La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que le permite a los afiliados retirar hasta al 10 por ciento de los fondos acumulados en las AFP, como una manera de ayudarle a la clase media a paliar los efectos de la pandemia Covid-19. Para no afectar los niveles de las pensiones, los fondos así retirados se reintegrarían -según lineamientos incompletamente definidos en el proyecto- en base a aportes adicionales de los empleadores y del gobierno.
En principio, el proyecto descrito estaría desplazando a otro presentado por el Ejecutivo que, en lo esencial, consiste en 1) el otorgamiento por parte del gobierno de créditos blandos que se han de servir en función de los ingresos de los beneficiados y, 2) en la postergación del pago de dividendos hipotecarios.
La votación antes aludida se explica por varias razones, entre las que quisiera destacar tres. Por un lado, un desorden en la coalición gobernante, que es de esperar se supere antes de las siguientes instancias legislativas. Por otro lado, la existencia de este enorme fondo de pensiones que, tal como una golosina, invita a ser gastado, sobre todo en momentos de escasez de recursos públicos. Y finalmente el desprestigio -a mi entender, en buena medida injustificado- de las AFP, hábilmente generado por ciertos grupos políticos de izquierda radical. Pero sin la menor duda, la tarea de los últimos se facilitó mucho porque no se hicieron a tiempo los ajustes requeridos para permitirle al sistema generar pensiones adecuadas.
Pues bien, el proyecto del Legislativo pretende resolver el problema que el Covid-19 le causa a la clase media, pero lo hace en forma ineficiente e injusta. No llega sino a una parte de la clase media, que es aquella que ha cotizado. Además, propone financiar en parte los reintegros con un impuesto al trabajo, que distorsiona la asignación de recursos. Y en materia de justicia, si bien en lo formal este impuesto al trabajo lo integrarían los empleadores, éste incidirá en menores salarios, sin que la rentabilidad de las empresas se vea mayormente afectada. Y la propuesta es regresiva, porque el subsidio implícito del Estado beneficiaría en mayor medida -con un límite- a los que han hecho aportes más grandes en las AFP.
Los fondos de pensión pertenecen a los afiliados y tienen un fin mandatado. En eso no se puede perder la brújula. Al utilizarlos con otros objetivos -cuando hay alternativas mejores como sucede en este caso- se abre una puerta que después no se puede cerrar. El ejemplo de Perú es clarísimo al respecto. Pero tampoco hay que olvidar que el sistema de pensiones en Chile no está cumpliendo adecuadamente su función y urge reformarlo. Mientras eso no suceda, no es de extrañar que surjan proyectos que pretendan usar los fondos de pensiones para otros fines. (La Tercera)
Rolf Lüders
