El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha aprovechado la derrota de la derecha (lo del domingo pasado fue eso, no una victoria del gobierno) para revivir el pacto tributario y la reforma de pensiones. Pero además de la mala fe que implica reponer una propuesta que no tiene apoyo ni en el Congreso ni en la opinión pública, el gobierno insiste en desconocer la regla de oro de las relaciones humanas.
Porque Boric y sus secuaces fueron particularmente intransigentes en su actitud hacia el gobierno anterior, pedir a la oposición que sea ahora magnánima y comprensiva es, cuando menos, deshonesto y, además, probablemente inútil. Para avanzar en un acuerdo, primero el gobierno y la izquierda en pleno deben pedir perdón explícito por la mala fe con la que actuaron mientras estuvieron en la oposición.
La regla de oro, como aprenden todos los menores de edad tempranamente, es que debemos tratar a otros como esperamos ser tratados. Si en el trato a los demás demostramos intransigencia, irrespeto, desdén, mala fe y deshonestidad, no podemos esperar que los demás nos entreguen un trato digno y considerado.
Durante el segundo gobierno del Presidente Piñera, y en especial a partir del estallido social de 2019 y de la pandemia de 2020, los que ahora son oficialismo demostraron una especialmente irresponsable actitud como opositores. La oposición de izquierda a Piñera fue oportunista y desleal. El propio Piñera la calificó de golpista, producto de la evidente intención que muchos tenían a fines de 2019 de forzar su remoción. Durante ese cuatrienio, la izquierda desaprovechó múltiples instancias para demostrar amistad cívica y para dejar en claro que su compromiso estaba con el progreso del país y no con el debilitamiento del gobierno de Piñera. El excesivo uso de acusaciones constitucionales y las críticas de mala fe a las políticas del gobierno para combatir el Covid-19 fueron ejemplos de deslealtad e irresponsabilidad. Las posiciones que defendió la izquierda respecto al retorno a clases de los estudiantes en escuelas públicas produjeron un daño irreparable a millones de chilenos.
El propio Boric, con actitud de líder estudiantil, pese a que ya tenía más de 30 años de edad, increpaba a las fuerzas de seguridad que sólo buscaban hacer su trabajo. Para el hombre que ahora ocupa La Moneda hasta muchos de los altos funcionarios de su gobierno que ahora llaman al diálogo, los recuerdos de su propia actitud irresponsable y desleal como oposición se oyen mucho más fuerte que las palabras templadas que ahora usan. Las acusaciones contra la autoridad por supuestos centros de tortura en Plaza Baquedano muestran que los que ahora son gobierno no trepidaron en caer en lo más vil.
Aunque Piñera tiene muchos defectos y su actitud alimentó el descontento popular en los meses anteriores al estallido y ayudó a que Chile tomara el equivocado camino de la refundación constitucional en las semanas posteriores, nadie puede seriamente acusar al ex Presidente de haber promovido o tolerado vejaciones a los derechos humanos. Si bien es legítimo y comprensible creer Piñera fue un mal Presidente, es injusto y mal intencionado compararlo con la dictadura (el canto era “asesino, igual que Pinochet”).
Ahora que el gobierno necesita de la colaboración de la oposición para responder a los urgentes problemas que enfrenta el país, la regla de oro del comportamiento humano hace difícil imaginar que haya agua en la piscina para el diálogo. Es verdad que la situación es tan apremiante que ayudaría mucho al país que la derecha actúe con un sentido de la responsabilidad que la izquierda nunca demostró en el gobierno anterior. Pero a nadie se le puede pedir lo imposible.
Precisamente porque la izquierda demostró mala fe cuando era oposición, la derecha debe ser cuidadosa en la forma en que negocia con el gobierno. Para construir confianzas y avanzar en solucionar los problemas que tiene el país, la oposición de derecha debe exigir que el gobierno dé garantía de su supuesta disposición a negociar. Para eso, la derecha no debiera sentarse a la mesa hasta que el gobierno haga concesiones reales que demuestren que escucha y responde a la voluntad popular. En pensiones, esa condición debe estar asociada a que la mayor parte del 6% adicional de imposiciones al sueldo formal vayan a la cuenta individual de cada trabajador.
Es cierto que la negociación antes del estallido social era otra. Pero todos sabemos que el país cambió y que es insensato intentar volver a lo que pasaba antes de 2019. La realidad hoy cambió. El gobierno de izquierda debe dar prueba de buena fe en su llamado a la negociación. La derecha, por su parte, debe sentarse a negociar sólo cuando le quede claro al país que la izquierda aprendió la lección y que ahora se comportará de forma leal. Si eso no ocurre, aunque duela, la mejor opción para la derecha es responder a estos poco creíbles llamados al diálogo con la sensata frase de “como pecas, pagas”. (El Líbero)
Patricio Navia
