Refiriéndose al problema carcelario en su visita al norte del país, el Presidente Gabriel Boric destacó que una persona que comete delito es “un ser humano que merece una oportunidad”. Aclaró de inmediato que lo anterior no excluía, por cierto, la protección a las víctimas.
El país enfrenta una profunda crisis de inseguridad y existe clamor por medidas que mitiguen sus consecuencias sociales y sicológicas. Las encuestas le otorgan la principal preocupación nacional, y la ciudadanía con razón se manifiesta indignada por la muerte de 38 niños en 2023 por culpa de la violencia que se ha instalado a manos de bandas asociadas al narcotráfico.
¿Qué hacer con una persona que delinque? La respuesta fácil y ampliamente difundida es, incluso sin distinguir narcotráfico de otros delitos, castigarla e invisibilizarla en una cárcel. Sin embargo, es fundamental relevar que la cárcel no es una solución, especialmente en el caso de delitos menores y muy especialmente en el caso de mujeres. En editorial de este domingo, “El Mercurio”, acertadamente, hace recaer responsabilidades por “una situación insostenible”, en “el legislador, en la fiscalía, en los abogados defensores y en los jueces” por el alto grado de encarcelamiento existente en el país.
Un análisis más fino del problema requiere introducir también la variable de género, de amplia repercusión social. En el caso femenino, el encarcelamiento bate el récord de ser la tasa más alta cada cien mil habitantes de los 34 países de la OCDE.
¿Quién es ese “ser humano”, mujer, delincuente, que representa el 8% de la población encarcelada? Se trata de mujeres de sectores vulnerables, en muchos casos abusadas, madres —un 30%—, sin educación media completa —un 25%—, condenadas o en prisión preventiva por delitos asociados a la droga —un 60% de ellas— contra solo un 24% de la población masculina por el mismo delito. Es evidente que estos factores exponen un perfil muy diferente para una mujer que comete delito, el cual tiene un impacto social de graves proporciones. El compromiso femenino, en la mayoría de los casos con el microtráfico, tiene componentes de género relevantes. Se trata generalmente de jefas de hogar, con un promedio de 3 hijos, víctimas de violencia intrafamiliar, que recurre al microtráfico como un ingreso sin abandonar su hogar.
La cárcel es una doble condena porque le impide cumplir su rol de cuidadora de los hijos. Además, la empobrece —a ella y su familia— fomentando el círculo vicioso de la delincuencia, y dificultando su inserción social y familiar cuando recupera la libertad, habiendo experimentado contagio criminógeno, culpabilidad personal y social, y abandono de su círculo de apoyo.
Actualmente existen alrededor de 4 mil mujeres en los recintos penitenciarios, más aproximadamente 2 mil en prisión preventiva, estas sin ningún tipo de intervención. La cifra no parece excesiva pero fácilmente afecta a 18 mil niños y adolescentes. ¿Nos extraña entonces el alto índice de jóvenes delincuentes?
Existen soluciones difíciles pero comprobables. Hay ejemplos exitosos. La Corporación Abriendo Puertas, a través de diversos programas, interviene al 50% de las mujeres que cumplen condena en el Centro Penitenciario Femenino, en talleres de desarrollo personal y apresto laboral. La capacitación no es suficiente sin intervención pospenitenciaria. La experiencia de la misma Corporación en 2023 es que, con adecuado acompañamiento, gestión de redes y oportunidades laborales, al menos 60 mujeres lograron volver a sus familias y tener la oportunidad que el Presidente Boric considera necesaria.
Sin embargo, el Estado ha sido el gran ausente. Los altos índices de reincidencia femenina responden a su vulnerabilidad, a la ausencia de penas sustitutivas por razones de género, a políticas sociales deficientes —falta de guarderías por ejemplo— y a la falta de políticas públicas adecuadas de reinserción. Es imperativo entender que delito, cárcel y reinserción de mujeres es una ecuación que no es posible enfrentar aisladamente, menos aún si quienes asumen esta tarea como compromiso social no obtienen de parte del Estado el apoyo necesario. Es un desafío actual y urgente si realmente se cree que las personas merecen otra oportunidad. (El Mercurio)
Ana María Stuven
Profesora titular PUC y UDP
