Con 105 votos a favor, 24 en contra y 19 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte público.
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, valoró este nuevo paso, agradeciendo el trabajo parlamentario y destacando que el proyecto de ley tiene por objetivo establecer un marco regulatorio que se hace cargo de una realidad, beneficiando a los usuarios, potenciando la competencia y la convivencia vial.
“Gracias al aporte de la Cámara de Diputados seguimos avanzando en el proyecto de Ley que regula las plataforma o aplicaciones que ofrecen transporte púbico. Como gobierno entendemos que las tecnologías están cambiando la forma de transportarse y que es necesario establecer un marco regulatorio prudente que se hace cargo de esta nueva realidad, poniendo en el centro de debate la calidad de servicio para los ciudadanos que lo usan cotidianamente”, destacó.
La autoridad explicó que la propuesta establece exigencias a las aplicaciones para generar condiciones de igualdad y una competencia justa. A modo de ejemplo, deberán definirse como empresas de transporte remunerado de personas, estar constituidas en Chile e inscritas en un registro público que contendrá la información de conductores y vehículos adscritos por región.
Además, deberán contratar seguros de responsabilidad civil y de vida para conductores y pasajeros, y por obligación a los conductores se les exigirá licencia profesional para el transporte de pasajeros A-1, A-2 o A-3.
Las sanciones se aplicarán a las empresas de aplicaciones y a los conductores y se clasificarán como graves y leves. Las multas a las empresas pueden fluctuar entre $145 mil y $4 millones 800, y entre $967 mil y $9 millones 670 en caso de reincidencia.
En cambio, para los conductores oscilarán entre los $48 mil y $483 mil.
La Subsecretaría de Transportes podrá revocar la autorización por acumulación de infracciones, suspendiendo la licencia por seis meses al conductor no inscrito o no adscrito a una empresa autorizada.
Además se podrá sancionar al pasajero que acepte la prestación irregular de servicios o entorpezca la fiscalización. Estas sanciones fluctuaran entre $48 mil y $241 mil. (SoyChile)
