Los diputados de la bancada socialista concurrirán hoy a las dependencias del Tribunal Constitucional para ingresar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del acuerdo al que llegó la fiscalía con los controladores del grupo Penta para un juicio abreviado.
La causa se remonta al mes de marzo de 2015, cuando se formaliza a los controladores por delitos tributarios reiterados y soborno, además de otros imputados. El texto que se presenta hoy fue redactado por el abogado de la bancada Enrique Aldunate.
En el documento se plantea que las «reglas del procedimiento abreviado contienen una serie de restricciones a las posibilidades de actuación de los querellantes, otorgando una preeminencia al acuerdo entre fiscal e imputado».
Por lo que en esa «perspectiva, la oposición del querellante solo puede fundarse cumpliendo una serie de requisitos, consistentes en poder efectuar una acusación particular que conlleve el aumento de la pena propuesta por la fiscalía. Además, el procedimiento abreviado dispone una regla que tiene por suficientemente acreditada la atenuante de colaboración sustancial, lo que dificulta el derecho del querellante al momento de fundar su oposición».
Es por eso -dice el requerimiento-, que «a fin de reforzar este interés público que tiene el querellante, se solicitará al TC declare inaplicable todas aquellas reglas contenidas en el juicio abreviado que distorsionen el legítimo interés de los querellantes o menoscaben la igualdad frente a la fiscalía, como asimismo a la que de manera rutinaria otorga atenuaciones a la penalidad».
La bancada PS es parte querellante en la causa. Entre quienes van hoy al TC, está el diputado Leonardo Soto. Para el parlamentario, «el que se obligue a aceptar o tolerar el acuerdo es la esencia de por qué recurren contra las normas que los excluyen de oponerse al acuerdo abreviado».
Soto explicó que uno de los efectos prácticos de la concurrencia al TC, es que se paraliza la materialización del acuerdo abreviado entre las partes hasta que el Tribunal resuelva, lo que podría ocurrir incluso en un año más, según los plazos estipulados por el órgano jurisdiccional. (El Mercurio)
