En una nueva sesión de la Cámara, los diputados aprobaron este martes un proyecto de resolución para solicitar al Presidente Gabriel Boric revocar el decreto que creó la Comisión contra la Desinformación, la que fue convocada por el gobierno y que ha generado duras críticas, principalmente desde la oposición.
La iniciativa, que fue presentada por diez parlamentarios de la bancada UDI, fue aprobada por 71 votos a favor, 48 en contra y 12 abstenciones.
En dicho proyecto de resolución -los que tienen por objeto de obtener un pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general, tanto nacional como internacional, que exprese su preocupación por ellos-, la Cámara expresa su “extrema preocupación con respecto a la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación”.
En concreto, a través de ella los diputados solicitan al Mandatario revocar el decreto Nº 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación -que creó la comisión asesora- para ingresar un “proyecto de ley de fortalecimiento y fomento de las organizaciones de verificación de hechos y de la prensa libre e independiente”.
Esta iniciativa en contra de la comisión asesora se suma al proyecto de acuerdo aprobado el pasado 19 de julio por el Senado, que autoriza a la Corporación solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Comisión contra la Desinformación creada por el gobierno.
En ese proyecto, presentado por senadores de Chile Vamos, Republicanos y Demócratas, se buscaba hacer presente al Mandatario “la opinión” de la Cámara Alta respecto a que el decreto del Ministerio de Ciencia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
Y, además, acuerda “autorizar a esta Corporación a comparecer ante el Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejerciendo todos los derechos que la Constitución y la ley le franquean y alegando los vicios de constitucionalidad que correspondan”.
A pesar de las críticas y proyectos en contra de la comisión en ambas cámaras, el gobierno ha defendido su creación.
El Ejecutivo ha dicho que la comisión, integrada por nueve expertos, no va a proponer proyectos de ley, ni realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales y no definirá temas de la coyuntura.
Y han asegurado que el objeto de la comisión es “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”. (La Tercera)
