En una nueva demostración de que el mundo político es capaz de alcanzar acuerdos amplios, el Senado aprobó el proyecto que reduce la jornada laboral desde 45 a 40 horas semanales. Sólo por ese hecho, esta aprobación parece una buena noticia.
El acuerdo fue posible porque el proyecto aprobado difiere en forma significativa del presentado inicialmente, básicamente porque incorporó dos elementos muy importantes para evitar sus eventuales efectos negativos; una gradualidad de cinco años, y muy importante también, mayor flexibilidad en materia de jornada, tema en el que Chile tiene una rigidez excesiva, que no se ajusta con la diversidad de ocupaciones y necesidades de los trabajadores.
Una jornada laboral más corta, siempre y cuando no sea a cambio de menores ingresos, contribuye a una mejor calidad de vida, en parte porque permite compatibilizar de mejor forma la familia y el trabajo. Finalmente, y pensando en el bienestar de la sociedad, de poco sirve lograr una mayor participación laboral femenina si el costo es que los niños queden solos. Una jornada más reducida, pero sobre todo la posibilidad de tener distintos tipos de jornadas, puede hacer una gran contribución en esta materia, que requiere también un mayor involucramiento de los empleadores para facilitar los roles familiares de los trabajadores.
¿Tendrá esta medida un costo de menores salarios y/o mayor informalidad laboral? Podría tenerlos, y por eso una tarea importante de las políticas públicas ahora es fomentar el crecimiento económico y mejorar la política de capacitación laboral, que es fuertemente deficitaria. Estos desafíos son más importantes aún en el contexto de acelerado cambio tecnológico que enfrentamos.
De todas formas, el problema principal está quedando debajo de la mesa, ya que mientras nos preocupamos de la jornada de aquellos que trabajan, dejamos de lado a los que tienen una jornada de cero horas. Y no me refiero a los desempleados, que al menos están buscando un empleo en forma activa, sino a los inactivos, aquellos que ni siquiera intentan participar del mercado laboral.
Es cierto que la pandemia generó una caída en la tasa de participación laboral en todo el mundo, pero que se ha recuperado, y con creces en los países de la OCDE. En Chile aún no se recupera; nos faltaría medio millón de trabajadores para alcanzar la tasa de participación laboral del año 2019, y más de un millón para lograr los niveles de participación de ese grupo de países. La pregunta relevante es entonces ¿a qué segmentos pertenecen los trabajadores que faltan en Chile? Y la respuesta es aun más preocupante. Si miramos las tasas de participación y ocupación laboral de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE (ESI), por decil de ingreso, veremos que los sectores más vulnerables no sólo participan mucho menos en el mercado laboral que aquellos de ingresos altos, sino que también, mientras en este último las tasas de participación y ocupación han aumentado en años recientes, en los sectores de bajos ingresos han caído.
En el 20% más pobre en 2018 participaba del mercado laboral un 35% de los hombres y un 24% de las mujeres en edad de trabajar. En 2021 estas tasas cayeron a 24% y 23%, respectivamente. Esto significa que cerca de un 80% está inactivo laboralmente hablando, no son desempleados, porque ni siquiera buscan trabajo. Y recordemos que basta que una persona trabaje más de una hora semanal en forma remunerada para que se considere activo laboralmente y ocupado. En el 20% más rico, la situación es la inversa; en 2021 un 88% de los hombres y un 75% de las mujeres estaba laboralmente activo, cifras superiores a las de 2018, de 86% y 71% para cada grupo. Es probable que el IFE y los retiros expliquen parte del problema, pero en 2022 la tasa de participación laboral no recuperó los niveles previos al estallido.
Me parece que la conclusión cae de cajón ¿existe alguna posibilidad de que logremos avances significativos en equidad si los sectores de bajos ingresos están fuera del mercado del trabajo? Por mucho que subamos los impuestos para entregar más bonos, esas familias, con una jornada laboral de cero horas, no saldrán de la pobreza y la dependencia. Es un enorme desafío de política pública. (El Líbero)
Cecilia Cifuentes
