La sede de la Cepal en Santiago, fue la elegida para realizar la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) sobre el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
El encuentro -que será en formato híbrido- se llevará a cabo entre el 20 y 22 de abril y reunirá por primera vez a autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del tratado ambiental de la región, así como también a otras naciones que están en proceso de serlo.
La ceremonia inaugural fue encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien firmó el 18 de marzo el proyecto de ley que buscaba sumar a Chile al acuerdo ambiental. Un acto que se dio un año y medio después de que el pacto fuera ratificado y suscrito por diferentes países de América Latina y el Caribe, pero que Chile -a pesar de ser uno de los impulsores- se restara por mandato de la administración anterior.
En su discurso inaugural, el Mandatario apuntó a la necesidad de trabajar en conjunto con los países de la región para enfrentar la crisis climática.
“Tenemos una responsabilidad de la que debemos hacernos cargo, y una responsabilidad que no es posible abordar solo entre los marcos de los Estado nación, y eso creo que es muy importante. Y es muy importante que volvamos, a propósito de la pandemia, a entender un principio muy básico en el cual nos debemos mover en el mundo hoy: o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, y yo creo que el acuerdo de Escazú apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos”, expresó durante el discurso inaugural.
También, manifestó su interés de por posicionar al país en América Latina. “Chile es un país profundamente latinoamericano, y estamos orgullosos de ello”, señaló, y agregó que “con nuestros hermanos latinoamericanos vamos a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis climática provocada por acción del hombre, con criterios también de justicia climática”.
“Sabemos que no hay justicia ambiental y ningún proceso que nos lleve hacia ella, sin que se proteja a las y los defensores medioambientales que viven en carne propia cómo la devastación de los sistemas afecta negativamente los sistemas de vida en comunidades enteras”, agregó.
En ese marco, el Presidente expresó: “Quiero recordar hoy, desde este lugar privilegiado, a quienes no están. A Macarena Valdés de Chile; a Breiner David Cucuñame de Colombia, que tenía solo 14 años; a Estela Casanto de Perú; a Berta Cáceres de Honduras, quien decía lúdicamente ‘vos tienes la bala y yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra pide al replicarse’, y eso estamos haciendo hoy”.
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Si bien Boric firmó el proyecto de ley que busca sumar a Chile al Acuerdo de Escazú, son los parlamentarios quienes decidirán si ratificar o no el acuerdo, el cual se encuentra con “suma urgencia” en el Parlamento.
En esa línea, el Mandatario apuntó a que “confío en el Congreso” para “atender esta urgencia”. “Así me lo ha manifestado el presidente de Senado (Álvaro Elizalde) y el presidente de la Cámara de Diputados (Raúl Soto)”, aseveró, agregando que “hemos dejado pasar demasiado tiempo”.
El Presidente, además, concedió espacio durante su discurso para destacar el “trabajo” y “esfuerzo” del equipo negociador liderado por las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas. “Tienen todo el respaldo político por parte del gobierno para que el desafío medioambiental sea una prioridad”, complementó.
Así también, expresó que si bien “hoy Chile participa de esta conferencia como observador y anfitrión, espero que pronto nos convirtamos en un Estado parte”.
El encuentro convocado para estos días en la sede de la Cepal, tendrá como motivo revisar el estado de avance en la implementación del acuerdo y avanzar en su operativización, en conjunto con los países asistentes.
El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” -conocido como Acuerdo de Escazú-, es un tratado que fue promovido en sus inicios por Chile y Costa Rica.
Su objetivo es proteger diversos derechos básicos, como el acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano).
La firma de este acuerdo fue en septiembre de 2018 y se dio un plazo de dos años para que los países de la región lo suscribieran y ratificaran, lo que se cumplió el 26 de septiembre de 2020.
Aquel día, Chile fue uno de los países que no firmó, pero otras 24 naciones sí lo hicieron. Antigua y Barbuda; Argentina; Belice; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Dominica; Ecuador; Granada; Guatemala; Guyana; Haití; Jamaica; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Republica Dominicana; San Vicente y Las Granadinas; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; y Uruguay, fueron los que adoptaron el acuerdo.
Sin embargo, solo 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor. Los Estados miembros son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. (La Tercera)
