Hemos visto recientemente una ola de secuestros con formas y dinámicas nunca vistas en Chile. Esto se inserta además en la mayor crisis de seguridad que tiene el país desde el retorno a la democracia. Basta recordar que, en 2022, según cifras de Carabineros de Chile, los delitos de mayor connotación social (homicidios, lesiones, violaciones, robos y hurtos) aumentaron un 45,3% respecto de 2021. Este 2023, a la fecha, los delitos se han incrementado en 6,2%. Asimismo, el reciente Índice de Paz Ciudadana 2023 arrojó que el miedo a sufrir un delito por parte de las personas registra un nivel histórico desde el inicio de la medición, hace 23 años, con un 30,5%.
En ese escenario de máxima inseguridad que vive nuestro país, surge con gran inquietud el nulo avance en materia de inteligencia estatal que se está experimentando, incluso, con evidentes retrocesos. Hay que recordar que la inteligencia es la forma más eficaz para prevenir y combatir el crimen organizado. Sin embargo, el gobierno, poco o nada ha entendido ello.
En efecto, la actual Ley 19.974, sobre el sistema de inteligencia del Estado, se promulgó hace casi dos décadas. La realidad de la delincuencia hace 20 años era completamente distinta a la de hoy. La agresividad, la violencia, las formas de ejecución, la organización y la planificación han cambiado diametralmente. Lamentablemente, la referida ley no ha recibido modificación o actualización alguna.
El sistema de inteligencia del Estado se estructuró inicialmente, conforme al artículo 4°, con la finalidad de “proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional”, es decir, tanto la seguridad externa como la seguridad interna, esta última, focalizada especialmente en el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Hace ya cinco años, el expresidente Piñera ingresó un proyecto de ley para modernizar y fortalecer el sistema (boletín 12.234-07). El fundamento inicial del proyecto era “incorporar y contar con la participación de los organismos e instituciones afines para obtener, por una parte, una acción coordinada, preventiva y eficiente ante las nuevas amenazas de seguridad interna y externa, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, y protección de la infraestructura del Estado; como, por otra, proveer a la autoridad de la información esencial para la toma de decisiones oportunas con conocimiento del escenario a que se enfrenta y la complejidad del mismo”. Esto no se ha cumplido.
Lamentablemente, durante el actual gobierno no se ha avanzado absolutamente nada. Sigue en la misma comisión (de Defensa de la Cámara de Diputados) desde el 11 de marzo de 2022, como si no fuera relevante. Es más, el gobierno recién le da urgencia al año después que ingresó, pero hoy se encuentra durmiendo nuevamente en la referida comisión. A ello se suma que el proyecto formaba parte del denominado fast track legislativo en seguridad, el cual estaba comprometido para ser ley de la República dentro de los primeros 150 días acordados, es decir, el pasado 11 de septiembre. Como es de público conocimiento, nada de ello ha ocurrido. Más aún, en la presente discusión presupuestaria, el gobierno redujo los recursos de la Agencia Nacional de Inteligencia inexplicablemente.
Todo lo anterior da cuenta de un panorama desolador en una materia que debiera ser una preocupación de Estado, dada las implicancias prácticas de la misma. Pero lo antes señalado se profundiza con el retroceso en inteligencia. Y es que el gobierno, además, ingresó indicaciones al proyecto de ley en tramitación, las que lejos de potenciar y modernizar el sistema de inteligencia, lo burocratiza, lo asfixia y lo complejiza, poniéndole más cortapisas.
Así las cosas, es de suma relevancia que el Ejecutivo le dé la máxima prioridad e importancia a la inteligencia. El Presidente Boric debe convencerse de que no es una herramienta más para combatir la delincuencia, sino la mejor arma para afrontar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo anterior, se hace indispensable retirar las indicaciones presentadas, incorporar sendos recursos en la Agencia Nacional de Inteligencia y las direcciones de inteligencia policial y militar, darle discusión inmediata al proyecto de ley que moderniza el sistema y cumplir con lo comprometido. (La Tercera)
Paulina Núñez
