“Se rechazó el corazón del proyecto, sólo quedó el esqueleto”. De esta forma el diputado Daniel Núñez (PC) reconoció la derrota sufrida por su proyecto que abría la puerta para que el Estado pudiese expropiar la explotación del litio.
Este miércoles la sala de la Cámara de Diputados discutió en particular el proyecto que contenía sólo dos artículos, con votaciones divididas. El primero que declaraba al litio como de “interés nacional” obtuvo una mayoría de 67 votos a favor y 57 en contra.
Pero la segunda parte, que señalaba que todas las operaciones emanadas de la explotación del litio caerían bajo la normativa del artículo 19 N° 24 inciso tercero de la Constitución Política de la República, fue rechazada por 73 votos versus 51 a favor. En este artículo específico de la Carta Fundamental se establece el régimen de expropiación, en que destaca el inciso tercero que incorpora la causal de interés nacional.
El debate en la sala estuvo recargado de acusaciones referidas por un lado a los contratos que tiene el Estado con la empresa SQM y su rol de financiamiento irregular en las campañas políticas; y por otro a la inconstitucionalidad del proyecto.
Núñez al término de la sesión, acusó que el gobierno intentó por varios medios dilatorios que el proyecto no avanzara.
También recordó que Bolivia, en alianza con una empresa alemana en muy pocos años ha logrado establecer dos plantas de litio, una que refina y otra acumuladora de baterías, hasta realizar un prototipo de auto eléctrico lo que en Chile no ha ocurrido.
En la otra vereda el ministro de minería, Baldo Prokurica, valoró la decisión de la Cámara, explicando que tal como estaba redactado el proyecto, el Estado habría tenido que expropiar a la empresa estatal Codelco que desarrolla un proyecto en el salar de Maricunga. “Los gobiernos anteriores no hicieron un sondaje para expropiar litio. Por primera vez en este gobierno se está subiendo a la cadena de valor, pero subirse a esta idea con un proyecto que expropia no tiene ningún sentido”, recalcó.
TRAMITACIÓN
Más de 3 años permaneció o en comisiones este proyecto, que fue presentado por la bancada comunista de 2016 a propósito de los problemas que se suscitaron entre el gobierno de Chile y SQM por los contratos impagos.
Durante este año se solicitó a la Comisión de Constitución que se refiriera a la constitucionalidad del proyecto, debate en el cual participaron los abogados especialistas Jorge Correa, Arturo Fermandois y Jaime Bassa.
De acuerdo al informe de la comisión entregado por la diputada Paulina Núñez (RN), la redacción del artículo primero, según Correa Sutil “es una disposición meramente declarativa y que no habilita al Estado a tomar ninguna decisión que no pudiera tomar sin esta declaración, no se le atribuye nada nuevo, es una declaración que parece vacía de contenido jurídico, a la que solo se puede entender desde lo político”.
Por el contrario, el segundo artículo sí adolecía de vicios de inconstitucionalidad, ya que no determinaba en qué consistía el interés nacional, ni el ente expropiatorio, ni la indemnización y se trataría por ello de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Además, recordó que Fermandois manifestó que una ley que autorice una expropiación debería ser completa, porque si es parcial (como el proyecto) dejaba al expropiado en total indefensión.
También se constató que el gobierno puntualizó que una acción de esa naturaleza tendría un costo estatal de US$20 mil millones. (Pulso)
