El Presidente, Gabriel Boric, presentó esta mañana los esperados lineamientos de la propuesta de pacto fiscal, en la que el Gobierno ha estado trabajando para consensuar un acuerdo entre el mundo político y privado para financiar sus reformas luego del duro golpe que significó el rechazo en marzo de su reforma tributaria.
En total, son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y dos proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media, junto con una reforma de la tributación a la renta.
Con esto, el Gobierno espera recaudar US$8 mil millones, equivalente al 2,7% del PIB, lo que permitiría financiar urgencias en materias de pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social.
Así, según la minuta difundida por el Ejecutivo, casi la mitad de los recursos -algo más del 1,2% del PIB- iría para financiar un aumento de la Pensión Garantizada Universal(PGU) a $250.000 mensuales y el costo fical del aumento de 6% de cotizaciones de cargo de los empleadores. Le siguen transformaciones en materia de salud, con el 0,9% del PIB, que incluyen el fortalecimiento de la atención en consultorios y la reducción de listas de espera en hospitales.
Asimismo, un 0,3% del PIB iría para el desarrollo de un sistema de cuidados de niñas y niños, personas mayores y en situación de discapacidad.
Y cierra la lista el compromiso de completar el incremento de US$1.500 millones de inversión en seguridad ciudadana, que abarca el mejoramiento de las condiciones operacionales y eficacia de las policías y de la administración de justicia, lo que tendría un costo del 0,3% del PIB.
En específico, las medidas relacionadas con salud y protección social se financiarían con los cambios al impuesto a la renta y los dividendos de una mayor eficiencia del gasto público y el crecimiento económico.
Mientras que los recursos vinculados a pensiones y seguridad ciudadana saldrían de una fiscalización más eficiente respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
MODIFICACIONES EN IMPUESTO A LA RENTA
Por otra parte, en la minuta también se detalla que el Ministerio de Hacienda solicitará una opinión técnica independiente sobre el espacio fiscal disponible a partir de los dividendos de crecimiento y eficiencia. Lo primero, estará a cargo de un Comité de Expertos, mientras que lo segundo será realizado por el grupo de presupuestos de la OCDE.
«La diferencia entre el costo fiscal de las prioridades identificadas, y los dividendos de crecimiento y eficiencia, serán financiados por medio de una reforma tributaria, que contendrá una mejora de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una reforma de la tributación a la renta, que incorpore aumentos de impuestos y beneficios tributarios», dice el escrito.
En ese sentido el texto detalla que «este ejercicio será desarrollado con un horizonte de 10 años que considerará una gradualidad consistente entre el mayor gasto y el espacio de financiamiento».
Asimismo, sobre la reforma de la tributación de renta, se señala que abarcará tanto a empresas como personas, «en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos».
«Esta iniciativa incluirá los incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño, todos los cuales se estima que tendrán un costo fiscal de 0,5% del PIN», añade.
Por último, la minuta indica que los incrementos de impuestos necesarios para compensar esta menor recaudación y aportar al financiamiento de los gastos prioritarios, se tomará en cuenta el aporte del crecimiento y los compromisos de reforma para fortalecer la eficiencia del Estado para generar espacio fiscal, de acuerdo con las magnitudes estimadas por los procesos de consulta técnica ya citados.
«Por esta razón, la preparación de esta iniciativa se extenderá a lo largo del segundo semestre», cerró. (Emol)
