Mal indicio dedicar una columna política al uso de la fuerza pública, pero el actuar de Carabineros en el enlutado 21 de mayo, ciertas explicaciones de la Presidenta, declaraciones públicas de su general director, críticas a su actuar, insertos en su defensa y el escenario más probable de protestas y tomas justifica detenerse en esta controversia.
En una democracia política vigorosa las formas debieran encausar toda diferencia a una sustanciosa deliberación pública, que terminara radicándose en el Congreso, para que allí, en una última deliberación regulada, participativa y transparente, las diferencias que resten se zanjen por regla de mayoría. Esas son las formas que la cultura civilizada infiere luego de reconocernos los unos a los otros como personas igualmente dignas e inteligentes. Ciertamente eso no excluye las manifestaciones públicas. La intensidad, el dolor o la rabia también pesan en lo público, y para convencer o hacerse oír, las demandas de los menos poderosos necesitan llamar la atención pública y parlamentaria.
En Chile, el Congreso Nacional está severamente debilitado. Los estudiantes acaban de anunciar que «no van a permitir que la reforma [educacional] se cocine en el Senado»; lo que no causa ni escándalo ni sorpresa, pues ya nos hemos acostumbrado a las voces que descalifican la única institución en la que podemos contar las cabezas en vez de apalearlas.
Descalificado el Congreso, se debilitan las formas de la deliberación política civilizada. La ministra de Educación se quedó corta al decir que era más difícil dialogar en la calle. En ella puede haber demostraciones de masividad o de intensidad que precedan al diálogo, pero en la calle no hay diálogo posible. Entonces no es raro que la atención y el debate político se centren en el actuar de Carabineros. No es raro, pero es otra señal de deterioro institucional, tal vez la más seria que debiera orientar el proceso constituyente.
Carabineros cuenta con el monopolio de la fuerza legítima para resguardar el orden público. Es una de las instituciones más prestigiadas de Chile y debe seguirlo siendo. Eso no lo hace inmune a la crítica pública. La televisión nos mostró imágenes del 21 de mayo en las cuales encapuchados rompían largamente rejas y saqueaban locales comerciales. La población se pregunta legítimamente cómo es que los camarógrafos estaban allí y no los carabineros. Su general director, mediante una declaración pública, lo que ya es impropio para una fuerza no deliberante, lejos de explicar, exigió dejar de poner en tela de juicio a los carabineros que «ponen siempre el pecho a las piedras, las balas y los fierros». El mando del general no le permite entrar, ni es conveniente que entre en la deliberación política, como siguió haciendo en su declaración, al acusar a las familias por no ejercer la autoridad paterna, ni menos le permite dirigir críticas veladas a las autoridades políticas por haber autorizado las marchas, que es como termina su declaración pública. Lo que es aún más impropio, al día siguiente, haciéndose eco de las palabras de la Presidenta, reconoció que sus tropas podían padecer un «condicionamiento» tras lo sucedido con el estudiante Rodrigo Avilés el año pasado, para luego agregar que «las denuncias infundadas» de ciertas organizaciones «limitaban el accionar de Carabineros» y coartaban su accionar. Si las palabras de la Presidenta parecen un error político, en boca de un general son del todo impropias, pues su deber es el mando y no justificar tibieza en el actuar de sus subordinados.
Carabineros está para poner el pecho a las piedras, las balas, los fierros y las críticas. Eso lo dota del prestigio que tiene. Deberá informar cuando las autoridades civiles competentes se lo pidan. No está para explicarnos las causas sociológicas de la violencia, para criticar a las autoridades que autorizan marchas, ni para publicitar los eventuales condicionamientos anímicos que ocasionalmente puedan reinar en sus filas. Son los costos de monopolizar la fuerza.
