El Presidente Gabriel Boric declaró este viernes en La Moneda, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, como imputado en la investigación por la fallida compra de la casa de la familia de Salvador Allende de calle Guardia Vieja, Providencia.
Pocos minutos después de las 10.00 horas, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia difundió un comunicado informando que el Mandatario “realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda”.
“Esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la fiscalía”, señaló Presidencia.
La diligencia estaba fijada originalmente para este jueves, sin embargo se postergó por 24 otras y se concretó este viernes a partir de las 09.00 horas. El fiscal Cooper, que permanecía en la capital, se trasladó desde dependencias de la Fiscalía Nacional en Santiago hasta la oficina del Presidente en la sede de gobierno.
VOCERA ETCHEVERRY
La ministra de Ciencias y vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, abordó la declaración que Boric prestó a la fiscalía este viernes, por la investigación sobre la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
El Ministerio Público requirió la comparecencia del Mandatario a partir de una querella interpuesta por el abogado y querellante Raimundo Palamara (Republicano), razón por la que Boric se sometió al interrogatorio en calidad de imputado.
Al respecto, Etcheverry detalló que el Mandatario «se reunió con los fiscales Cooper y Eduardo Yáñez para prestar declaración de manera voluntaria en el proceso de investigación que se está llevando adelante por las compras de la casa del ex Presidente Salvador Allende».
«En su proceso de ejecución tuvo un transcurso que no era el esperado, donde evidentemente esto no se desarrolló de la manera en la que se esperaba, y por lo tanto, ese proceso se le puso término de manera anticipada y esto lo quiero resaltar, sin generar ninguna consecuencia patrimonial ni transferencia de propiedad ni ninguna otra», añadió.
Al margen de eso, relevó que «existe hoy día una investigación por parte de la Fiscalía en curso, un sumario administrativo que se está llevando también adelante en el Ministerio de Bienes Nacionales y el interés del gobierno ha sido desde el primer momento colaborar en todas las instancias, entregar todos los antecedentes disponibles para que se pueda dilucidar qué es lo que ocurrió y en caso de que existan responsabilidades, que esas responsabilidades se hagan valer».
Además, detalló el Presidente «por alrededor de una hora prestó declaración a los fiscales para poder entregarle también sus antecedentes y de esa manera contribuir con esta investigación que esperamos llegue a Puerto de buena manera».
En cuanto a si el Mandatario tuvo un buen actuar en el proceso de compra, la ministra destacó que «la calidad de imputado viene dada por el hecho de la presentación de una querella por un abogado particular y por el solo hecho de la presentación de la querella se genera esta calidad de imputado. La declaración que se entregó hoy día es una declaración que se da de manera voluntaria, que fue coordinada por la Fiscalía y que apunta precisamente a entregar antecedentes, todos los que la Fiscalía requiera para que puedan hacer de buena forma su trabajo».
«Esa actitud es la que va a perseverar por parte del gobierno, es lo que hemos hecho en todas las instancias, pero las diligencias específicas y las cosas que se requieran es algo que determina la Fiscalía y por supuesto les corresponde a ellos informarlo cuando lo consideren oportuno o informarlo a quienes tengan que contribuir con lo que sea necesario en el momento en que sea», agregó.
Además, indicó que «no ha sido requerido hasta ahora nada extra. La información que tenemos, no hay requerimiento. Hay una serie de procesos en curso a los que se les está dando cumplimiento por los distintos actores, han declarado distintas autoridades, funcionarios, han entregado documentos también, lo que es natural y el proceso habitual en una investigación de estas naturales».
LA INVESTIGACIÓN
En enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia para que se investigue la fallida adquisición del inmueble, acusando un presunto delito de fraude al fisco.
A fines del año pasado el gobierno informó que la propiedad de la familia Allende en Guardia Vieja y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.
El viernes 3 de enero, sin embargo, el Ejecutivo dio a conocer que determinaron que no era posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario “debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende”.
La operación respecto al inmueble se truncó al conocerse que la hoy exministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante era una de las dueñas de la propiedad junto a su tía Isabel Allende, la senadora e hija del expresidente. Ambas, por ley, estaban impedidas a firmar ese tipo de contratos con el Estado.
ADELANTO
La Tercera ya había adelantado que se coordinó con el Segundo Piso de La Moneda la colaboración del Jefe de Estado. Hay una querella en su contra por lo que la primera autoridad del país tiene calidad de imputado.
La diligencia estaba pactada a partir de las 09.00 horas y el fiscal Cooper, que permanecía en la capital, se trasladó desde dependencias de la Fiscalía Nacional en Santiago hasta la oficina del Presidente en la sede de gobierno.
En enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia para que se investigue la fallida adquisición del inmueble.
La indagatoria apunta a establecer la existencia o no de delito en el proceso de compra, debido a que se iba a firmar un contrato con dos personas que por ley tenían prohibido celebrar acuerdos de este tipo con el Estado: la senadora Isabel Allende y su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández, ambas de las filas del Partido Socialista (PS).
En su calidad de Presidente, Boric además de estar eximido de ser citado a declarar -y por eso se le ”invitó”-, puede fijar el domicilio en el que se desarrolle la diligencia. La declaración estaba fijada originalmente para este jueves, sin embargo se postergó por 24 otras y quedó fijada para este viernes en La Moneda.
“No está obligado a responder porque tiene derecho a guardar silencio”, explicó el fiscal Cooper, en entrevista con radio Duna, hace unos días, sin embargo, tal como el propio Mandatario ha manifestado, colaborará y responderá las preguntas del persecutor.
A fines del año pasado el gobierno informó que la propiedad de la familia Allende en Guardia Vieja y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.
En su momento, tanto la exministra de Defensa Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante y una de las dueñas de la propiedad, e Isabel Allende, la senadora e hija del exmandatario, se acogieron a su derecho a guardar silencio al ser citadas a declarar como imputadas por el fiscal Cooper.
Fernández, sin embargo, finalmente sí respondió las preguntas del fiscal, el martes 4 de marzo en dependencias de la Fiscalía Nacional. (La Tercera)
