Un informe de Techo Chile revela que la cantidad de familias que viven sin acceso regular a agua potable, luz eléctrica o alcantarillado ha aumentado 41,6 por ciento, alcanzando a las 38.770 familias, en los últimos cinco años.
«La cantidad de familias está aumentando. Son dos mil más que hace un año. Y es porque es muy fácil entrar, pero muy difícil encontrar una solución para salir», sostiene Valentina Latorre, directora social de Techo Chile.
Al respecto, el presidente ejecutivo de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda, apunta a que el problema no es la pobreza, sino el acceso a la vivienda.
«Hay temas muy complejos en la política habitacional. Los más graves se pueden visibilizar muy bien en el caso de Antofagasta. Allí se cruzan los altos costos del suelo y la ausencia de terrenos disponibles, lo que hace que los proyectos habitacionales sean extremadamente escasos para las personas de menores ingresos», asegura el ex director social del Hogar de Cristo a La Tercera.
«Por eso, agrega, uno ve desde 2008 una disminución considerable de este tipo de proyectos, ya que no hay una adaptabilidad de la política habitacional a los valores del suelo. Así vemos que en Antofagasta, independiente de la alta presencia de migrantes en campamentos, la gran parte de los pobladores trabaja, pero el costo de la vivienda hace imposible el acceso a una casa propia».
Según Baranda, «la pobreza del campamento de hoy es distinta a la de hace 20 años. Antes eran de mucha precariedad, pero hoy sus habitantes, en su mayoría, trabajan, tienen ingresos, mejor alimentación y vestimenta. Entonces, el problema no es de pobreza, es de acceso a la vivienda, porque el valor de ésta hace imposible que puedan optar a una».
Para el presidente ejecutivo de la Fundación América Solidaria, una solución son los proyectos inmobiliarios que obligan a la inclusión. «Si no lo hacemos, todos vamos a terminar viviendo en un infierno, en ciudades completamente segregadas. Y cuando se segrega a las personas, aumenta la violencia», advierte.
«Se deben hacer pertinentes las políticas habitacionales a las realidades propias de los territorios. Sigo con los ejemplos de Antofagasta, y también Copiapó, donde hay muy poca oferta disponible de suelo. Allí se deberían aplicar políticas ajustadas a las necesidades de las familias. Y en el resto del país, el Registro Social de Hogares debería propender a que estas personas puedan optar a un subsidio habitacional. Con la realidad salarial de Chile, las personas no tienen otra alternativa. Pero también es deseable que no se las lleven a comunas periféricas, porque el costo de la vida se encarece al asumir el valor de los traslados», concluye.
El Mostrador/Agencias
