La tarde de ayer, personal del OS7 de Carabineros concurrió hasta las oficinas de la Contraloría General de la República en calle Teatinos con una orden, emanada del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, para acceder al sumario administrativo interno de la entidad, que instruyó el contralor Jorge Bermúdez en abril de 2017, sobre la actuación de funcionarios de la organización frente al mega fraude de Carabineros, que bordea los $30 mil millones.
La diligencia incluía, además, requisar los decretos de nombramiento de los fiscalizadores de Contraloría que en el periodo investigado formaron parte del equipo a cargo de auditar las cuentas de Carabineros. La orden de Campos se da un día después de que la exsubcontralora, Dorothy Pérez, declarara en calidad de testigo por cerca de 14 horas sobre el rol que desempeñó entre 2010 y 2014 como subjefa de la División de Auditoría administrativa, periodo que comprende la extracción irregular de recursos desde distintas cuentas de la institución uniformada.
La función de las unidades de auditoría incorpora la revisión de ingresos y egresos y la información oficial que se manejaba es que no saltó, en su momento, alarma alguna. Sin embargo, sobre este punto hay dos antecedentes nuevos que están en poder del Ministerio Público. Uno de ellos es que Pérez, a diferencia de lo que habría dicho ante Bermúdez acerca de que se abstuvo en esta área por estar casada con un exuniformado, sí habría firmado análisis contables respecto de Carabineros. El otro es más complejo, ya que se ha determinado que iniciaron hace unos años al menos dos procesos sumariales por rendiciones que Contraloría consideró anómalas, pero tales procesos fueron interrumpidos sin que se conozca la razón.
Hace un año, frente a los primeros antecedentes del caso, Bermúdez había destituido a Juan Munieres Villegas, quien ocupó el cargo de auditor de las Fuerzas Armadas y Carabineros; y al exfiscalizador Carlos Moreno Valenzuela. Ambos habían sido mencionados por exuniformados y se indaga si se facilitó a través de estos u otros personeros que, de algún modo, la llamada “Mafia de la Intendencia” de Carabineros pudiera operar sin ser descubierta.
CDE TENDRÁ QUE DEFENDER A BERMÚDEZ
Mientras avanza la investigación de Campos, el proceso judicial que enfrenta a Pérez con Bermúdez, por la decisión de la primera de no acceder a presentar su renuncia, sigue en curso. El pasado lunes la defensa de Pérez, encabezada por el abogado Ciro Colombara, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que fue declarado admisible, en que se pide un pronunciamiento respecto de la amovilidad del cargo de subcontralora y, en paralelo, se requiere que se dé orden de no innovar, para dejar sin efecto la decisión de Bermúdez de removerla.
Sobre este asunto, Bermúdez presentó escrito en que requiere que la orden de no innovar sea revisada y rechazada. En sus descargos, Bermúdez señala que la salida de Pérez no ha implicado un problema para la Contraloría y que “no existe afectación de la continuidad del servicio”, ya que su reemplazante, María Soledad Frindt, “asumió el cargo en plenitud”.
Bermúdez, además, debe preparar su defensa para enfrentar a Pérez y para ello debe hacer llegar al Consejo de Defensa del Estado, entidad que, dado que su cargo es público y representa los intereses del fisco, debería asumir su representación. Tal trámite, señalan cercanos al Contralor, debería concretarse en los próximos días. (La Tercera)