«¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?», preguntó el juez del Reino Unido, Cristopher Greenwood, al equipo jurídico boliviano que este miércoles respondió a la presentación que el lunes hizo Chile para fundamentar la solicitud de incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco de la demanda marítima.
La interrogante dejó abierto los alegatos orales, sobre todo, luego que La Paz alegara férreamente que nuestro país tiene una «obligación histórica» para negociar una salida soberana al mar, cuestión que -aseguraron- sustentaría la idea de competencia del tribunal al no quedar resuelta con el Tratado de Paz y Amistad de 1904. El primero en abrir los fuegos fue el agente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien partió su exposición recordando que tras obtener su independencia de España, Bolivia contaba con una costa de 400 kilómetros que luego perdieron frente a la política «expansionista y militarista» de Chile.
Y si bien reconoció la existencia del tratado de 1904, Rodríguez Veltzé enfatizó que «en los años siguientes la promesa de negociar el acceso de plena soberanía de Bolivia al mar, fue manifestada en diversos compromisos jurídicos»: tratativas en 1920; memorándum de 1926; el intercambio de notas de 1950; el memorándum de 1961; la declaración de Charaña de 1975; los diversos planteamientos de la OEA y la agenda de los 13 puntos (2007), entre otros. «Chile reafirmó una y otra vez que con independencia de lo dispuesto en el tratado de 1904 negociaría este acceso de plena soberanía por parte de Bolivia al mar (…) Reconocía que haber negado este acceso soberano seguía siendo una injusticia histórica contra Bolivia, que socavaba su desarrollo y que impedía el que se desarrollase en relaciones amistosas entre dos estados», sentenció. Bolivia no busca modificar tratado de 1904.
Con ello, Rodríguez Veltzé manifestó que a diferencia de lo planteado el lunes por el equipo chileno, «no comparece Bolivia ante esta Corte con la intención de modificar le pasado histórico, no se trata de ello en esta causa. Bolivia no se presenta ante esta Corte para subsanar el tratado de 1904, ni las cuatro enmiendas posteriores promovidas por Chile de volver a abrir cuestiones». La Paz se presenta ante La Haya «ejerciendo sus derechos en virtud del derecho internacional», agregó, recalcando que «lo que pide Bolivia de Chile se expresa simplemente en el principio ‘Pacta sunt servanda’ (Lo pactado obliga)» y el cual nuestro país contraviene.
«Chile ha puesto ha puesto en tela de juicio la jurisdicción de esta corte (…) Bolivia se presentase ante esta corte para soslayar el tratado de 1904, no es correcto, no es una nueva presentación ni mucho menos ni un intento de revisar o dejar sin efecto el tratado de 1904», enfatizó. «Lo que advierte Chile no es una situación que pudiese suponer un precedente muy peligroso, no es una situación en que volvería tener que tratar esta corte una larga lista de problemas históricos en la región Latinoamérica. Eso es lo que ha sugerido Chile para crear temor y un amiente tenso ante esta Corte (…) Muy por lo contrario a lo que advierte Chile, esta no es una situación en que volvería tratar esta corte una larga lista de dificultades y problemas históricos en Latinoamérica», aseveró Rodríguez Veltzé.
CREAR CONFUSIÓN
El segundo en tomar la palabra fue el abogado francés Mathias Forteau, quien abordó la competencia de la CIJ de acuerdo al Pacto de Bogotá (1948), señalando que la objeción preliminar presentada por Chile debe rechazarse, porque a su juicio- no operaría el artículo VI, considerando que aún existen temas pendientes entre países. Lo que busca Bolivia, dijo, es «que la Corte constate que en paralelo al tratado de 1904, Chile asumió el compromiso a través de una serie de cuerdas y promesas unilaterales a negociar, en beneficio de Bolivia, el acceso soberano al mar y a constatar que Chile no ha respetado ese compromiso de negociar».
En este caso, añadió Forteau, «Chile ha tratado de crear dificultades de interpretación y crear confusión, ha actuado como si nada existiese en el mundo además del tratado de 1904». Expresó además que hasta 2011 nuestro país «no había repudiado su compromiso a negociar una salida soberana. Por el contrario, sí lo negociaba», recalcando que Bolivia considera el acuerdo como «injusto e impuesto por la fuerza de la armas».
AMNESIA COLECTIVA
La francesa Monique Chemillier-Gendrau, a su turno, acusó que «los representantes de Chile han sido invadidos de una extraña amnesia colectiva» y que nuestro país «pasa por una negación de sus propias afirmaciones». «Los argumentos de Chile se contradicen por sus propios comportamientos a lo largo de su historia», dijo, exponiendo una serie de documentos y declaraciones que databan de los años 1884, 1923, 1926 y 1929 y de 1975 de Charaña, y que demostrarían -a su juicio- la voluntad de Santiago de negociar.
La jurista evocó también las negociaciones entre ambos países en 1975 y 1976 -encabezadas por Augusto Pinochet y Hugo Bánzer- para otorgar a La Paz un corredor soberano al oceáno Pacífico, por el norte de Arica, a cambio de un canje territorial. Lo anterior, dijo, demuestra que el general (r) Augusto Pinochet no declaró la inexistencia de temas «por resolver».
CONSTITUCIÓN BOLIVIANA
Más tarde, el abogado español Antonio Remiro Brotóns trató la mención hecha por Chile a la Carta Magna de 2009, donde -según nuestro país- se habría establecido un supuesto derecho irrenunciable al mar y una obligación de denunciar tratados que opongan a esto. «Chile pretende ser intérprete privilegiado de la Constitución de 2009», indicó el jurista, acusando a Santiago de «manipular» los argumentos de su demanda. Con ello, Brotóns declaró que «el Tratado de 1904 no se consideró como contrario a la Constitución boliviana». Aplicación del artículo VI del Pacto de Bogotá En tanto, el abogado iraní Payam Akhavan fue el encargado de presentar las conclusiones de la exposición boliviana, sentenciando que Chile se basa en «premisas falsas» y que su objeción a la competencia de la CIJ lo es también por hacer una representación equívoca de lo planteado por Bolivia. Para el profesional, Chile «hace una interpretación equívoca» de la demanda boliviana, ya que La Paz «no pide a la Corte que resuelva un diferendo territorial ni que defina la delimitación de fronteras».
Akhavan sostuvo, por último, que el artículo VI del Pacto de Bogotá -que excluye que la Corte trate sobre temas ya zanjados previamente por tratados- «se ha de aplicar con enorme cautela», pidiendo además que el tribunal se declare competente.
