«El desprendimiento de una pala de una de las hélices del avión, la que impacta en su fuselaje, desencadenando una serie de episodios inmediatos catastróficos que la dejaron sin comunicación y con el resultado de la trágica y súbita muerte de sus 38 ocupantes». Esa es una de las principales conclusiones que arrojan peritajes aeronáuticos, según querellantes en la investigación del caso Hércules C130, que cayó el 9 de diciembre de 2019 en el mar de Drake, cuando iba rumbo a la Antártica de Chile.
Así se describe en la ampliación de la acción penal presentada por los abogados Maximiliano Delgado y Cristián Arias, quienes representan a los familiares de 29 víctimas en la indagatoria de la Fiscalía Regional de Magallanes.
Los querellantes buscan que los investigadores determinen las eventuales responsabilidades estatales, en la FACh, que permitieron el uso de la aeronave fabricada en 1978 y heredada de la Fuerza Aérea norteamericana, la que, consideran, no tenía las condiciones necesarias para su utilización.
«La información, documentación recopilada y diligencias realizadas en la investigación, nos permitió elaborar un informe pericial firmado por el ingeniero aeronáutico don Osvaldo Fajardo, quien describe los procesos erróneos, negligentes y falencias técnicas en la mantención, operación y resoluciones de la autoridad militar (FACh) que permitieron tener aeronavegable (en vuelo) una aeronave que no estaba apta para estar en servicio, generando con ello una situación de alto riesgo para su personal militar y personas civiles que fueron usuarios de este avión estatal», consigna la ampliación de querella.
CAUSA PROBABLE Y OMISIONES DE JEFATURAS
Basándose en el mismo estudio, los querellantes sustentan su tesis del origen del accidente, pero además advierten que «el propio Ministerio Público, en su mandato de objetividad, encargó otra pericia a un equipo de expertos en la materia, antecedentes de los que tomamos conocimiento en virtud de la investigación, al igual que el resto de los intervinientes, trabajo que fue encabezado por el ingeniero aeronáutico don Luis Adolfo Gómez, cuyo informe fue incorporado a la carpeta investigativa».
«Dicho informe del perito del Ministerio Público —agrega la acción penal—, arriba a la misma causa (del accidente) que el informe pericial de esta parte querellante, estableciendo una cadena de omisiones y actuaciones negligentes de parte de estamentos y funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que, revestidas de la mayor gravedad, son las generadoras de la tragedia».
IMPUTADOS Y NUEVOS QUERELLADOS
También recuerdan los abogados que representan a los familiares de las víctimas que, en 2023, fueron formalizados como autores del delito de homicidio imprudente de las 38 víctimas, los imputados Julio Andrés Ojeda Puig, Marcelo Alejandro Mella Bertetti, Allan Ignacio Asenjo Contreras y Eduardo Marcelo Mosqueira Cruz, aunque, estiman, «existen otros responsables directos que concurren como autores del mismo delito (culposo), en carácter de consumado y con resultado múltiple».
En ese sentido, plantean que «concurren al resultado la intervención de las jefaturas superiores, en sus respectivas áreas de desempeño, que debiendo haber dispuesto las adecuadas acciones para la mantención de la aeronave, no las dispusieron».
Y amplían su querella contra los generales (r) Roberto Avendaño y Joaquín Urzúa, así como contra el actual alto mando Fernando Mondaca, quien, según la querella, tenía al momento de los hechos «calidad de jefe de la Subdivisión de Sistemas de Armas Aéreos, dependiente de la DIASA (División de Ingeniería y Apoyo Sistema de Armas) del Comando Logístico, en servicio activo, a la época Coronel de Aviación (I)».
La misma presentación explica que con esta acción se busca “precisar cuatro nuevos autores del delito, que ya ha sido materia de querella por delito imprudente de homicidio con resultado múltiple”, reseña el texto de la misma. (Emol)
