El año 2024 expone una realidad migratoria cada vez más crítica en Chile. Según los últimos datos del INE, la población extranjera en situación irregular alcanzó los 337 mil extranjeros, lo que representa un aumento exponencial frente a los 10 mil registrados en 2018. Entre 2021 y 2023, estas cifras se triplicaron, pasando de 109 mil a 337 mil personas que no respetan las normas migratorias del país. En términos simples, de cada 1.000 personas en Chile, 17 son extranjeros en situación irregular. Este fenómeno afecta de forma desigual a las regiones: en Tarapacá y Antofagasta, más del 2% de la población corresponde a extranjeros irregulares, mientras que en la Región Metropolitana representan el 1,73%.
El impacto se siente especialmente en los servicios públicos. Con 65 mil niños extranjeros sin RUN inscritos en el sistema escolar, la presión sobre la educación es evidente, donde decisiones como priorizar el acceso de hijos de migrantes clandestinos a jardines infantiles por encima de los hijos de madres adolescentes chilenas, como establece la resolución 15 de la JUNJI de septiembre de 2022, generan tensiones sociales y una percepción de inequidad que afecta directamente a las comunidades locales.
Otro dato preocupante es el crecimiento de la población penal extranjera, que pasó del 7,1% del total de presos en 2019 al 15,2% en noviembre del 2024. Este aumento refleja un incremento en casos vinculados a actividades ilícitas, como tráfico de drogas y robos, y evidencia la falta de políticas efectivas para repatriar a reos extranjeros para que cumplan sus condenas en sus países de origen, pese a acuerdos como el Convenio de Estrasburgo. Esta situación no solo agrava la crisis penitenciaria, sino que también impacta directamente en la percepción de seguridad ciudadana.
A esto se suma el reciente anuncio del gobierno de regularizar a más de 180.000 migrantes irregulares bajo el argumento de una “regularización acotada”, lo que genera legítimas preocupaciones. Esta medida contradice compromisos previos de no usar el registro biométrico con fines de regularización y podría interpretarse como un incentivo implícito para el ingreso irregular, al premiar con una visa situaciones de clandestinidad.
Chile enfrenta una encrucijada. Para avanzar, es necesario reforzar los controles fronterizos, priorizar la expulsión de quienes vulneren la ley y promover una política migratoria responsable, que considere las necesidades de las comunas y regiones. No podemos seguir enfrentando esta crisis con indolencia, premiando la irregularidad y el trabajo informal mediante “perdonazos” que solo agravan el problema. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
