionales, la caída de la inversión empezó en 2013 (en el tercer y cuarto trimestres), es decir antes del inicio del nuevo gobierno. El entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo atribuyó a las expectativas de victoria de la actual presidenta, procurando desligarse de los resultados de su propia gestión frente al cambio externo.
En nuestra interpretación, la desaceleración tuvo un origen en el fin del ciclo expansivo del cobre iniciado en 2004, empujado por China. Pero su prolongación se explica por decisiones equivocadas de política monetaria y fiscal.
El precio del cobre, la principal exportación del país, completó nada menos que cinco años consecutivos de caída y promedió en 2016 unos 2,2 dólares la libra, valor 44,7% menor que el de 4,0 dólares de 2011. Las exportaciones mineras pasaron de 49.083 millones dólares en 2011 a 30.343 en 2016. ¿Puede alguien pensar seriamente que esto no constituye un impacto de proporciones?
La inversión minera se desplomó a partir de 2014, cuando cayó en -14,4%, arrastrando a la baja la inversión agregada, que ya venía lenta. En efecto, la formación bruta de capital fijo se expandió en 12,7% anual en 2010-12, empujada por la minería, y solo en 2,2% en 2013.
Cayó en 4,2% en 2014, ahora arrastrada en sentido inverso por el desplome minero, y todavía en 1,5% y 0,8% en los dos años siguientes.¿Qué tiene esto que ver con las reformas? Bastante poco. Y hubiera afectado a cualquier gobierno, cualquiera fuese su signo y su política tributaria y laboral.
Frente al impacto externo, una política económica contracíclica a la altura del desafío era la respuesta correcta, en condiciones en que el país había acumulado sustanciales reservas fiscales. El desplome de la inversión minera debió abordarse con un aumento persistente de la inversión pública y en I+D. Pero el actual ministro de Hacienda se ha encargado de disminuirla en 4,8% en 2016 y programó una nueva caída en 2017. El Banco Central debió haber programado bajas en la tasa de interés para estimular la inversión privada. Recién en 2017 ha realizado dos tímidos recortes al borde de la recesión. Entienda el que pueda.
El consumo, que empezó a crecer poco desde 2014 por una más lenta creación de empleo y un menor crecimiento de las remuneraciones reales, impactadas por la devaluación de 39,9% entre 2011 y 2016 y la consiguiente mayor inflación de corto plazo, debió reactivarse con reajustes reales importantes en el sector público como señal para el sector privado. A esto el ministro de Hacienda se negó con arrogancia, basado en la convicción más que opinable de que el gobierno tendrá menos ingresos tributarios permanentes, ocupado además en mostrar menores índices de déficit fiscal ante la banca internacional, que en realidad empeoran con el bajo crecimiento.
Resultado: una languidez productiva prolongada que podría haberse evitado. (La Tercera)
Gonzalo Martner