El debate por la revocación de las pensiones de gracia a víctimas del estallido social con antecedentes penales se agudizó luego de que se diera a conocer el informe de Contraloría.
El órgano encargado de examinar la legalidad de los gastos públicos envió un informe a la Cámara de Diputados constatando que 58 beneficiarios cuentan con antecedentes penales como homicidio, gestión de pornografía infantil, homicidio, robos, entre otros (cifra que después el Gobierno elevó).
Asimismo, se dio cuenta de que una decena de beneficiarios no habrían cumplido los requisitos para acceder a ella, lo que no fue debidamente revisado por el Instituto de Derechos Humanos y la Subsecretaría del Interior.
Si bien el Gobierno ya dijo que revisaría los casos en cuestión para avanzar con las revocaciones de ser necesario, parlamentarios del Partido Comunista pusieron sobre la mesa la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impedir que esto ocurra.
En conversación con Radio Infinita, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona dijo que «yo creo que hay interés de parte de un sector de la política, y particularmente de la derecha, de tratar de borrar todo lo que huela a lo que ellos llaman el octubrismo. El octubrismo lo reducen».
En esa línea dijo que «hubo una multitud de mujeres que levantaron con fama mundial, que se llamaron Las Tesis, eso nunca existió. La sinfónica tocando al frente del teatro de la Universidad de Chile, nunca existió. Nunca existieron las manifestaciones de teatro en la Plaza Ñuñoa. No quieren ver que hubo una explosión social».
«Hay un proselitismo, tratar de sacar provecho y de tratar de arrinconar al Gobierno, diciendo que el Gobierno es responsable de algo que el Gobierno se encontró con ello», agregó el timonel del PC.
PENSIONES DE GRACIA
A juicio de Carmona «como Estado no podemos empezar a improvisar las reglas de juego cuando se instalan estos debates públicos».
Sobre la eventual revocación de las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, el presidente de PC dijo que «el debate al que algunos quieren llegar, es que algunas personas no tengan acceso a los derechos humanos dada su condición de delincuente«.
«Yo no tengo la exceptiva de que el Gobierno va a soslayar el derecho irrestricto de los derechos humanos, eso no significa que no se pueda revocar si es que no hubo violación a los derechos humanos (…) Si alguien alteró documentación, hizo precisiones que no corresponden, ahí hay un espacio administrativo para revocar. Pero no entendería que si hay demostraciones, desde el punto de vista sanitario, jurídico, con testigos, de que alguien perdió un ojo, por ejemplo, yo no entendería de que hubiera una revocación», añadió. (Emol Infinita)
