Un duro revés sufrió este miércoles el gobierno en el Congreso. Esto porque la Cámara de Diputados rechazó el veto ingresado por la administración de Gabriel Boric, con una serie de modificaciones al proyecto de Infraestructura Crítica, que había sido despachado la semana pasada.
Los cambios impulsados por el Ejecutivo no fueron respaldados por los legisladores de la Cámara Baja, quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. Los desmarques provinieron por parte de legisladores de la derecha (Chile Vamos y Republicanos), así como también del propio oficialismo.
Entre quienes votaron en contra en la izquierda están: Pamela Jiles (PH), Emilia Nuyado (PS), Éricka Ñanco (RD), Lorena Pizarro (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Mónica Arce (CEV), Ana Gazmuri (PC), Felix González (CEV). En la vereda contraria, toda la bancada de la Democracia Cristiana votó a favor.
Este rechazo en la Cámara significa que ya el gobierno no podrá contar con esta reforma y deberá, si es que desea mantener el resguardo de las rutas, seguir con los Estados de Excepción.
De esta manera se acertó un duro golpe al comité político del frenteamplista, liderados por la ministra del Interior Izkia Siches y los titulares de la Segpres y Defensa, Giorgio Jackson y Maya Fernández, quienes acudieron al Congreso a defender el veto.
La tramitación de este veto –el primero durante la administración de Gabriel Boric– no fue simple. Ayer, durante la Comisión de Constitución del Senado el gobierno debió reingresar el escrito luego de una serie de reparos planteados por los integrantes de la instancia. Una vez oficializadas las modificaciones, la sala de la Cámara Alta dio el visto bueno a la petición del Presidente.
Es así como llegó a la Cámara, donde los diputados también plantearon sus aprehensiones al veto sustitutivo. En el marco de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, la ministra del Interior, Izkia Siches transparentó que el objetivo del veto era evitar la judicialización de episodios que involucraran a las FF.AA.
“Quiero ser bien explícita, porque entiendo la preocupación que existe, pero también nos hemos puesto en el punto real de la utilización del instrumento y ha sido algo que se nos ha levantado por parte de los jurídicos de los distintos ministerios y también de las FF.AA., porque si no, es una fragilidad del proyecto (…) la judicialización posterior a eventos, donde estén involucradas las FF.AA., plantea una exposición por parte de quienes estamos a cargo de su implementación como gobierno, lo que no podía ser”, explicó en la instancia.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo también había defendido en la previa el veto: “Las opiniones técnicas señalan que es necesario este veto porque sino podría constituir en letra muerta, entonces más allá de que nosotros tenemos que hacer una evaluación si es una herramienta que podemos ocupar (..) lo importante es que sea aplicable”.
A esto se suma que la iniciativa original, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2019 estuvo cerca de tres años “durmiendo” en el Congreso. Esto hasta que la administración del frenteamplista buscó ocupar un proyecto de los senadores de Chile Vamos, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, y que se encontraba en una Comisión Mixta, con el fin de operativizar un proyecto de “Estado Intermedio”, el cual finalmente fue desechado por el Ejecutivo.
Pese a esto, los integrantes de la Mixta decidieron seguir con la tramitación de la iniciativa, la que finalmente fue despachada del Congreso, pero con algunos reparos, los cuales llevaron al gobierno a presentar un veto con el fin de solucionar ciertas discrepancias respecto a las Reglas del Uso de la Fuerza de las Fuerzas Armadas.
De hecho, en la antesala de la discusión, la ministra Siches había afirmado que de aprobarse el veto analizarían ocupar esta herramienta en desmedro del Estado de Excepción que actualmente rige en la Macrozona Sur.
La presentación del veto generó un amplio debate al interior del hemiciclo de la Cámara, donde los legisladores dieron sus razones para no respaldar la propuesta del gobierno.
El jefe de bancada del PS, Marcos Ilabaca, sostuvo que “quiero establecer la materia que estamos discutiendo, porque pareciera que algunos parlamentarios no saben que hoy estamos discutiendo un veto que en este caso es sustitutivo. (…) Le estamos dando operacionalidad a un proyecto de ley que necesitamos con urgencia tener para poder proteger efectivamente la infraestructura crítica que no dice relación tan solo con lo que ocurre hoy con La Araucanía, es lo que sucede en el norte, es lo que sucede en Santiago, lo que sucede en el sur”.
“Es una norma de carácter nacional que nos va a servir y nos va a ayudar, y qué bien que el gobierno hoy tenga una herramienta más para llevar adelante el control del orden público y la seguridad. (…) Y hoy vamos a definir quiénes van a estar por apoyar para que haya paz a los chilenos y quiénes no por sacar un pequeño revanchismo político de unos pocos”, complementó.
El RN, Miguel Mellado, en tanto, aseguró que “tenemos un veto que mejora el proyecto ya aprobado. El punto es más político que jurídico, y ¿por qué el punto es político? Porque si el gobierno va a sacar el estado de excepción constitucional -para hacerlo gráfico a la gente, donde los militares pueden distribuirse por donde quieren en los caminos que quieran sin un punto fijo- y lo van a reemplazar por la infraestructura crítica, donde van a estar resguardando ciertos lugares específicos y acotados, van a cometer un error en La Araucanía. (…) Si estamos hablando del Estado de Excepción, ministra, yo le pido desde el punto de vista político que no sea uno en reemplazo del otro”.
La UDI, Flor Weisse, en cambio, planteó que “este proyecto de Infraestructura Crítica no es suficiente ni claro en su aplicación. Y si bien ayuda, con ello se sigue estando en deuda con gran parte de los chilenos que vivimos la amenaza constante del miedo que implica la violencia y el terrorismo, particularmente en la zona sur y en el distrito que represento, provincia de Arauco y Biobío. Esto viene a reemplazar el Estado de Excepción acotado con letra chica que no es el que queremos ni necesitamos. Necesitamos que se aplique el estado de excepción en toda su capacidad”.
“Si tuviera la certeza que este proyecto de Infraestructura Crítica y el Estado de Excepción van a poder complementarse y seguirán conviviendo entre ambos, porque estoy de acuerdo que deben aplicarse todas las herramientas que tiene el Estado para protegernos, estaría más tranquila, pero las señales que veo no son en ese sentido. No concurriré a facilitar el reemplazo de medidas que sigue siendo a medias”, agregó.
Finalmente, la diputada DC Joanna Pérez, declaró que “mientras más instrumentos tenga el gobierno y el Estado es positivo, y por eso yo valoro que el gobierno haya entendido, y el ministro Jackson también, que se había equivocado cuando decía que no debíamos legislar en este proyecto. Entendemos que tenemos un estado de excepción acotado y tenemos este proyecto que, sin duda, va a tener que realizarse mejoras probablemente en el reglamento y en materia del uso de las fuerzas también, porque tenemos que darle el respaldo a quienes enviamos”.
“Porque es fácil firmar un decreto, el problema es hacerlo en una zona compleja con problemas históricos, con temas que tiene toda una lógica por años no resulta y donde efectivamente se necesita diálogo político. Pero, por todo lado, donde tenemos problemas de inseguridad tremenda. (…) Consideramos que si el gobierno se hubiese sumado a tiempo no estaría hoy en un veto”, concluyó. (La Tercera)
