En su discurso para conmemorar el 18-O, el Presidente Boric premeditadamente no rompió el equilibrio que él ha establecido entre apoyar a carabineros (a los que requiere frente a la principal demanda ciudadana de seguridad) y respaldar como víctimas de violaciones a los DDHH a quienes sufrieron consecuencias en la represión de los graves desórdenes de esos días. Una frase para lo primero, pero dos de condena para el “abuso policial”. No cambió en lo sustancial su temprana identificación con los que rompen el orden público antes que empatizar con quienes enfrentan la dura obligación legal de tener que preservarlo. Tampoco lo hizo con las víctimas de la destrucción y del saqueo.
Asimismo, el Mandatario no cambia en que, muy en sintonía con el PC, cabalga sobre el 18-O tratando de conducir la interpretación a su propio objetivo: uno, el proceso constitucional y dos, viabilizar “las reformas que tenemos en carpeta”, muy similares estas a las del borrador constitucional rechazado por el 62% de los chilenos.
Según Gabriel Boric, él tiene la respuesta para conjurar el peligro de un nuevo estallido: sus reformas, que es la palabra más mencionada en su discurso del martes. En sus propuestas refundacionales dice tener la llave para satisfacer las demandas sociales de dignidad, salud, pensiones, educación y derecho de vivir en paz, entre las que mencionó.
En algún momento de su discurso del martes, Boric se cambió a otra silla, a la del hombre de los acuerdos, en la que de vez en cuando le gusta montar. Mencionó la necesidad de lograr pactos, “hay que construir puentes y dialogar”, dijo. Nuevamente hizo un gesto de humildad (característico en sus discursos) y admitió que el resultado del plebiscito evidenció que “las reformas que Chile nos pide” (…) “no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas”. Fue incluso más allá, aceptando que “quieren derechos sociales garantizados, pero también quieren defender su autonomía y su posibilidad de elección. Quieren un Estado que proteja, pero no que ahogue. Quieren igualdad y reivindican, a su vez, su libertad.”
Este es su desafío, concluyó. Lamentablemente, no es lo que vemos en las reformas propuestas, que tienen poco de elección y libertad y mucho de Estado como panacea reguladora, productora y redistribuidora. Eso explica su énfasis en la reforma tributaria y el silencio absoluto frente a la exigencia previa de reactivar y hacer crecer la riqueza del país, que va en franco declive. O la prioridad de convertir al Estado en eje del futuro sistema previsional y de salud sin vislumbrar otra solución que apoderarse de las cotizaciones de los trabajadores para las pensiones y la salud.
Son tantos los giros y contradicciones del Mandatario, que resulta difícil predecir si va ajustar sus expectativas a lo que pregona. En todo caso, lo que es innegable es que su interpretación del 18-O es coincidente con la del PC, cuyo diario El Siglo tituló que en su tercer aniversario “está vigente la demanda de la revuelta social”.
Esa interpretación (de la demanda insatisfecha que lo justificó) tiene un inevitable olor a chantaje, lo que confirma que el oficialismo, aun cuando llega al poder, no renuncia a continuar amparando la violencia para alcanzar sus objetivos políticos. Más aún cuando la minoría en el Congreso no lo acompaña. Por eso elige conmemorar el 18, día del desbande más brutal e incivilidad, en vez del 25 de octubre, cuando un millón de personas marcharon pacíficamente. Más evidencia esa no renuncia a volver a usar la fuerza en el futuro a modo de presión, el que por mucho que parezca que el Presidente ha cambiado de opinión respecto al orden público y a Carabineros, no justifica el giro. Antes exigía su refundación o los acusaba de asesinatos que nunca fueron tales (en el caso del malabarista de Panguipulli o del supuesto hijo de Llaitul que creyó muerto). Ahora dice «valorar el trabajo que las policías hacen todos los días para proteger a la población y frenar la delincuencia”, lo cual supone que los bajó del estrado de los acusados. No se trata de que pida perdón, pero al no explicar la razón de su vuelco, su nueva actitud parece poco sincera u oportunista.
Con tanta ambivalencia, el “derecho a vivir en paz” que él mencionó como demanda del 18-O se ve cada día menos garantizado. Y de ninguna manera podrá materializarse mientras la ultraizquierda no obtenga lo que quiere: sus reformas y, ese es otro capítulo, una nueva Constitución a su pinta. (El Líbero)
Pilar Molina
